Antonio Saca se convirtió ayer en el segundo expresidente de la República en ser enviado a juicio por presuntamente haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato entre 2004 y 2009. Ayer, 13 de 15 magistrados acordaron que su caso debe ser procesado por una Cámara de lo Civil por no haber justificado más de $5 millones de su patrimonio.

Los únicos dos magistrados que se abstuvieron de votar fueron Ovidio Bonilla y Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez), según trascendió.

La resolución quedará firmada hoy pues había una serie de correcciones menores que hacer al documento.

La Corte en pleno tomó la decisión horas después que el el director de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, junto al oficial de información de la CSJ, Luis Fernando Avelar, entregaron las auditorías practicadas a las cuentas y bienes tanto del expresidente Saca como de su sucesor, Mauricio Funes.

Las auditorías fueron entregadas por la Corte al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que las hizo públicas junto al Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La auditoría del expresidente Saca, que fue divulgada ayer, refleja que Probidad le detectó 13 “irregularidades” que inicialmente alcanzaban los $6 millones 574 mil 445 y que, tras haber justificado algunos señalamientos, quedó reducida a $5 millones 62 mil 371.

Probidad detectó depósitos iguales o mayores a los $2 mil en cuentas bancarias de Saca.

Sin embargo, señalaron que si bien Saca justificó que tras cesar sus funciones como presidente había liquidaciones de tres depósitos a plazos, así como traslados a su cuenta por gastos cubiertos anteriormente por la cuenta de Grupo Samix, una de sus empresas, según Probidad, no presentó ninguna documentación que respalde esas operaciones.

En otro de los hallazgos sobresale el de $1 millón 94 mil 507 dólares en concepto de depósitos realizados durante su mandato a una cuenta que él tenía en conjunto con la firma Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.

Saca justificó que “esta es la cuenta desconsolidadora de los pagos efectuados por los clientes del grupo de empresas radiales, de lo cual detalló el origen que son cobros por pautas comerciales en los medios radiales del Grupo”.

Probidad señaló en el examen de auditoría que el exmandatario presentó fotocopias simples de comprobantes de crédito fiscal, junto con la lista de los clientes, pero que al verificar la lista de cobros por pautas comerciales los valores consignados tenían diferencias.

“Se concluye que la información proporcionada en el escrito de contestación y los anexos no son confiables. Además de esto existen depósitos señalados por la Sección de Probidad de los cuales no se presentó ninguna documentación soporte que estableciera su motivación… nada puede justificar no llevar en regla los registros contables y sus estados financieros”, se establece en la auditoría.

Este es el único caso donde Probidad además señala “transgresión del ordenamiento jurídico contable”.

“Esta sección en el ejercicio de sus facultades de verificación de la información ha detectado que en las irregularidades mencionadas (…) se ha transgredido el ordenamiento jurídico contable”, dice en el documento.

Mencionan el artículo 443 del Código de Comercio, el cual establece que “todo balance general debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades, la situación financiera del negocio en la fecha a que se refiera”.

También asevera que ha transgredido el Código Tributario, las normas internacionales de información financiera y el principio contable de “Entidad contable”.

Asimismo, dos de las 13 irregularidades detectadas son referentes a fondos declarados por su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca y que no han logrado ser desvanecidas (ver nota aparte).

Probidad asevera que solicitó información a diferentes entidades, entre ellas al Ministerio de Hacienda y Viceministerio de Transporte, a quienes les pidió expresamente informes sobre las Sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Grupo Samix S.A. de C.V., referente a declaraciones de IVA y renta, así como vehículos de su propiedad.

También pidió a Migración reporte de los viajes turísticos de Saca y su familia, pero no les remitieron dicha información.

La Corte no entregó aún la auditoría practicada a los bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, por lo cual el IAIP le dio 15 días más de prórroga para entregárselas a Funde.

El Salvador

Tony Saca, el segundo expresidente a juicio por enriquecimiento ilícito

Con 13 votos, la Corte Suprema de Justicia acordó enviar a juicio de enriquecimiento ilícito al expresidente Antonio Saca, que deberá justificar en un juicio civil el origen de casi 5 millones de dólares cuestionados en un informe de la Sección de Probidad.

El martes 23 de febrero, luego de cinco sesiones de trabajo sin llegar a acuerdo, 13 de 15 magistrados de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al último presidente de Arena, el empresario radial Elías Antonio Saca, al que se le cuestionan 2.9 millones de dólares en ahorros que no reportó a Hacienda entre 2004 y 2014, de un total de 5 millones de dólares que a juicio de la Sección de Probidad tienen sospechas de enriquecimiento ilícito.

Los magistrados votaron por enviar a juicio a Saca pero aún tienen pendiente la firma de una resolución en la que detallarán qué cuentas bancarias y qué bienes del exmandatario serán congelados mientras dure el proceso en su contra.

nodal el salvador destacado segEl magistrado Ovidio Bonilla -expresidente de la Corte Suprema- y Ricardo Iglesias -que sustituyó al magistrado Óscar López Jerez- fueron los únicos en abstenerse en la votación de este martes. Bonila salió del anonimato en julio de 2012 cuando se convirtió en la apuesta del FMLN, Gana, CN y Pes para presidir la CSJ, a pesar de que su nombramiento había sido declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.

En el juicio civil, Saca también deberá explicar el origen de más de 1 millón de dólares depositados en sus cuentas, uno de los principales cuestionamientos del informe de Probidad que estudiaron los magistrados. Este informe revela que mientras fue presidente (asumió el cargo el 1 de junio de 2004, un año después de haber depositado la dirección de sus empresas de radiodifusión en parientes), Saca remesó cheques en una cuenta por 1 millón 94 mil dólares. Los cheques los giraban empresas dedicadas a la publicidad, compañías de origen desconocido y personas naturales.

La auditoría realizada a las declaraciones juradas de patrimonio del expresidente cuenta 13 hallazgos, que suman 6.5 millones de dólares. De este monto de un primer informe, Saca logró desvanecer 1.5 millones de dólares.

En noviembre de 2013, El Faro reveló que durante su quinquenio (2004-2009), las utilidades de sus empresas se multiplicaron de forma exponencial respecto de los años previos. Entre 1998 y 2004 las utilidades pendularon entre los 42 mil y los 586 mil dólares, pero ya en 2005 superaron el millón de dólares y en 2007 rebasaron los 3.2 millones. En el período de su gobierno las utilidades netas fueron de casi 10.5 millones de dólares. Es decir, 10 veces más que las obtenidas en la suma de los seis años previos a su administración.

En su investigación, Probidad dice que estas empresas nunca suscribieron contratos por servicios de publicidad ni de cualquier otro tipo con la Presidencia de El Salvador. Eso descarta una relación formal que supondría un conflicto de intereses.

Por ahora, y desde que en octubre de 2015 la Corte ordenó por primera vez en la existencia de la normativa sobre enriquecimiento ilícito un juicio contra un exfuncionario, ya hay tres personas procesadas civilmente por dicha causa: el diputado Reynado López Cardoza, el exdirector del Seguro Social Leonel Flores y el expresidente Mauricio Funes, cuyo proceso arrancó el martes 23 de febrero. Cardoza fue la primera persona a quien en virtud de la Ley sobre enriquecimiento ilícito se envió a juicio en 56 años de vida de esta normativa que data desde 1959.

Elías Antonio Saca, dueño de Grupo Samix, uno de los emporios radiales más fuertes de El Salvador, se convierte en el segundo expresidente de la República enviado a juicio por enriquecimiento ilícito.

El Faro


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