El partido Todos por el Perú acudirá a todas las vía legales posibles en caso el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decida descartar la inscripción de la plancha presidencial encabezada por Julio Guzmán, informó hoy el vocero de la agrupación, Carlo Magno Salcedo.

Dijo que tienen previsto presentar una acción de amparo y una medida cautelar por la vía constitucional para defender la inscripción de Guzmán, a fin de que pueda participar en las elecciones presidenciales del 10 de abril.

“Vamos a presentar una acción de amparo y una medida cautelar, argumentando la vulneración del derecho de libertad de asociación, al considerarse que los partidos políticos están sometidos a reglas diferentes a las asociaciones”, dijo a Ideeleradio.

Precisó que el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que declaró improcedente el recurso de apelación presentado por Todos por el Perú, vulneró su derecho a la participación, al no tomar en cuenta los aspectos diferenciados de la autorregulación.

Remarcó que harán uso de todas las medidas legales pertinentes, porque dijo se está afectando los intereses de los militantes de Todos por el Perú y de los electores.

Explicó que a diferencia de las asociaciones, los partidos poseen mayor regulación en temas de financiamiento y democracia interna; sin embargo para otros aspectos es prácticamente igual por lo que, sostuvo, el jurado vulneró el derecho constitucional de “libertad de asociación para participar en política”.

No insistirán ante JNE

Magno Salcedo informó que Todos por el Perú no insistirá ante el JNE, por lo que todos los recursos que presenten en adelante serán ante la vía constitucional y judicial.

“No vamos a insistir ante JNE, porque consideramos que ya con esta resolución, este recurso extraordinario no es una instancia legal ni formal”, agregó.

En el aspecto judicial, Guzmán señaló que mediante una medida cautelar se podría ordenar que se acepte la participación de Todos por el Perú en el proceso electoral.

El vocero de TPP, por último, indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), otra instancia a la que podría recurrir Guzmán, puede brindar una recomendación basada en los derechos humanos y políticos fundamentales.

“El Estado podría no cumplirlo, pero eso sería un escándalo internacional. Un Estado democrático que ha suscrito la Convención se niegue a cumplir una recomendación, eso sería muy mal visto en la comunidad internacional”, anotó.

Diario Uno


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