Las miradas de los sectores políticos y de la sociedad civil están enfocadas en los diputados de la Asamblea Nacional, quienes se aprestan a discutir el proyecto 292 de reformas al Código Electoral, iniciativa consensuada en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

En este escenario, las expectativas de los miembros de la CNRE y de las autoridades del Tribunal Electoral (TE) son grandes, sobre todo después de que en el pasado gobierno fue rechazada la propuesta para cambiar la ley electoral avalada por la comisión, pero se aprobaron reformas a la medida del entonces partido oficialista Cambio Democrático (CD).

Esta vez, el camino no se vislumbra fácil. Analistas de temas electorales consideran que el gran obstáculo para alcanzar un acuerdo será la reticencia de dirigentes de partidos políticos y de los diputados en aprobar cambios dirigidos a promover la transparencia y la equidad en los comicios;

esto, a raíz de que el proyecto contempla temas que serían objeto de controversia y que a la postre suscitarían un amplio debate, en el que al final diputados y partidos tendrán la última palabra.

El financiamiento privado, el tope de gastos de campaña, la paridad, los debates presidenciales, la prohibición para que un candidato pueda aspirar a más de un puesto de elección popular y el retorno del voto plancha son algunos de los temas álgidos en esta discusión, cuyo período de consultas se inicia hoy, 16 de febrero.

EJE CENTRAL

Para el presidente del TE, Erasmo Pinilla, el eje central de la iniciativa será el uso del dinero en la política. “Esa es la caja negra de la política panameña y en este proyecto de ley se devela de manera clara y se establecen reglas del juego equitativas para que todo el mundo sepa cómo se financian partidos y políticos”, explicó.

Aunque Pinilla reconoce que la facultad exclusiva y privativa de aprobar las leyes es de los diputados de la Asamblea, aspira a que las modificaciones que se le introduzcan al proyecto sean para mejorarlo.

El financiamiento privado en la política es el que más inquieta a las autoridades electorales y a la ciudadanía. Para Pinilla, no hay duda de que en el proceso electoral pasado se tocó fondo en cuanto al excesivo gasto de dinero público y privado. “Los excesos cometidos en el período electoral pasado justifican que se reflexione y se tomen medidas pensando en el futuro del país y de la democracia”, agregó.

BUSCAR CONSENSOS

Es en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Pedro Miguel González, donde se discutirá el proyecto en primer debate.

González coincidió con Pinilla en que en la campaña electoral pasada se gastaron millonarias sumas de dinero sin ningún control. “Hubo un derroche absurdo, sobre todo de recursos del Estado y también de donantes del sector privado, que apostaron decenas de millones de dólares”, dijo.

Prometió que las reformas estarán encaminadas a fortalecer el concepto del financiamiento público y también apostó a que la propaganda electoral sea pagada exclusivamente a través del financiamiento público.

Sostuvo que, como se trata de un proyecto que contiene “profundos cambios” para los que se requiere el mayor consenso posible, lo mejor es que sea aprobado en esta legislatura, cuando faltan tres años para las próximas elecciones. De esta manera, dijo, “todos los panameños tendrán claro cuáles son las reglas del juego”.

A pesar de las dudas que puedan existir en cuanto al poco interés de los diputados en darle el visto bueno a muchas de estas reformas, Roberto Troncoso, representante del sector empresarial en la CNRE, confía en que al menos 85% del contenido de la propuesta sea aprobada. “En esta ocasión, pensamos que sí habrá avances en la legislación electoral”, puntualizó.

El tope de gastos y la transparencia

El documento propuesto ante el Legislativo fija un tope al gasto con fondos privados en que puede incurrir cada candidato según el tipo de cargo al que aspira, a razón de 50 centésimos de dólar por elector en la jurisdicción en la que participa. También se imponen topes a los que una nómina de candidatos puede recibir de un solo donante. Para presidente de la República, el tope de gasto será del 1%, para diputado, 5%; y para alcalde, representante de corregimiento y concejal, 10%.

Según la iniciativa, quienes violen los topes de donación y gastos de campaña serán sancionados con multa equivalente al doble del monto excedido. Y además se contempla la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de cargo público, cargo directivo dentro de los partidos, y para ser postulado a cualquier cargo en la siguiente elección.

Mientras, los partidos políticos serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir el financiamiento público post electoral.

La propuesta indica que los candidatos están en la obligación de registrar todas las contribuciones privadas que reciban y los aportes propios para las campañas a través de cuentas en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros.

El proyecto también establece que la información sobre el origen de las contribuciones privadas que los candidatos recauden de terceros o aporten de sus propios recursos deberá ser presentada mensualmente al Tribunal Electoral (TE), mediante declaración jurada. El ciudadano que lo desee, podrá ver esta información en la página web de la entidad, indica la propuesta.

El TE, además, tendrá la facultad de auditar las cuentas bancarias en las que los candidatos reciban las contribuciones privadas, así como las que sean denunciadas, o sobre las que la institución tenga indicios de que han sido utilizadas para beneficiar o adversar la campaña de algún candidato.

Roberto Troncoso, representante del sector privado en la CNRE, manifestó que este tema generará mucho debate en la Asamblea, porque aún hay políticos que tienen un chip en la cabeza de que la gente no les va a colaborar porque van a saber quienes son sus donantes, “y los donantes que apuestan a toda la ruleta, no les interesa que sepan sus nombres”.

La Prensa