Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, protestó hace dos días contra las redes sociales. Cree que con mentiras hicieron daño a su partido e hicieron crecer, de ese modo, a la opción del No en el referendo del último domingo. Por eso, ahora quiere un debate sobre el manejo de las redes sociales porque, además, en “algunos países, con mala información, tumban gobiernos, perjudican a su país y crean confrontación”.

Además, en las redes sociales se violaron algunos derechos ciudadanos como el de la privacidad y se incumplió el plazo de 72 horas del silencio electoral dado por la normativa.

Sin embargo, tal vez en lugar de pensar en control se debería hablar de regulación de las redes sociales, lo que en todo caso tampoco es fácil. De hecho, ya otros países lo han intentado y no con muy buenos resultados. Por ejemplo, un rumor que indicaba que había una ola de secuestros de niños en Venezuela obligó a actuar a un juez, quien ordenó el corte de Twitter y YouTube por unas horas. Entonces, el Gobierno de ese país declaró la necesidad de regular las redes sociales porque mucha de la información que se comparte buscaría “crear caos”.

Australia anunció un programa para monitorear las redes en tiempo real y prevenir la propaganda terrorista; Francia está buscando la forma de convertir a las compañías como Facebook o Twitter en responsables de contenidos perjudiciales.

A pesar de esos intentos, el tema no es tan sencillo porque un debate sobre el mismo tendría que cruzar por derechos como el de la expresión, puesto que también es cierto que el poder anda incómodo con las redes sociales debido a que no puede controlarlas como intenta hacerlo normalmente con los medios de información tradicionales, a los que suele tenerlos bajo amenaza de quitarles la publicidad.

Este tipo de amenazas no funciona en las redes sociales. El poder no puede atropellarlas como normalmente intenta hacerlo con los periodistas y seguramente esto extrañan algunos políticos, peor si se toma en cuenta que las y los ciudadanos no tienen reglas que cumplir para manifestar su opinión como ocurre normalmente con la prensa, radio y televisión, medios que están obligados a cumplir por ética una serie de disposiciones (aunque no faltan los que igual no las cumplen).

Lamentablemente, así como existe una amplia libertad de expresión en las redes sociales, algo constatado en el último referendo del domingo, lo cierto es que muchas de las opiniones pasan todo límite y no solo mediante el insulto, sino la tergiversación de la información que puede terminar generando situaciones de alto riesgo democrático para un país.

Y es que en Bolivia no existe una cultura y manejo responsables de la información por parte de las y los ciudadanos (con contadas excepciones). Muchas de las personas que están en las redes creen que pueden decir e inventar lo que quieran, olvidándose de que como ciudadanos y ciudadanas también somos corresponsables del cuidado de la democracia.

No solo eso. Tampoco hemos desarrollado la capacidad de diálogo porque a cualquier opinión compartida, lo primero que aparecen son adjetivos y juicios de valor para criticar y hundir al otro u otra, olvidándose de que todo ciudadano tiene derecho a expresarse, sin que eso le deba significar ser insultado, lo que ha venido ocurriendo.

Por ello, en vez de únicamente pensar desde la política en cómo controlar las redes sociales, lo que no parece tan real ni tangible, se debería reflexionar sobre cómo podemos avanzar como sociedad para generar una cultura del uso de las redes sociales que permita, por un lado, el ejercicio del derecho a la libre expresión y, por el otro, la obligación ciudadana de ser responsables a la hora de entrar en contacto en las mismas para no incendiar el sistema democrático del país.

Opinión