El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cesó este viernes de manera anticipada al alto mando militar luego de que los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas convocaran a la prensa para expresar su apoyo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) tras la controversia surgida por el pago en exceso que hiciera el Ministerio de Ambiente a la institución por la compra de unos terrenos que el gobierno destinó para la construcción del parque Los Samanes, en la ciudad costera de Guayaquil.

La Constitución de Ecuador, en el artículo 159, establece que las Fuerzas Armadas es una institución subordinada al poder civil, por tanto es su deber y obligación cumplir con lo que manda la Carta Fundamental del Estado y sus leyes.

El presidente Correa lo recalcó este día en su cuenta de Twitter, red social en la cual anunció el cese del ahora ex alto mando castrense. “Qué difícil es cumplir la ley y velar por el bien común. Busque en qué país salen los uniformados a dar declaraciones sobre temas administrativos”, sostuvo.

“Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al Alto Mando. No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país”, manifestó el mandatario en referencia a la posición asumida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA), en torno a un examen especial ordenado por la Procuraduría del Estado a un contrato suscrito entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio de Ambiente.

Los militares cesados son Luis Garzón, que se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Obando, excomandante del Ejército, y Alfredo Chávez, es jefe de la Fuerza Naval. Ellos apoyaron la posición del ISSFA y pidieron respeto al contrato de compra-venta de los terrenos de Los Samanes.

“Queremos informar al pueblo ecuatoriano que el mando militar y los soldados de tierra, mar y aire, en servicio activo y pasivo, tenemos la obligación legal y moral de defender el patrimonio institucional del ISSFA, que constituye el presente y el futuro del personal militar y su familia”, indicó Garzón en una declaración a la prensa.

El presidente Correa escribió que no permitirá que nadie manipule a los soldados ni al país y que las pensiones militares están garantizadas en el artículo 370 de la Constitución y por el propio ISSFA que “hoy está más solvente que nunca”.

También hizo énfasis en que el Estado aporta al seguro militar cerca de 500 millones por lo que descartó que los 41 millones de dólares, que según la Procuraduría se deben reembolsar al Ministerio de Ambiente pueda causar la quiebra de la institución como han sostenido militares retirados, entre quienes se encuentran activistas políticos de oposición.

Antecedentes

Los predios, originalmente comprados a privados en 1968 por parte del Ministerio de Defensa fueron vendidos al ISSFA en 1998 por 16 millones de dólares, de los cuales solo se pagó ocho millones y la diferencia mediante cruce de cuentas por pagos que las propias Fuerzas Armadas debían consignar al sistema de seguridad social militar.  De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Comunicación de Ecuador, en este punto se presenta un cuestionamiento ético, pues los terrenos que debían ser destinados a la seguridad nacional finalmente fueron a incrementar el patrimonio de una institución.

En 2010, los terrenos fueron vendidos al Ministerio de Ambiente para ejecutar el proyecto de áreas verdes y recreacionales del parque Los Samanes, uno de los más grandes del país andino, mediante un contrato que basó el avalúo sobre la información de un organismo no competente para el traspaso de propiedad de instituciones públicas. Esta distorsión hizo que se pague 48 millones de dólares, es decir 41 millones más en perjuicio del Ministerio, ya que el avalúo del Municipio de Guayaquil era a la fecha apenas de 7,3 millones de dólares.

El 18 de noviembre de 2015, la Procuraduría resolvió la devolución del dinero pagado de más por los 66 lotes de terreno comprados al ISSFA. El gobierno sostiene que esta disposición es legal, legitima y de obligatorio cumplimiento por lo que corresponde que las instituciones involucradas la acaten. Anunció que el Ministerio de Finanzas descontará de los 260 millones de dólares que adeuda al ISSFA los valores pagados de más.

La Secretaría de Comunicación informó que el ISSFA se encuentra fortalecido con las asignaciones que el gobierno central le ha entregado. Reseña que desde 2007, los ingresos de esa institución han pasado de 87 millones de dólares a 350 millones de dólares, mientras que los salarios y pensiones de retiro han aumentado entre 4 y 9 veces en el periodo.

Puso como ejemplo que un coronel en servicio pasivo, como Fausto Cobo, ex funcionario en el gobierno del derrocado presidente Lucio Gutiérrez y actual militante del movimiento del banquero Guillermo Lasso (quien aspira a la presidencia de la República) quien encabezó una violenta protesta el miércoles por la supuesta afectación a la seguridad social, percibía en 2001 una pensión de 661 dólares y en la actualidad recibe 2.600 dólares.

En contexto:

Alto Mando Militar de Ecuador fue cesado anticipadamente por intromisión en temas administrativos

Presidente de Ecuador designa nuevo alto mando militar

No se afectarán las pensiones del personal retirado de Fuerzas Armadas, asegura Ministro de Finanzas

Contraloría inició examen especial por compra de terreno del Ministerio de Ambiente al ISSFA

Andes

 

Presidente cesa al alto mando militar de las FF.AA.

El presidente de la República, Rafael Correa, anunció en su cuenta en Twitter que ha decidido cesar “anticipadamente” al alto mando militar. La decisión se da tras la rueda de prensa del jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, en la que se oponía al débito de valores al Issfa por las supuestas irregularidades en el contrato de compra-venta de terrenos en Los Samanes, en Guayaquil.

Comando Conjunto de las FF.AA. no acepta débito al Issfa

Esta mañana Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en declaración de prensa, exigió que se respete el acuerdo suscrito entre el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por la venta de los terrenos en Los Samanes, en Guayaquil.

Además rechazó la orden del presidente Rafael Correa para debitar los valores del Issfa por el supuesto exceso en el pago de estos terrenos.

A continuación la declaración completa de Garzón:

Ante las declaraciones públicas efectuadas en torno al diferendo que se quiere crear respecto del pago legal y debidamente realizado por el Ministerio del Ambiente por la adquisición de los terrenos de propiedad del Issfa, en el sector de Los Samanes en la ciudad de Guayaquil, queremos informar al pueblo ecuatoriano que el mando militar y los soldados de tierra, mar y aire, en servicio activo y pasivo, tenemos la obligación legal y moral de  defender el patrimonio institucional del Issfa, que constituye el presente y el futuro del personal militar y su familia.

En relación a este tema, que ha generado enorme preocupación a la ciudadanía, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informa al personal militar:

El gobierno nacional tiene la iniciativa de crear el área nacional de recreación Los Samanes, en la ciudad de guayaquil. Para ello, el Ministerio del Ambiente propone un acuerdo al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para la adquisición de dos millones doscientos mil metros cuadrados (220 hectareas)  de terrenos ubicados en la ciudadela Los Samanes, en base al avalúo realizado por la DINAC, cuyo monto asciende a cuarenta y ocho millones  doscientos veinte mil dólares.

Con resolución Nº 10.03.01 de 6 de septiembre de 2010, el Consejo Directivo del Issfa, resolvió aceptar la propuesta de compra venta formulada por la ministra del ambiente. El 7 de diciembre de 2010 se suscribió el contrato de compra venta entre el Ministerio del Ambiente, representado por la ministra delegada, y el Issfa, por su director, cumpliendo las disposiciones legales vigentes al momento de la celebración del contrato contenido en la escritura pública que fue debidamente registrada perfeccionándose la venta de las referidas 220 hectáreas de terreno urbano en la ciudadela Los Samanes.

El Ministerio de Finanzas, cumpliendo la normatividad vigente, transfiere los recursos necesarios para perfeccionar la compra mediante el pago respectivo.

5 años más tarde, por petición de la ministra del ambiente, el Procurador general del Estado, solicitó a las máximas autoridades del Ministerio del Ambiente y del Issfa “que procedan a la rectificación y/o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente, dentro del proceso de compra venta…” de los terrenos en mención.

El artículo 372 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.”,

Con esos antecedentes, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes de Ejército, Marina y Aviación, dejamos sentado de manera clara e irrevocable que,  siendo el proceso de compra venta de los terrenos en Los Samanes un acto jurídico con plena validez, defendemos la posición institucional de que las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente por las dos instituciones, pues ningún órgano competente ha declarado lo contrario, toda vez que ese contrato no tuvo, ni tiene, vicio alguno.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, por su naturaleza, tradición e historia, son las primeras defensoras de la constitución y las leyes de la república, así como de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, como lo expresa la carta fundamental.

Estamos seguros que realizado un análisis minucioso del proceso, la Contraloría General del Estado y los órganos competentes otorgarán la razón al Issfa, que en todo momento buscó con absoluta buena fe contribuir a mejorar la calidad de vida de los guayaquileños.

No podemos estar de acuerdo que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, porque lo prohíbe de manera expresa la Constitución en su artículo 372.

Los recursos de la seguridad social militar, le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias, por lo que es obligación del Estado su protección y preservación.

El Telégrafo


Volver