A partir del martes 1 de marzo comienza a regir la Ley de Inclusión, que regirá a todos los establecimientos que reciban fondos públicos para su funcionamiento, los que deben transformarse en recintos “sin fines de lucro”, la normativa además contempla otros aspectos que deben ser considerados por los padres antes del inicio del año escolar.

Dentro de éstos, uno de los cambios que más ha dado de qué hablar ha sido el hecho de que un estudiante no podrá ser suspendido o impedido de participar en alguna clase por su aspecto o por no tener algún elemento del uniforme, norma que además se extiende a otras razones, por lo que los establecimientos deberán buscar otras formas de sancionar a quienes no cumplan con el reglamento interno. Al respecto, la ley establece que “no podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole (…) Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar“.

Tampoco se podrá expulsar o cancelar la matrícula a alumnos con bajas calificaciones, obligando a los colegios a dar una “segunda oportunidad”. Señala la norma que se deben establecer “programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje, así como planes de apoyo a la inclusión”.

En este sentido, la norma apunta a evitar la discriminación y a que el derecho a la educación esté por sobre otros aspectos. Así lo explicó hoy el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, quien señaló que “lo que queremos es poner el derecho a la educación por delante, no queremos que un niño se quede afuera por su uniforme o porque le falta un texto adicional (…) Queremos poner un énfasis que con la Ley de Inclusión queremos eliminar la discriminación que existe en nuestro sistema escolar“.

De hecho, será la Superintendencia de Educación el organismo que estará a cargo de fiscalizar que se cumpla la ley, que además señala claramente que los establecimientos no podrán recibir dineros extra a los entregados por el Estado, así como no se podrá obligar a los padres a pagar por actividades extraprogramáticas. Señalando eso sí, que eventualmente los padres y apoderados pueden realizar “aportes de carácter voluntario”.

Entre las exigencias de ingreso, permanencia o participación de los estudiantes en toda actividad curricular o extracurricular relacionada con el proyecto educativo, no figuren cobros ni aportes económicos obligatorios, directos, indirectos o de terceros, tales como fundaciones, corporaciones o entidades culturales deportivas, o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares. Los aportes que al efecto se realicen no constituirán donaciones“, señala la ley.

En este sentido, tampoco se podrán exigir materiales ni útiles escolares específicos, y al igual que en el caso del uniforme, se aclara que no tener determinados elementos “no podrá condicionar el ingreso o permanencia de un estudiante, por lo que, en caso que éste no pueda adquirirlos, deberán ser provistos por el establecimiento”.

En tanto, la ley también establece que no se podrá seleccionar a los estudiantes, y que no se podrá exigir “rendimiento escolar pasado o potencial del postulante (…) No será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados“, y enfatiza que los procesos de admisión se harán “por medio de un sistema que garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, y que vele por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos”.

La Tercera