Hasta el próximo 28 de febrero los colombianos tendrán la posibilidad de hacer comentarios, observaciones y propuestas al proyecto de Decreto presentado por el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que busca crear una política pública para garantizar el cumplimiento de derechos de la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e intersexuales (LGBTI).

La idea es conformar una Comisión Intersectorial para integrar las estrategias adelantadas desde los Ministerios del Interior, Trabajo, Defensa, Educación, y Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Nacional de Planeación, y la Superintendencia Nacional de Salud, para sacar adelante programas que velen por el cumplimiento y respeto de los derechos de la comunidad LGTBI. Dicha comisión, señala el artículo 5 del proyecto, tendría como invitados permanentes a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, tendrá entre sus funciones establecer un protocolo integral de atención, protección, investigación y seguimiento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad y crear un sistema de recolección de información sobre vulneraciones a los derechos humanos en los que se documenten casos de violaciones físicas o psicológicas.

En cuanto a los trámites legales para el cambio de sexo, el texto señala que la Superintendencia de Notariado y Registro, los notarios, y funcionarios encargados del registro civil de las personas “darán aplicación inmediata, sin dilación alguna, no podrán aducir la necesidad de instrucciones o conceptos jurídicos adicionales a lo dispuesto en la letra del Decreto 1227 de 2015, en el cual se establece al posibilidad de cambio de sexo asignado en el registro civil de las personas previo otorgamiento de una escritura pública por parte de las personas autodefinidas en su identidad sexual”.

Finalmente, se hace un llamado al ministerio de Educación para establecer lineamientos que promuevan el respeto por la comunidad LGBTI y que sean establecidos e implementados por los manuales de convivencia de los centros educativos del país. “Deberá implementar un proceso (…) con el fin de que dentro de los manuales de convivencia se catalogue cualquier acto de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género como una conducta de violencia escolar que atenta contra la protección de los derechos fundamentales que debe ser prevenida y sancionada”. reza el artículo 18 del texto.

El proyecto es un reflejo de los hallazgos alcanzados en el estudio y la consulta nacional adelantada por el Ministerio del Interior con apoyo de integrantes de la comunidad LGBTI que permitieron identificar algunos de los obstáculos a superar para transformar los imaginarios culturales y las áreas donde se presentan carencias que impiden el pleno ejercicio de los derechos.

“Hemos publicado en nuestro sitio web el proyecto de Decreto para que los colombianos lo consulten, así como hemos abierto el correo [email protected] para que entre todos construyamos una mejor política que garantice el cumplimiento de los derechos de la comunidad LGTBI”, aseguró el Consejero para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera.

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El Espectador