La violencia contra las mujeres se ha revelado como uno de los fenómenos en crecimiento de la actual sociedad patriarcal no solo en Guatemala ni solo en Centroamérica. Pero la forma como esta violencia se ha expresado en Guatemala tiene ribetes de pandemia social.

El Ejército guatemalteco se convirtió en un verdadero ejército de ocupación en su propio país en los años del conflicto armado, entre 1960 y 1996. Fue instrumento fiel de un Estado orientado a defender unestatus quo basado en formas de explotación de la fuerza de trabajo difícilmente caracterizables como capitalistas, sobre todo de la indígena, y que no podía estructurar formas de consenso más allá de un relativamente reducido grupo de empresarios y algunos sectores de la clase media, mientras que al resto de la población no le ofreció más que distintos niveles de represión.

A partir de finales de la década de los setenta, esta situación lo llevó a configurarse como Estado contrainsurgente, es decir, en donde su principal función consistió en reprimir a sectores sociales que desafiaban ese estatus quo. En este contexto, el Ejército se transformó en el principal actor político. Este, identificó al “enemigo principal” en la guerrilla, pero rápidamente se dio cuenta que, dadas las características de la guerra que esta llevaba adelante, le sería imposible derrotarla.

Se enfiló entonces en contra de su sustento, la sociedad civil. Su estrategia fue la de Tierra arrasada, que solo por su denominación es superfluo describir. Cientos de poblaciones fueron desaparecidas de la faz de la Tierra y cientos de miles de personas fueron asesinadas. En su ejecución se dieron las más abyectas vejaciones a la dignidad humana que puedan imaginarse.

En estos días se ha iniciado un juicio, en Ciudad de Guatemala, que hace referencia precisamente a algunos de estos hechos denigrantes que cometió el Ejército guatemalteco mientras implementaba su estrategia de Tierra arrasada. 15 mujeres indígenas, que fueron obligadas a trabajar para el Ejército como esclavas, y usadas sexualmente por la tropa, se han atrevido no solo a denunciarlos sino, también, con el apoyo de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, a llevarlos ante los tribunales de justicia.

Las 15 mujeres no son más que un grupo simbólico de las miles que fueron víctimas de violaciones y otras formas de vejámenes, sexuales o no. 15 mujeres que han salido a dar la cara por todas las que no están presentes porque no quisieron, no pudieron o murieron antes que esto fuera posible.

Sentadas frente a sus victimarios en el juzgado; insultadas y vilipendiadas por grupos de familiares de los militares acusados y organizaciones de extrema derecha que hacen piquetes frente a los edificios de los tribunales; arropadas bajo sus mantos multicolores que las identifica culturalmente; en un medio que les es ajeno porque vienen de lejanos asentamientos rurales, las 15 mujeres resisten el vendaval silenciosamente.

Lo hacen en un contexto en el que el mismo gobierno del país ve con recelo este tipo de juicios y recurre a todo tipo de triquiñuelas para obstaculizarlos. Junto a la sociedad las discrimina y se les ve sobre el hombro no solo porque han sido violadas, sino porque son mujeres, indígenas y pobres. Es decir, son lo último a lo que habría que ponerle atención y su actitud es vista como altanería fuera de lugar.

La violencia contra las mujeres se ha revelado como uno de los fenómenos en crecimiento de la actual sociedad patriarcal no solo en Guatemala ni solo en Centroamérica. Pero la forma como esta violencia se ha expresado en Guatemala tiene ribetes de pandemia social. El número de femicidios crece imparablemente año con año y el gobierno, al igual que con estas mujeres víctimas de la represión del Ejército en los años 80, mira para otro lado.

El Ejército guatemalteco de los años de la guerra fue una máquina de matar y vejar a su propio pueblo, y los culpables de que esto sucediera deben ser castigados. Nadie les pide cuentas de los guerrilleros que, eventualmente, pueden haber matado en los enfrentamientos armados; se les pide cuentas de las tropelías que cometieron contra la gente común y corriente. Esta gente pudo tener o no simpatías con grupos insurgentes y estaban en todo su derecho de tenerlas o no tenerlas. Pero si eso hubiera constituido un delito debieron enjuiciarlas y, eventualmente, castigarlas penalmente y no asesinarlas, violarlas y esclavizarlas, como le sucedió a este grupo de 15 mujeres.

Este juicio que hoy se lleva adelante en Guatemala es el primero de su tipo en América Latina. Hace ver una luz al final del túnel de la impunidad en el que ha vivido inmerso el país, y apunta hacia la posible construcción, en el futuro, de un verdadero estado de derecho.

Estas 15 valientes mujeres son un escalón en la vía que puede llevar a ese nuevo escenario.

*Rafael Cuevas Molina. Escritor, filósofo, pintor, investigador y profesor universitario nacido en Guatemala. Ha publicado tres novelas y cuentos y poemas en revistas.
Es catedrático e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad de Costa Rica y presidente AUNA-Costa Rica.