El más reciente pronunciamiento fue de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la cual dijo percibir “algunos puntos como una nueva intromisión en la libre empresa, libre competencia y libertad económica, en esta ocasión, de los medios de comunicación”, señaló en su habitual columna de opinión dominical.

“El documento, tal cual está redactado otorga facultades al Tribunal Electoral (TE) que podrían revisarse y crea limitaciones al libre desempeño de los diferentes medios de comunicación”, agregó la CCIAP.

El artículo 409 de la propuesta otorga a los magistrados del TE la potestad de cerrar medios de comunicación si se violan prohibiciones en materia de propaganda electoral en el periodo de veda, lo que fue públicamente censurado por directivos de los principales órganos de prensa panameños.

Otro asunto que impugnan algunos críticos del anteproyecto es el financiamiento estatal a los partidos políticos, que en su distribución favorecería a las agrupaciones tradicionales, en detrimento de nuevas formaciones y los candidatos independientes.

Fernando Cebamanos, del movimiento Frente Amplio por la Democracia (FAD), calificó de “ofensa inaudita” a las necesidades del pueblo destinar 100 millones de dólares de los fondos públicos, para el financiamiento de los partidos y las candidaturas.

“Los magistrados del TE no parecen estar conscientes del contenido antidemocrático de las reformas”, precisó y argumentó que las organizaciones nuevas, luego de la ardua tarea de recolección de firmas, inician su participación en la contienda electoral con “una desventaja abismal” respecto a las existentes.

Prácticamente la única voz que se alzó en defensa de la propuesta fue la de Erasmo Pinilla, presidente del TE y unos de los autores del anteproyecto, quien dijo a la prensa que es el mejor que ha generado la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

“Esperemos que los diputados enriquezcan el proyecto, para mejorarlo no para mutilarlo”, agregó Pinilla.

Un comunicado del FAD definió así la propuesta:

“El financiamiento público y privado del proyecto de ley presentado a la Asamblea, está diseñado para que continúe el control de la partidocracia y el poder económico en el proceso electoral, estableciendo graves obstáculos a la formación de cualquier opción participativa de sectores populares que tengan un pensamiento diferente a la ideología imperante”.

Panamá ON


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