En los meses recientes se ha registrado una serie de obstáculos, filtraciones ilegales a la prensa y desvíos de información que ‘‘ponen en riego’’ los avances en la investigación del caso Iguala y el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, alertó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Expuso ejemplos de la ‘‘fragmentación’’ de la averiguación previa AP001, que en lugar de estar integrada en su totalidad en una sola unidad sigue dispersa, y donde acciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dificultan dicha integración al abrir nuevos expedientes que han supuesto, en la práctica, la imposibilidad de acceder a informaciones relevantes.

‘‘¿Quién deforma declaraciones?’’

En conferencia donde estuvieron los cinco integrantes del GIEI, se informó que ya se solicitó a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, acciones para concentrar todas las averiguaciones en la AP001 y se investigue ‘‘quién y por qué’’ filtra y deforma declaraciones de los inculpados.

Citaron el caso concreto del ‘‘cabo Gil’’, que en su presentación previa ante la unidad especial se reservó su derecho a declarar; sin embargo, a raíz de una ‘‘filtración’’, la prensa divulgó una versión distinta, presumiblemente falsa, sosteniendo que el grupo de los 43 fue dividido y sólo 17 fueron quemados en el basurero de Cocula. ‘‘Se dicen cosas que ellos (los inculpados) no dijeron’’, insistió Claudia Paz.

Además, estas presuntas declaraciones se habrían dado en el contexto de otra averiguación previa en la Seido, pero que no ha sido derivada a la unidad especial, la cual está a cargo de la investigación desde diciembre pasado, debido a esta fragmentación de las averiguaciones previas.

Hasta el momento, el GIEI sabe de 12 averiguaciones previas abiertas por la Seido al margen del expediente central, incluso algunas recientes, cuando ya se había trasladado la indagatoria a la unidad que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

El GIEI, instancia internacional que es coadyuvante del Estado mexicano en la investigación, indicó que el expediente de este caso emblemático, ‘‘clave para la justicia en México’’, también está en un momento crucial antes de concluir –el 30 de abril– su segundo mandato.

Primero en la presentación de su reporte, y luego en la sesión de preguntas, los integrantes del grupo repasaron los avances, las dificultades y los desafíos por venir. Se dijo que tras meses de estar paralizada la búsqueda de los normalistas, ésta se reinició en Cocula e Iguala, y que continuará las próximas semanas.

Además, se ha insistido en la necesidad de que autoridades mexicanas profundicen una investigación sobre el presunto tráfico de droga a Chicago. ‘‘Es fundamental que se indague la línea del trasiego de heroína desde Iguala a Estados Unidos. Se ha avanzado, pero insistimos en la necesidad de que se realicen las diligencias que recomendamos para el esclarecimiento de los hechos’’, dijo Claudia Paz.

Los expertos han señalado como elemento fundamental de la investigación la presunta existencia de un autobús con droga que, se sospecha, tendría por destino la citada ciudad estadunidense y que habría sido tomado por los estudiantes sin conocer su cargamento.

Esta información es fundamental para el esclarecimiento del caso, se dijo. Desde noviembre pasado, el GIEI pidió a la PGR que solicitara esa información. Pero apenas hace una semana –el 15 de febrero– se envió la petición formal a las autoridades judiciales correspondientes. Este es uno de los grandes pendientes de la indagatoria.

Sobre el interrogatorio a militares que estuvieron en Iguala los días de los hechos, se informó que el GIEI mantiene su petición, ahora con una variable: aceptarán que sea directamente el Ministerio Público de la PGR el que realice los interrogatorios, siempre y cuando los expertos estén presentes. Este es otro de los grandes pendientes.

‘‘Militares, testigos privilegiados’’

En el GIEI se estima que los militares presentes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 son ‘‘testigos privilegiados” y cuentan con información que pocos o nadie más tiene sobre los escenarios donde ocurrió la desaparición.

Incluso, advierten que un nuevo rechazo para entrevistarlos bajo esta modalidad pone en riesgo el avance de la investigación, lo mismo que una negativa a que sean entregadas fotografías y videograbaciones que realizaron elementos del Ejército y de inteligencia militar del 27 batallón en varias escenas del crimen, en particular frente al palacio de justicia, donde un grupo de estudiantes fueron bajados con violencia de un autobús. Estos jóvenes figuran entre los desaparecidos y sus últimas imágenes las tomó un elemento del Ejército.

Por otra parte, alertaron sobre la posibilidad real de que por falta de pruebas prosperen los amparos de 22 policías de Iguala, acusados del homicidio y desollamiento del estudiante Julio César Mondragón, por lo que llamaron a la PGR a aportar nuevos elementos para fortalecer las consignaciones.

Sobre el término del mandato del grupo, se dijo que será presentado un informe final y los pendientes. ‘‘Nuestro mandato puede terminar, pero las medidas cautelares que dieron origen a la creación de esta instancia continúan vigentes. Otros pueden seguir con el esfuerzo de alcanzar el pleno esclarecimiento, la verdad y la justicia’’, dijo Carlos Beristain.

La Jornada

PGR busca crear nueva versión de Ayotzinapa, reducen número de incinerados

La Procuraduría General de la República (PGR) construye una quinta versión de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la cual resulta contradictoria por la filtración de declaraciones que no aparecen en el expediente y por la fragmentación de la indagatoria central que realiza la Subprocuraduría de Derechos Humanos, advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al presentar los retos que enfrentan, los integrantes del GIEI explicaron que han detectado hasta 12 averiguaciones previas relacionadas con el caso Iguala que no se han integrado por completo a la investigación principal, incluyendo la que se derivó de la captura de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, considerado como uno de los principales lugartenientes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Claudia Paz explicó que “la fragmentación de la pesquisa provoca que el GIEI no tenga acceso completo a los expedientes relacionados con la desaparición de los normalistas, por lo que no se pueden conocer las declaraciones ministeriales de personajes clave como “El Gil” y de otros involucrados en el ataque contra los estudiantes, lo que genera dispersión de la información y pérdida de datos relevantes”.

Los expertos de la CIDH denunciaron que los 22 policías municipales consignados con motivo de estos hechos, podrían ser liberados debido a la falta de pruebas con que se les consignó por el homicidio de las seis personas durante los eventos registrados la noche del 26 de septiembre.

Ante los errores cometidos en la indagatoria, un juez federal les otorgó un amparo que revocó el auto de formal prisión, y se argumentó que no se probó ni se demostró que fueran partícipes en la desaparición.

Otra irregularidad es el hallazgo de restos óseos en un paraje del municipio de Cocula conocido como La Carnicería, los cuales no fueron procesados conforme a los protocolos que marcó el equipo argentino de antropología forense y que a más de un año de los hechos siguen sin integrarse al expediente principal de la averiguación previa 1/2015 de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Paz explicó que los restos óseos fueron localizados por las denuncias presentadas por los padres de los 43 normalistas durante las búsquedas realizadas por ellos entre octubre y noviembre de 2014, por lo que debieron integrarse a la averiguación previa principal en lugar de dejar el expediente en manos de la SEIDO.

Los expertos expusieron que “la quinta versión que se pretende posicionar plantea que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, tema que comenzó a cobrar fuerza a partir de que el GIEI rechazó que en ese mismo lugar se haya encendido una gran hoguera para calcinar a los 43 estudiantes”.

Ángela Buitrago agregó que “la nueva versión se sustenta en la filtración de declaraciones ministeriales de personas detenidas durante el año 2015, las cuales no se pueden consultar de forma abierta en el expediente, puesto que se encuentran en las averiguaciones previas que no se han integrado a la investigación principal”.

El argumento para no integrarlas al expediente principal es que se derivan de delitos cometidos en flagrancia y que están relacionadas con otros casos de delincuencia organizada.
Francisco Cox dio a conocer que “todavía faltan diligencias por realizar”.

Vanguardia


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