Entre los 3.600 expedientes que tramita actualmente el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), languidece un grupo muy particular: varias docenas de casos donde figuran empresas piñeras acusadas de daño ambiental y que, años después de iniciados, aún no tienen un punto final.

En total son 44 “expedientes piñeros”, como les llaman en el Tribunal, y varían en formas y tamaños, pero todos comparten una condición: siguen sin encontrar su fin, algunos desde hace más de una década y otros apenas con meses de antigüedad, todos esperando llegar a audiencia y terminar el proceso en esta dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía.

Los cargos son variados y en su mayoría están relacionados con etapas del cultivo y la atención de las plantaciones, desde afectación al recurso hídrico e invasión de áreas protegidas hasta el cambio de uso de suelo y daños a humedales o a nacientes.

“Hay asuntos que se mueven rápido o más lento, pero el tema de piñeras es complicado: no es tan sencillo como decir se cortaron cinco árboles o tal”, explica Ligia Umaña, jueza y presidenta del TAA.

El caso de las piñeras involucra procesos complejos relacionados con la hidrografía de la zona o el comportamiento de aguas llovidas y generalmente involucra un abanico de instituciones estatales a quienes el Tribunal necesita.

“Es complicado porque la valoración del daño ambiental es compleja y además muchas veces tenemos dilaciones para obtener los informes que solicitamos; a veces requieren más insumos técnicos y pedimos dos o tres veces cada uno”, señala la jueza.

El trabajo del Tribunal Ambiental es distinto del que efectúan otras instancias judiciales, ya que debe probar los daños causados al ambiente por individuos o sociedades.

Sin embargo, la respuesta no siempre es expedita. El caso más antiguo que todavía está activo dentro del Tribunal involucra a una empresa piñera ubicada en Pueblo Nuevo de Chilamate, en el cantón de Sarapiquí, que fue acusada de vertido de aguas y afectación de áreas de protección en el 2001.

Estos 44 expedientes piñeros esperan todavía llegar a la fase de audiencia, una etapa del proceso interno del TAA donde tres jueces deben valorar la evidencia y emitir su sentencia: declarar la culpabilidad o decidir que no existe tal daño (vea recuadro: “Vida legal en el Tribunal Ambiental”).

El Tribunal Ambiental no puede ofrecer datos claros sobre cuántos expedientes han llegado a esta etapa porque carece de un sistema digital integrado de seguimiento que permita generar reportes y estadísticas.

Pero el personal señala que son apenas un puñado los que llegaron a fase de audiencia en los últimos seis años.

De los seis abogados tramitadores del TAA, Daniel Montero es quien labora de manera más cercana con expedientes piñeros y solo recuerda dos casos que hayan llegado a audiencia desde el 2009.

Montero y sus seis colegas son uno de los puntos clave: más allá de los 44 expedientes de las piñeras, los siete abogados tramitadores deben manejar más de 3.500 casos al mismo tiempo.

“Imagínese usted, tener 500 o 600 expedientes a la vez es humanamente… complicado”, sentencia la jueza Umaña.

Los casos de piñeras, que tienen sus propias complicaciones, naturalmente quedan atrás.

Los problemas

Ocho de los casos contra piñeras ante el Tribunal Ambiental Administrativo están a la espera de la valoración del impacto de daño ambiental y la valoración económica del daño: es decir, hasta dónde pueden señalarse los efectos negativos de la acción juzgada y cuánto le costarían al infractor.

“El tema de la valoración económica del daño no deja de ser una piedra en el zapato. No es un asunto sencillo. Cuando se trata de piñeras es mucho más complejo”, explicó la jueza.

Un problema para esto son las metodologías: el TAA no tiene personal para hacer análisis económico y además las instituciones que los hacen no cuentan con criterios uniformes.

Un ejemplo es el de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que desde el 2008 intenta cuantificar el impacto económico que sufrió por una posible contaminación de un acuífero en la zona del Caribe.

El abogado Montero señala que solo conoce un economista ambiental en todo el Minae, lo que imposibilita pasar a audiencia con el resto del expediente aunque la evidencia sea sólida.

“Si usted va a enjuiciar una piñera que tiene capacidad de tener un equipo de peritos para tener su propia valoración, usted tiene que tener una posición muy sólida”, apunta el letrado.

Para esto, el ministro Édgar Gutiérrez, jerarca del Minae, prepara cambios a lo interno de su cartera para fortalecer el rol técnico de esta instancia.

Otro asunto crítico que atrasa los expedientes son las solicitudes de información que debe hacer el TAA, pues la entrega de información no siempre es expedita: la jueza Umaña recuerda que hay casos que han pedido informes hasta seis veces.

“A nosotros a veces no se nos toma en serio”, señala la presidenta del Tribunal y lo compara con la celeridad que obtienen las solicitudes de información que hace la Sala Constitucional.

En 2014, el Estado de la Nación señaló que “el cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad” y recordó que en informes previos habían señalado el mismo problema.

Según la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), que agrupa a las empresas del sector, el cultivo de piña en Costa Rica se extiende por 38.000 hectáreas, aporta cerca de 28.000 empleos y su exportación reportó ingresos por $806 millones en 2015.

“Canapep y sus asociados vamos por la senda correcta en lo ambiental y social, ya que nuestro trabajo como Cámara y el de la Comisión Socio Ambiental de la Piña (COSAP), de la cual la Universidad de Costa Rica forma parte, tienen muy claro nuestro trabajo en estas dos áreas” apunta Abel Chaves, presidente de la Canapep.

Chaves señala que las empresas tienen sus propios mecanismos y planes de trabajo en materia ambiental y social que están basados en la legislación nacional y que la Cámara realiza evaluaciones y auditorías anuales.

“El hecho de que el Tribunal tenga este número de casos abiertos que usted nos menciona obedece principalmente a que un 13% de estos expedientes nacieron por oficio y el 87% son por denuncias y el que permanezcan abiertos desconocemos las razones que tiene el Tribunal Ambiental para mantenerlos en este estatus”.

Certificación

De manera paralela al trabajo que hace el equipo del Tribunal Ambiental, existe una serie de medidas complementarias y preventivas para combatir la contaminación ambiental de las piñeras, como las buenas prácticas agrícolas y las certificaciones.

“Ahora con el tema de certificaciones ambientales y una serie de herramientas que están en el mercado internacional, las mismas compañías se están despabilando para no cumplir con la normativa ambiental”, explica Umaña.

El director de Normas de Políticas para la Red de Agricultura Sostenible, Oliver Bach, es de quienes apuesta a los consumidores como un mecanismo de protección.

“Un factor que empuja en la piña, al igual que en el banano, la aplicación de buenas prácticas es el mercado mismo”, dice Bach, un biólogo alemán que tras 23 años en Costa Rica es uno de los principales expertos en sostenibilidad agrícola.

A pesar de casos en ambos cultivos, Bach es enfático en que la mayoría de productores costarricenses de banano y piña buscan acatar la robusta legislación laboral y ambiental del país.

“A pesar de todos los desafíos ambientales y sociolaborales, Costa Rica es líder en la región”, concluye el alemán.

El problema es que, si bien existen empresas piñeras que se esfuerzan por cambiar sus prácticas, las que no lo hacen pueden pasar años antes que la justicia las alcance.

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