Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El Plan Colombia una estrategia neocolonial en América Latina – Por Martha Cecilia Gutiérrez

Este artículo muestra cómo las políticas militaristas utilizadas por el gobierno de Estados Unidos en el continente se inscriben en una lógica neocolonial que intentan mantener el control económico, político y social sobre el continente. Los acuerdos de cooperación firmados en el marco del plan Colombia, constituyen una clara violación de la soberanía y se constituyen en una amenaza permanente para la paz y la estabilidad de la región.

Marco en el cual se inscribe el plan Colombia

En junio de 2000 el presidente norteamericano Bill Clinton, formuló una propuesta para luchar contra el narcotráfico y «garantizar la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado colombiano». El debate de esta política coincidió con la intensa campaña electoral, en la que los Republicanos acusaban a los Demócratas de su excesiva pasividad frente a dos realidades, que exigían un replanteamiento estratégico por parte de la Casa Blanca: el crecimiento de los cultivos de coca y las negociaciones de paz emprendidas por el presidente Andrés Pastrana Arango desde 1998 con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). [2]

Los demócratas presionados por la mayoría republicana en el congreso, aceptaron finalmente una nueva propuesta, la cual se conoce con el nombre de “Iniciativa Regional Andina”, la cual proponía dos estrategias. Una explícita, relacionada con la oferta de drogas en el continente, para la cual plantearon la disminución de áreas cultivadas mediante la destrucción química o biológica del 50% de los cultivos de coca y amapola, y otra, dirigida al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas para su luchar contra las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De esta manera, los acuerdos anteriores firmados entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton para diseñar una política conjunta para el fortalecimiento del Estado, fueron dejados de lado y los norteamericanos se adelantaron a decir que su política antinarcóticos no era negociable, colocándose en contra de las negociaciones de paz, que en aquel momento se estaban desarrollando entre el presidente Pastrana y el secretariado del estado mayor conjunto de las FARC en la zona del Caguán, acabando prácticamente con el proceso de negociación, que de por sí, presentaba ya numerosos inconvenientes debido a la falta de compromisos reales de cada una de las partes involucradas en la negociación.[3]

Con la perdida de las elecciones de los demócratas que tenían como candidato Al Gore y el triunfo de George W. Bush, la propuesta política dio un nuevo viraje y el Plan Colombia logro su aprobación sin mayores restricciones. Los Republicanos presionaron la aprobación de un «Plan Colombia cargado de contradicciones, en donde se intentaba reconciliar enfoques mutuamente excluyentes en torno al vínculo entre las drogas y la paz»[4] Pero los estadounidenses estaban dispuestos a utilizar nuevamente el mecanismo de reconocimiento que da Estados Unidos a los países que no acatan las directrices de la lucha contra el narcotráfico en el continente, conocido como “la carta de certificación” [5] del país, y que seguramente no sería otorgada en aquel año, si la política del plan que ellos proponían no lograba ponerse en marcha. Esta situación presionaba a Colombia para aceptar dicha propuesta, pues su rechazo la dejaría por fuera de las políticas económicas. [6]

Estrategia económica del plan

Algunos académicos sostienen que este plan se inserta en la reconfiguración de los diseños globales y en  particular con la posición dominante de Estados Unidos con el resto de  América Latina. Pero además, que el Plan Colombia es un buen ejemplo de la complicidad entre los gobiernos locales de los hoy llamados “países emergentes” del ex tercer mundo y los diseños imperiales (económicos y militares) de los gobiernos del  primer mundo.[7]

La nueva reconfiguración de los poderes económicos a nivel mundial obligó a los Estados Unidos a buscar nuevos aliados, de manera que pudiesen ampliar y fortalecer un entorno político favorable a las invasiones militares y a los tratados de libre comercio que se pondrían en marcha de manera paralela en la región de América Latina con el objetivo de garantizar la sobrevivencia de un Imperio que comenzaba a sentir la crisis de su propio modelo económico. Pero además, existía un interés político por mantener controlados sus espacios de dominación, especialmente cuando se empezaban a plantear ideas decoloniales en los países del sur, planteando una ruptura con el Imperio y con las formas de vida que durante siglos han sido impuestas, a través del modelo de modernidad/colonialidad.

Frente a este postulado podemos concluir que el plan Colombia se corresponde con la estrategia de colonialidad, encajando perfectamente en los nuevos diseños globales puestos en práctica por el modelo neoliberal, en donde la acumulación capitalista se pone por encima de las vidas humanas “marcando la diferencia colonial que distinguía culturas superiores de culturas inferiores, hoy en cambio, lo que ha perdido valor es simplemente la vida humana”.[8]

Precisamente, los argumentos del plan Colombia se enmarcan en una nueva geopolítica que ya no es comprensible en términos del Imperialismo, pues corresponden a un dispositivo no moderno sino posmoderno de la colonialidad del poder. Ya no se busca exportar hacia el sur un modelo biopolítico de centralidad que permita el desarrollo paulatino de la periferia, sino, todo  lo contrario, de exportar al sur un modelo de marginalidad que permita convertir a los latinoamericanos y latinoamericanas en los nuevos “hispanos del sur” es decir un contingente de trabajadores ya no disciplinados sino seducidos por la fascinación de una cultura consumista que no permita desarrollar proyectos de vida libertarios. En este contexto, el desplazamiento de la centralidad ha producido una nueva avanzada de la derecha norteamericana, que busca reposicionar a Estados Unidos en el escenario del poder a nivel mundial. Como alternativa a su crisis, han planteado una especie de neo nacionalismo aislacionista, apoyándose en el bloque continental hoy llamado ALCA, en el que los trabajadores y consumidores, son concebidos como una simple prolongación de los hispanos de la segunda generación (o latino-estadounidenses).

Como estrategia de dominación  el Plan Colombia no es una mera repetición de las pretensiones imperialistas del pasado, sino que hace parte de un diseño global mucho más complejo, en el cual se combinan elementos de expansión militarista con fuertes distancias aislacionistas. La anexión de América Latina al modelo hegemónico de producción, ya no se realiza bajo la forma del capitalismo liberal clásico. Difiere, entre otras cosas, en que opera sin necesidad de apelar al “contrato social” y se concentra en la expropiación ya no solo de mano de obra barata, sino de conocimientos subalternos que antes se catalogaban como “pre modernos” y ahora se convierten en conocimientos importantes para el mercado global. Es decir, que la incorporación de las periferias a la economía del sistema-mundo continúa pasando por la “vía colonial” pero asumiendo ahora formas diferentes.

El Plan en el Nuevo Orden Global

El nuevo orden global proclamado por el gobierno de Estados Unidos para proteger sus intereses en el mundo, impuso un modelo de lucha contra el terrorismo a nivel mundial, convirtiendo a los “ciudadanos/as de a pie” en potenciales terroristas y justificando por la vía militar el control sobre amplios territorios del planeta, especialmente en aquellas zonas estratégicas para la explotación de los recursos naturales; la utilización de la biodiversidad por parte de la gran industria farmacéutica; la explotación de recursos mineros (especialmente del petróleo) y el control de grandes áreas destinadas a la libre circulación de mercancías.

El presidente Uribe que asumió la presidencia en 2002, interiorizó esta propuesta y puso en marcha un modelo de seguridad en la que combinaba muy bien dos componentes del plan: el económico y el militar. De esta manera, los dineros girados a través del plan Colombia en sus primeros diez años de existencia, unos 60 mil millones de dólares, permitieron la adecuación del ejército colombiano a los nuevos retos del siglo XXI, garantizando la modernización del aparato represivo y la instalación de la tecnología norteamericana destinada al espionaje y la contra inteligencia en el continente. Para garantizar la disminución del narcotráfico y el vencimiento de las guerrillas, el ejército colombiano asumió la conducción de la guerra en dos frentes: un frente ideológico y un frente militar.

a)    En el frente ideológico puso en marcha una campaña mediática a través de las cadenas televisivas y periódicos nacionales, ganándose el apoyo y la simpatía de la población civil, mediante las acciones cívico y militares llevando servicios médicos, odontológicos, y haciendo donaciones para infraestructuras en las zonas más apartadas del país, en donde se desarrollaban sus acciones militares.

b)   En el frente militar se planteó una reestructuración al interior del ejército para modernizar e incrementar las operaciones militares, contando con el apoyo de las corporaciones privadas, contratadas por el gobierno de los Estados Unidos. La operación de «reingeniería» del ejército implicaba, colocar varios de sus frentes bajo las órdenes directas del comando sur del ejército de los Estados Unidos, asegurándose de paso un mayor control militar sobre la región, mediante el dispositivo de nuevas bases militares continentales. [9]

La primera fase de su ejecución se realizó en el departamento del Putumayo[10] y progresivamente se fueron ampliando las operaciones a otras regiones del país. La modernización del aparato militar implicó la creación de unidades de acción rápida con radares de alta potencia, entre los cuales se han referenciado los siguientes: Radar de Asiento en la Isla de San Andrés; Radar de asiento en Riohacha; Radar y base terrestre en Marandúa y Vichada, Brigada 24 del ejército en Putumayo; Brigada Oriental del ejército en Puerto Carreño y el departamento de Vichada; Radar y base terrestre en San José de Guaviare y escuela de entrenamiento de Barrancón; Brigada del ejército en Caquetá; Base militar de Tres Esquinas en Putumayo; Brigada de Patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo (Putumayo); Radar con base terrestre en Leticia Amazonas, Base militar en Tolemaida ubicada en el departamento del Tolima con 18 helicópteros HV-1N. [11]

Después de 9 de años de ejecución del plan y de un amplio desarrollo de las fuerzas militares colombianas, el gobierno de Álvaro Uribe terminó aceptando la propuesta del Comando Sur de los Estados Unidos, para instalar y utilizar las bases militares de Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. De todas ellas, la más importante es la base de Palanquero por su situación estratégica y las instalaciones de que disponen, para ello se apropió un recurso de cercano a los 46 millones de dólares.[12] Estas bases se convertirán en puntos de apoyo para transportar tropas y equipos de guerra a cualquier parte de Suramérica, Centro América, el Caribe y países de África Occidental. Según la investigadora Eva Golingerel,[13] el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha señalado que, “la base militar de Palanquero apoyará el trabajo del Comando Sur y facilitará la ejecución de operaciones militares en el continente”, debido a su posición geográfica y su cercanía con Venezuela. El acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 por el ministro de relaciones exteriores de Colombia (Jaime Bermúdez)  y el embajador Estadounidense William Brownfiel, ha generado numerosas voces de protesta tanto al interior de Colombia , como en los países vecinos debido a que este acuerdo posibilita las operaciones de Estados Unidos en territorio colombiano sin mayores dificultades en un radio de operaciones bastante amplio, poniendo en serio riesgo la estabilidad y las relaciones de Colombia con sus vecinos en el continente. Otro de los temas complicados del acuerdo se refiere a la inmunidad del personal estadounidense, debido a que no podrá ser juzgado por las autoridades colombianas en caso de cometer crímenes dentro del territorio nacional, incluso aquéllos cometidos fuera de sus funciones.

La instalación de estas nuevas bases militares en Colombia, se suman a las cinco bases existentes en Latinoamérica y el Caribe, una en Guantánamo (la base más antigua donde mantiene a 850 militares); la base de Soto Cano, en Palmerola Honduras con 500 militares estacionados, que apoya las actividades antinarcóticos desde donde realizan proyectos de asistencia cívica, apoyo a desastres naturales y monitoreo en los cielos y aguas de la región; la base de Comalapa, en el Salvador tipo FOL[14], utilizada para detectar el tráfico de drogas marítimo; una base en Aruba el mar Caribe y una base en Curazao, con 230 militares para monitorear el mar Caribe. Este despliegue militar por el continente hace parte de la estrategia del comando sur para los años futuros, en donde se propone la construcción de una serie de círculos envolventes sobre el continente, coordinados por las bases militares ya instaladas y desde donde se monitorea el movimiento de tropas, la recepción y el suministro de información, etc. Estos círculos serían: [15]

  1. El círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica, que cubre los yacimientos petroleros más importantes de América Latina y que se formaría con las bases de Guantánamo, Reina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola, Soto Cano, Comalapa y otros tantos puestos militares de menor importancia.
  2. El círculo que rodea la cuenca Amazónica que iría desde el canal de Panamá, coordinándose con las bases de Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa, Riohacha, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Chiclayo. Movilizando tropas hasta Bolivia, e instalando nuevas bases militares en Brasil y en la punta de Argentina.
  3. La última frontera o la capa envolvente más externa, está conformada por los ejercicios militares en los océanos Pacífico y Atlántico y en el Mar Caribe: en todo lo que circunda a América Latina.[16]

En los últimos años se han realizado ejercicios sistemáticos, que les permite realizar un patrullaje constante alrededor de América Latina y mantener allí una presencia más o menos permanente. “Son ejercicios que tienen un carácter secuencial, evolutivo, y que marcan en verdad un circuito de frontera que, por ser externa a las aguas territoriales de los países correspondientes, queda a cargo, nuevamente, del gendarme mundial”. [17] Toda esta operación militar sobre el continente tiene como objetivo fundamental, garantizar la seguridad al imperio, y permitirle un mayor control sobre todos los recursos, los cuales estarían disponibles en caso de necesitarlos para su supervivencia.

Resultados del Plan

Frente al balance del plan Colombia en sus primeros diez años (2000- 2010),  existen varias investigaciones al respecto, entre ellas podemos mencionar las realizadas por: la GAO (Government Accounting Office) de los Estados Unidos presentada en el año 2008, Wola, [18] y el TNI,[19] en donde se plantean algunos puntos para la evaluación del Plan en las fases I y II, en los componentes de erradicación e interdicción de cultivos ilícitos, y sobre la derrota militar a las guerrillas en Colombia; en los cuales se habrían invertido 6.100 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, y más de 120 billones de pesos por parte del gobierno colombiano, lo equivalente a 60.000 millones de dólares. Teniendo en cuanta los análisis hechos por varias organizaciones no gubernamentales, los resultados del plan Colombia podrían resumirse de la siguiente manera:

  • Las metas de reducir la producción de coca a la mitad no se cumplieron y Colombia sigue siendo hoy el principal exportador de cocaína a los Estados Unidos, disputándose ese puesto con México.
  • El gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, asestó duros golpes a la guerrilla de las FARC, logrando una disminución de su capacidad política y militar.
  • Los programas de “desarrollo alternativo” apoyados con recursos de cooperación internacional no lograron romper con el esquema de la producción para las grandes empresas de palma africana y otros productos de exportación capitalista, dejando a los pequeños productores de hoja de coca con más dificultades económicas que posibilidades de éxito.
  • Los programas de apoyo al fortalecimiento en la justicia han tenido resultados importantes, pero aún persisten problemas de lentitud y efectividad en las investigaciones y el juzgamiento a los grupos paramilitares, unidades del ejército involucrados en actos criminales, parapolíticos y altos funcionarios del Estado acusados por actos de corrupción.
  • El plan Colombia contribuyo en la reconfiguración del poder político de las elites y del Estado. Las continuas exportaciones de cocaína y otros estupefacientes, durante más de 25 años, acumularon una masa enorme de bienes y capitales. Situación que permitió el ascenso de una clase social criminal- reaccionaria – la clase de empresarios, ex empresarios y testaferros  de la cocaína, cuyo enorme poder económico y militar  tenían que reflejarse necesariamente en la política y en la transformación del Estado.  El régimen de Álvaro Uribe Vélez, marca el momento en el que la clase pasa de ser emergente y detentadora de unos poderes regionales, a formar parte del poder nacional.
  • El alto costo financiero y en vidas humanas de la guerra. “En 2010 se estima que los muertos entre soldados, policías, guerrilleros, y paramilitares son unos 21 mil. Los civiles no combatientes muertos unos 14 mil. Y todo esto sin contar los combates que se libran que no involucran a las fuerzas de seguridad (otros miles)”. [20]
  • Regionalización del conflicto colombiano que se inicia precisamente con el Plan Colombia, cuando el Congreso de Estados Unidos (2001) aprueba la financiación para los centros de Operaciones Avanzadas (FOL) en Ecuador, Aruba, Curazao y el Salvador.

Pese a este tipo de críticas, para el gobierno de Colombia los resultados son alentadores, pues se ha logrado un mayor control de territorio, un afianzamiento de la gran industria capitalista mono exportadora, y una disminución significativa del poder operativo de las guerrillas. En virtud de estos resultados a finales de noviembre de 2007, el gobierno de Colombia realizó la III Conferencia de Cooperación Internacional, en donde presentó una propuesta de continuidad del Plan Colombia, basada en que:

“Las condiciones de seguridad democrática han mejorado significativamente, la economía está fuerte y se sustenta en una macroeconomía sana. Así, se ha promovido el desarrollo y la reducción de la pobreza y la desigualdad. La implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha permitido generar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones y en la economía, llevando a que hoy el país cuente con un ambiente propicio para la inversión local y extranjera”. [21]

A partir del informe gubernamental y con muy poca participación de la sociedad civil en las deliberaciones, se presentó a la comunidad internacional la estrategia de “Fortalecimiento de la Democracia y el desarrollo Social (2007- 2013)”, en donde se propuso “consolidar los logros y avanzar aún más en los objetivos fundamentales de fortalecimiento de la democracia, la superación de las amenazas contra la estabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza”. [22] En los documentos presentados se describen algunos aspectos de la estrategia de cooperación para los próximos años, incluyendo el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), órgano de la Presidencia de la República de Colombia apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur, desde donde se dirigirán las acciones para:

a)    Garantizar la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía.

b)   Desarrollar acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio.

El fundamento teórico y operacional del denominado “Centro de Coordinación de Acción Integral”, fue presentado por el ex Ministerio de Defensa de Colombia, hoy presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, anunciaba que para el segundo período de gobierno del presidente Uribe (2006-2010) se pondrá en marcha “una Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), a través de la cual se afianzarían los logros más importantes del primer cuatrienio y se avanzará en la recuperación final de las zonas donde aún persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes”. [23]

Con esta propuesta el gobierno deseaba consolidar la política de seguridad democrática buscando: a) Potenciar la experiencia adquirida en la combinación entre el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio y b) Avanzar en la consolidación territorial, enfocando los esfuerzos militares con la lucha contra el narcotráfico. Para desarrollar esta nueva estrategia de consolidación territorial, el acuerdo militar con Estados Unidos contempla un trabajo de coordinación inter-agencial que se fundamenta en una «Doctrina de Acción Integral» (DAI), la cual debe entenderse como:

“Un conjunto de principios que deben orientar la acción coordinada de la fuerza legítima con la acción social del Estado y la sociedad civil. El objetivo es ejecutar, en los próximos 3 años, recursos del sector de la defensa en proyectos de bienestar comunitario en zonas donde aún no ha llegado el resto del Estado y ya se encuentra la Fuerza Pública. Esta no reemplaza la acción social del Estado pero le permite al esfuerzo social ganar tiempo”. [24]

Frente a estos desafíos, el Comando Sur de Estados Unidos ha diseñado una  propuesta de “colaboración inter-agencial”[25] que se corresponden con la propuesta de la Doctrina de Acción Integral (DAI) y con el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), mencionado por el Ministerio de Defensa Colombiano. Aunque el Comando Sur ha sido enfático en señalar que el enfrentamiento entre Estados en el continente es casi imposible, ha planteado otros problemas y desafíos que pueden poner en peligro la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, entre ellos: “la pobreza y desigualdad, la corrupción, el terrorismo y los delitos relacionados con el tráfico de drogas” catalogados como desafíos hemisféricos en donde se hace necesario intervenir, particularmente en la cordillera de los Andes señalada como uno de los grandes proveedores de la heroína que se consume en los Estados Unidos.

La continuidad de la política de seguridad en el gobierno de Santos

El continuismo que prometió Juan Manuel Santos en su campaña por la presidencia de Colombia, es una realidad con poquísimas excepciones. El modelo político es el mismo de Álvaro Uribe, es decir, está sustentado en la llamada seguridad democrática, orientado en su lucha contra el terrorismo y negativa a una salida política y negociada del conflicto armado interno.  Frente al modelo económico la propuesta es más de lo mismo, un modelo neoliberal basado en las exportaciones de materias primas y la apertura al  «libre comercio» a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el terreno de las disputas de poderes regionales y locales, es decir entre la burguesía tradicional que simboliza la centralidad nacional encarnada en Juan Manuel Santos y las elites regionales vinculadas a los poderes mafiosos, las elecciones de 2011 permitieron reafirmar algunas tendencias nefastas para Colombia, entre ellas, “la continuidad de los poderes mafiosos a través de sus delfines en algunas gobernaciones y alcaldías del país”. [26] Así mismo, “algunos temas en los que van a evidenciarse cambios son en los de relaciones internacionales”. Se percibe ya una postura más conciliadora buscando reconciliaciones con sus vecinos. Para ello, nombró a María Ángela Holguín canciller de Colombia, con un talante distinto a sus antecesores nombrados en el gobierno de Uribe. Con esta posición el gobierno, “ha buscado una modificación de relaciones exteriores poniendo un ojo especial en la región de América Latina y Europa, intentando dar la impresión de no estar muy atado a la agenda política de los Estados Unidos”. [27]

Según Gonzalo Medina la propuesta de Santos es más discurso que realidad. “Es más de encubrir lo que ha sido característico de quienes han detentado el poder en Colombia […] se le ha tratado de dar mucho realce a algo que tiene más una pretensión clientelista”. Es decir, el discurso de Juan Manuel Santos, según el análisis de Medina, busca dar legitimidad política al “Partido de la U”, e intenta amainar los efectos contraproducentes que tuvieron los gobiernos de Uribe y encarrilar la diversidad de opinión hacia un único rumbo. Quizás lo más novedoso hasta el momento en la política del actual Presidente Santos, ha sido el cambio de rumbo en las relaciones con los países vecinos. El aislamiento internacional dejado por Uribe generó graves y profundos traumatismos en los principales gremios exportadores de carne y leche de la costa Atlántica, además de una situación bastante tensa en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) por causa de las bases militares. Indudablemente, en el gobierno de Santos la política internacional ha sido muy distinta, y hoy los intereses de los capitalistas colombianos  están centrados en  los tratados de libre comercio y el reposicionamiento de una burguesía tradicional ligada al comercio, por ello es entendible la integración con algunos países del continente, en particular con Chile,  México, Panamá y Perú, con quienes se intenta construir la Alianza Pacifico- Sur, aspirando a situarse al frente del desarrollo de América Latina para convertirse en  interlocutores económicos de la región a nivel mundial.

Notas:

[1] Doctora en Filosofía, Paz y Democracia, Universidad Jaime I, Castellón, España.

[2] Congress, U.S.A., 2000.

[3] El proceso de paz se inicia formalmente en el año 1998 y termina en 2002. Los diálogos de paz fueron acompañados por gobiernos de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales (Ongs) y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera.

[4] Ramírez Gomes, 2003.

[5] Es importante mencionar, que este mecanismo ha sido cuestionado por evaluaciones internacionales realizadas por algunos demócratas, quienes han señalado que tanto en el caso de Colombia, Afganistán, Bolivia, Perú y otros países productores, el modelo represivo utilizado para acabar con el problema del narcotráfico no ha generado resultados positivos con respecto a la disminución de las áreas sembradas de coca y por el contrario su aplicabilidad ha contribuido en el agravamiento de los conflictos internos y la generación de inestabilidad e inseguridad para las regiones productoras.

[6] Gutiérrez, Martha (2011), Plan Colombia: Una mirada desde la paz, España.

[7] Walsh, 2003.

[8] Mignolo, 2000.

[9] Vargas, 2003.

[10] Los Departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá, son  habitados  por indígenas y campesinos, que por su tradición cultural han desarrollado una relación especial con los usos alternativos de la hoja de coca y que hoy son víctimas de la extrema pobreza y de redes de narcotraficantes que mantienen una economía ilegal en la región, trafican con pasta de coca y armas y mantienen ejércitos privados especialmente a través de los grupos de paramilitares en el sur del país.

[11] Salazar Pérez, 2002.

[12] Otero Prada, 2010.

[13] Golingerel, 2009.

[14] Forward Operation Locations (FOL).

[15] Ceceña, 2004.

[16] Hasta ahora la percepción que se tenía era la de ejercicios circunstanciales y esporádicos y en parte por esa razón no se les había concedido demasiada importancia.

[17] Ceceña, 2004.

[18] Morales Oyarvide, 2010.

[19] De Rementería, 2010

[20] Morales Oyarvide, 2011.

[21] Presidencia de Colombia, 2006.

[22] Presidencia de Colombia, 2006.

[23] Presidencia de Colombia, 2006: 13.

[24] Presidencia de Colombia, 2006: 13.

[25] «La Estrategia de comando para el año 2016 del Comando Sur de los Estados Unidos  (USSOUTHCOM, por su sigla en inglés) proporciona el método para alcanzar nuestra visión y convertirnos en una organización conjunta interagencial líder que procura apoyar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de las Américas» (Stavridis, 2007: 1).

[26] Corporacion Nuevo Arco Iris, 2011.

[27] Valencia, 2011.

Plan Colombia: un plan para la paz – Por Guillermo Fernández de Soto

“La paz no se hace o se deshace sola. Para que sea algún día una realidad es preciso comenzar a imaginarla, a planearla y a construirla”.

Esta frase, tomada del artículo de la revista Semana “Cómo sería Colombia en Paz”, resume el planteamiento central del Plan Colombia y es a su vez eje del Plan de Desarrollo de este gobierno. La paz hay que construirla y hacerlo requiere tomar decisiones. Y bien sabemos que las decisiones, especialmente en un país en conflicto, producen críticas. Sin embargo, no existe espacio para la inacción. No podemos permanecer pasivos.

El Plan Colombia se inscribe dentro del propósito de construir la paz de este gobierno y por ello toca tres elementos que el gobierno considera estructurales al conflicto: primero, y como elemento central, la búsqueda de una solución política y negociada del conflicto armado; segundo, el replanteamiento de la lucha antinarcóticos para que ella tenga en cuenta y por lo tanto prevenga sus efectos nocivos sobre la sociedad y la democracia colombianas y para que ésta se lleve a cabo dentro del principio internacional de la responsabilidad compartida ya que Colombia ha cargado hasta ahora con el peso de esta lucha de manera desproporcionada; y tercero, un conjunto de inversiones encaminadas a vigorizar la acción de las comunidades mismas, especialmente en las zonas rurales y de conflicto, ayudándoles a fortalecer su capacidad económica y su construcción o reconstrucción de tejido social y de institucionalidad democrática.

No hay duda de que existen posiciones variadas sobre el peso y la interrelación de cada uno de estos factores en la violencia colombiana y que ello hace que se presenten críticas al Plan Colombia. No hay duda tampoco que esas diversas posiciones son parte de la fractura que ha producido el conflicto en la sociedad colombiana. Mientras se le critica al gobierno de haber ido muy lejos, de haber sido ‘demasiado’ generoso con la guerrilla, se le critica también el adoptar una supuesta posición militarista. Una especie de contrasentido para un gobierno que le ha apostado tanto a la paz.

Y esa misma contradicción aparente se ha producido en el concierto internacional, en Estados Unidos y Europa, por una parte en sectores que quisieran que el gobierno quitara el status político a la guerrilla y los tratara como narcotraficantes mientras otros sectores preferirían no ver los desequilibrios que ha generado el multibillonario negocio del narcotráfico sobre Colombia y prefieren ver el conflicto colombiano bajo la óptica de El Salvador, Nicaragua o Guatemala.

De allí se derivan las diferentes versiones contradictorias que han llenado los medios de comunicación tanto en Colombia como en el exterior al referirse al Plan Colombia. Cada cual lo ve con el cristal con el que mira la violencia colombiana, una violencia que, por su prolongación, sus manifestaciones, sus actores y sus causas, se ha venido modificando y adquiriendo nuevas facetas que la hacen especialmente compleja.

A su vez, esta complejidad obliga al gobierno a proponer una estrategia integral cuyos componentes no pueden ser discutidos o analizados de manera aislada sino que deben ser entendidos en su conjunto.

La negociación política

Dentro del marco del Plan Colombia, la estrategia de negociación es su eje central, y por lo tanto, el gobierno ha solicitado apoyo a nivel internacional y ha exigido respeto por esta decisión soberana, aún de quienes desde fuera de Colombia preferirían ver el conflicto con la guerrilla como una extensión de la guerra contra el narcotráfico.

En esta estrategia, el gobierno ha interpretado en buena parte el anhelo de paz de la sociedad colombiana al presentar una iniciativa de solución política y negociada al conflicto armado. Las manifestaciones cada vez más masivas de la sociedad exigiendo un fin al conflicto y a las hostilidades en contra de la población civil han tomado el carácter de mandato popular.

Esta iniciativa ha permitido el establecimiento de una zona de distensión, la definición de una agenda de negociación y la participación creciente de la sociedad civil a través de audiencias públicas sobre los temas acordados. El gobierno concedió status político al ELN y se busca con este grupo insurgente un marco para la negociación.

La Colombia de hoy es una sociedad mucho más democrática, moderna, urbana y justa de lo que era hace medio siglo al iniciarse el conflicto. Aún cuando la violencia se ve hoy alimentada por los miles de millones de dólares generados por el narcotráfico, el Estado colombiano ha reconocido el carácter político de la confrontación armada.

La violencia y el narcotráfico

Pero debemos también reconocer y entender que a las complejidades de este conflicto histórico se sumó a partir de la década de los ochentas el problema de la droga.

La literatura académica aún discute por qué se dieron en Colombia las condiciones para que prosperara este negocio. Lo cierto es que, con un mercado internacional creciente y voraz, este infame negocio creció; con él surgieron los narcotraficantes, los carteles, las bandas criminales; y el narcotráfico se convirtió en un disolvente de las estructuras sociales y en un potenciador de la violencia.

El narcotráfico corroe la estructura social con sus asesinatos, amenazas y prácticas autoritarias y violentas contra jueces, funcionarios, periodistas y ciudadanos. Con la violencia y la corrupción que promueve, las cuales necesita para subsistir, ataca las bases del régimen democrático. Con sus necesidades de expansión golpeó y resquebrajó a las comunidades campesinas produciendo desplazamientos forzados y convirtiéndolos en parte del conflicto. Con el espejismo de la ganancia rápida, el narcotráfico contribuyó a distorsionar y empobrecer la economía, inflando irrealmente los precios, promoviendo una cultura de especulación y financiando el contrabando que golpeó fuertemente nuestra industria.

En lo ecológico, es causante de un tremendo desastre del cual el mundo aun no es consciente, tal como lo atestiguan las cien mil hectáreas de bosque que por su causa se destruyen anualmente. Bosques necesarios para el ecosistema amazónico y para los nacimientos de aguas que se secan todos los días en los Andes, por causa de la deforestación de los páramos. Por cada hectárea de coca o de amapola que se planta, se destruyen cuatro hectáreas de bosque. Por causa de este negocio criminal, cada año son vertidos a las aguas 200.000 galones de herbicidas, 16.000 toneladas de fertilizantes químicos y 100.000 galones de veneno, que destruyen las tierras y los ríos de Colombia, fundamentalmente en la región de la Amazonía.

Así, en el eje de las diferentes violencias que azotan a Colombia se sitúa crecientemente el narcotráfico convirtiéndose a su vez en el gran enemigo de una negociación de paz sólida y estable. Existe hoy una lucha por el control de regiones productoras de cultivos ilícitos, lucha que desvertebra y desplaza a las comunidades campesinas y que amenaza la consolidación del proceso de paz.

La corresponsabilidad: de la retórica a la práctica

Colombia quizás sería ya una nación en paz, una nación que ya habría resuelto su conflicto histórico, si no fuera por el tráfico ilegal de las drogas y, por ello, enfrentarlo es quitarle al conflicto el oxígeno que permite su respiración. Entender el papel del narcotráfico en el conflicto colombiano es necesario para darle una oportunidad a la paz.

¿Pero cómo enfrentarlo? Ninguna nación ha sufrido tanto por el auge y la demanda de drogas durante esta última generación como Colombia. Y en vez de caer víctimas de esta amenaza, la hemos enfrentado con grandes sacrificios. Pero el narcotráfico no es un asunto ni propio ni exclusivo de Colombia. Aunque mucho se tuvo que luchar para que fuera aceptada esta verdad, nadie discute hoy el hecho de que el problema de las drogas ilícitas es todo un proceso ininterrumpido en el cual entran la producción, el procesamiento, el transporte, la recepción en los puertos del exterior y la venta en esos mercados, el consumo, el blanqueo de las inmensas sumas de dinero en el circuito internacional y que, anexa a esa actividad criminal, están la venta y exportación de los llamados precursores químicos, el contrabando, el tráfico de armas y el crimen transnacional.

De allí que, ante un problema de tan inmensas proporciones, sea innegable la aceptación de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida, la cual, en la práctica, implica la obligación de cada Estado de atacar los factores del problema en cada país pero, en el mismo grado, la necesidad de un concierto y de una cooperación internacional para enfrentarlos compensando a los estados más afectados por el narcotráfico y a los más débiles económicamente. El mundo desarrollado al adoptar una política de prohibición del consumo de droga debe a su vez asumir su responsabilidad en los costos que esta política genera en países como Colombia.

Porque Colombia padece una grave violencia, el gobierno situó la paz, y la negociación política y negociada, como una prioridad. Porque el narcotráfico es el combustible que alimenta las diferentes violencias, entender sus efectos sobre Colombia y enfrentarlo en consecuencia es quitarle fuerza a los factores de la guerra. Y puesto que la comunidad internacional, al igual que en otros conflictos, puede jugar un papel vital en la solución del conflicto interno y dado también que el narcotráfico implica la corresponsabilidad, Colombia acude a la solidaridad internacional para fortalecer la paz, al mismo tiempo que asume sus propias responsabilidades.

La estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social

Por esto la tercera estrategia de paz del Plan Colombia es la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social. Es de paz, porque busca que la cooperación internacional, unida al esfuerzo propio, sea invertida con un sentido eminentemente social. Que se dirija a coadyuvar el esfuerzo de las propias comunidades, a fortalecer sus propuestas de construcción de su tejido económico y social.. Que dé apoyo a los miles de desplazados que ha dejado el conflicto y que contribuya a crear las condiciones para que puedan retornar a sus hogares. Que se fortalezcan las instituciones que protegen los derechos humanos. Que se ponga en práctica todo un plan de apoyo y de vías de comunicación, para que las personas que se dedican, como pequeños cultivadores, a la producción de droga, en lugares apartados, cuenten con medios para producir bienes lícitos y puedan sacar estos productos a los centros de consumo.

Esta estrategia además, representa una oportunidad sin antecedentes para que la comunidad internacional lleve a la práctica el principio de la corresponsabilidad en la solución de asuntos que, como la lucha contra el problema mundial de las drogas, la preservación del medio ambiente, el desarrollo social, los asuntos de carácter humanitario, y la búsqueda de la paz, son de interés compartido.

Este es el verdadero sentido del Plan Colombia. Dicho Plan es una estrategia integral para nuestro futuro y es también, el más ambicioso y coordinado programa de acción social que jamás se haya realizado en el país con el propósito de crear nuevas y mejores oportunidades de paz y progreso a los colombianos.

El Plan Colombia es, en suma, un plan de inversiones prioritarias para alcanzar la paz en nuestro país. El conjunto de las inversiones se concentra en los sectores sociales. De hecho, el setenta y cinco por ciento de todos los recursos nuevos se orientan a los programas al fortalecimiento de comunidades en el nivel local y de sus instituciones y a la atención humanitaria para quienes han sido afectados por la violencia. Por supuesto, el logro de la paz depende también de la creación de oportunidades económicas y condiciones dignas para quienes se han tenido que dedicar a los cultivos ilícitos. Por ello, el Plan Colombia contiene un sinnúmero de proyectos que generarán empleo y bienestar.

Guillermo Fernández de Soto. Es diplomático, funcionario internacional y político colombiano.

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