Expresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Entre esos investigados figura el expresidente Mauricio Funes, quien ayer negó en una entrevista televisiva que esté siendo investigado por sospecha de enriquecimiento ilícito, sino auditado.

“Es una mentira de los medios y periodistas que estamos siendo investigados (él y otros 28 funcionarios y exfuncionarios) por sospechas de enriquecimiento ilícito”, afirmó por la mañana Funes.

Sus declaraciones contrastan con la lista de 29 funcionarios actuales y anteriores que están siendo “investigados”, según un documento de la Corte, en la que aparece él.

La investigación sobre la declaración de bienes de Funes, de Antonio Saca y Francisco Flores (ya fallecido), surgió luego de que Transparencia Internacional Capítulo El Salvador  solicitó las auditorías a los tres exmandatarios.

La Corte tiene hasta el próximo 23 de febrero de plazo para entregar esos informes, dado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El primer informe  que se conoce es el de Funes, y el martes fue discutido en Corte Plena, donde se decidiría si se ordenaba o no juicio, tal como lo ha hecho ya con el diputado Reynaldo López Cardoza y Leonel Flores, exdirector general del ISSS en la era Funes.

Pero Corte Plena decidió darle tres días hábiles a Funes para que complete información. El mismo Funes lo confirmó ayer tras declarar ante la Fiscalía sobre la tregua.

“Hubo una buena cantidad de magistrados… que consideraron que el informe estaba incompleto porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración de salida al compararla con la de entrada allí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificado  su origen. Pero eso no significa que su origen sea ilícito”, alegó.

Pero según él, en ese informe no se le reportan “hallazgos de enriquecimiento ilícito”, sino una serie de gastos y compras que no aparece justificado de dónde proviene. Y  puso de ejemplo la compra de un vehículo.

Los otros investigados

En la lista de “investigados” aparece Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y actual presidente de Proesa, quien también ha negado que esté siendo siendo investigado.

Aparecen los diputados Guillermo Gallegos, y Jesús Grande, de GANA, Carlos Reyes y Silvia Ostorga, de ARENA, y Francisco Merino, del PCN.

También están bajo la lupa varios jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Cuentas, el  expresidente de la Corte Suprema, Agustín García.

Entre otros funcionarios aparecen los exministros Miguel Lacayo,  René Figueroa y David Gutiérrez, el extitular de CEL, José L. Samour, Miguel Menéndez, quien dirigió Cifco, y el exdirector de la PNC, Francisco Salinas.

El Salvador

Funes se desliga de la tregua de pandillas pese a defenderla

El expresidente Mauricio Funes se desligó, así como a su administración, de la negociación de la tregua entre pandillas, pese a que defendió la reducción de homicidios que ese acuerdo trajo consigo.

Funes dijo en declaraciones a los medios que los fiscales que lo entrevistaron le “aclararon de entrada” que no lo habían llamado para acusarlo, sino en calidad de testigo para colaborar con las investigaciones; concretamente para que les informara qué sabía de la tregua.

“¿Qué dije? Que no hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas, el pacto fue entre dos pandillas rivales. El gobierno lo único que le dio fue seguimiento a ese acuerdo, a través de los facilitadores que fueron el señor Mijango y monseñor Fabio Colindres”, dijo.

Agregó que a medida que los homicidios fueron reduciendo de un promedio mensual de 340 a 160, así como el promedio diario que era entre 15 a 18 y pasó a 6 asesinatos, fue cuando el gobierno acompañó la tregua.

Y pese a que pandilleros han testificado en un juicio contra otros 79 mareros y han dado detalles sobre la relación desarrollada entre funcionarios de la anterior administración con las maras, Funes aseguró que no le dieron ningún tipo de beneficios a los pandilleros.

Negó que sus entonces funcionarios de seguridad hayan entregado tres mil celulares y que estos a su vez hayan sido ingresados a los penales.

También rechazó que se hubiera autorizado el ingreso de prostitutas o menores de edad a los penales, así como que hubiese existido un pacto con los pandilleros para que ayudaran en las elecciones de 2014 para asegurar que Salvador Sánchez Cerén ganara la elección presidencial.

“Un criteriado (persona procesada a quien le dan beneficios judiciales a cambio de colaborar) puede decir lo que se le venga en gana y en este caso que son reos ya condenados (lo hacen) para bajar su condena”, consideró.

Al cuestionársele sobre los traslados de cabecillas del Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz”, a centros penales ordinarios aseguró que no fue él quien dio esa orden, sino el Consejo criminológico y que el entonces ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, solo los coordinó.

Pero luego dijo que si los cabecillas no eran sacados del penal de máxima seguridad no había manera de que ellos trasladaran la orden al resto de las estructuras sobre la tregua pactada. “Mi gobierno no dio ningún beneficio a los pandilleros más que aquellos que contempla la ley penitenciaria”, aseguró.

Plasmas eran para “programas educativos”

Funes matizó que el que hayan plasmas en los centros penitenciarios “no es ilegal”, por el contrario, estos servían para proyectar “programas educativos” a los reos.

Manifestó que el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, le dijo en su momento que había un artículo en la Ley Penitenciaria que permite el ingreso de este tipo de aparatos, así como la de ingresar radios y periódicos.

Además, Funes justificó que esto era para seguir el proceso de rehabilitación de los reclusos.

Finalmente, el exmandatario reconoció que la tregua falló. “Fracasó porque fue bloqueado desde afuera. ARENA lo bloqueó, la embajada Americana lo bloqueó, hubo funcionarios incluso en mi gobierno que lo bloquearon, hasta que llegó un momento en que fracasó”, dijo.

Uno de los funcionarios de su administración que Funes señaló es Ricardo Perdomo, exministro de Seguridad, quien sustituyó a Munguía Payés. Dijo que él tenía una visión diferente a ese proceso y que las decisiones que tomó llevaron la tregua al fracaso

“Yo me imagino, y esta es una interpretación personal,  que era la lógica a la que estaba condenado este esfuerzo, porque eso implicaba creer en que ellos podían mantener esa decisión”, acotó.

Acuerdo para bajar los homicidios

Entre tanto, el exdirector de Centros Penales y exviceministro de Seguridad, Douglas Moreno, afirmó durante una entrevista la noche del martes en Canal 33, que fue nombrado en dicho cargo para alejarlo del sistema penitenciario, porque no estaba de acuerdo con algunas situaciones en ese tema.

Una de las razones por las que fue separado de las decisiones de la tregua, aseguró Moreno, fue porque cuestionaba la sostenibilidad del proceso en el tiempo “pues no se puede (saber) en una tregua qué pasará después, era una respuesta que no se tenía”.

Afirmó que el acuerdo de la tregua entre pandillas surgió con el propósito de bajar los homicidios, otros delitos cometidos por esos grupos y para alejarlos del narcotráfico, la trata de personas y la venta de armas.

Moreno sostuvo que el ingreso de celulares dentro de las prisiones era del conocimiento de la Inteligencia del Estado y que la decisión de trasladar a los cabecillas del penal de máxima seguridad fue tomada entre el 5 y 6 de marzo 2014, a raíz de las elecciones que se aproximaban.

El Salvador