El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, confirmó este miércoles que se realizará un reajuste al Presupuesto General del Estado (PGE) con un precio por barril de petróleo de 25 dólares y no de 35, como se aprobó en 2015, con el fin de proteger la economía ecuatoriana frente a la situación económica externa.

“El día lunes he tenido otra reunión muy larga sobre presupuesto para ajustar el precio referencial del barril, estaba a 35 y lo hemos ajustado a 25 (dólares)”, señaló el mandatario en declaraciones a periodistas en Quito.

El Jefe de Estado también aclaró que se va a priorizar la inversión en el sector social “sin afectar a los más pobres”. Y agregó que, al igual que en 2015, cuando también se ajustó el PGE, se trabajará en beneficio de la clase baja del país.

“Ellos (la oposición) dicen no ha hecho nada Correa y proporcionalmente hemos hecho más que México y Brasil (…) y lo hicimos sin afectar a los más pobres ellos están esperando el garrotazo a la clase baja, que sigan esperando”, finalizó.

El pasado lunes el mandatario se reunió con su gabinete ministerial en el Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito, para analizar las cifras macroeconómicas y las proyecciones de crecimiento de Ecuador en este año.

En ese encuentro, según informó el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, se definió que “las cifras macroeconómicas, el entorno internacional y los precios del crudo determinan que debemos hacer ajustes (en el PGE)”.

En noviembre del año pasado la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de 29.835 millones de dólares para 2016, con un precio de 35 dólares por barril de petróleo, el más bajo de la región.

Para el ajuste presupuestario, dijo el ministro, se tomarán en cuanta dos factores externos: el precio del barril del crudo que en la realidad oscila entre los “25 dólares” y los 900 millones de dólares que Ecuador debe cancelar a la multinacional OXY, tras un juicio que esta ganó en contra del país sudamericano.

Andes

El reajuste del Presupuesto 2016 implicaría una priorización de inversiones públicas

El pasado martes 23, el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, anunció que se efectuaría un reajuste al Presupuesto General del Estado de 2016 (PGE-2016) y que está vigente desde su aprobación por la Asamblea en el año pasado.
Esta decisión permitiría reelaborar las cuentas fiscales considerando las perspectivas macroeconómicas domésticas y las cambiantes condiciones internacionales.
En términos inmediatos, el reajuste al PGE-2016 tendría como uno de sus propósitos facilitar modificaciones que permitan responder a una obligación que no habría estado prevista y que proviene de un litigio generado en 2006.
Se trata de un pago de $ 900 millones a la empresa petrolera Oxy que, una vez perdido un laudo arbitral internacional, Ecuador deberá cancelar por haber declarado la caducidad de su contrato en el Bloque 15 y la reversión de sus instalaciones.
Los supuestos de las finanzas públicas serán revisados En la propuesta fiscal aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial N° 411 del 8 de diciembre de 2015, el PGE-2016 ascendió a $ 29.835 millones.
En su ‘Cuenta de ahorro, financiamiento e inversión’, se contempló $ 23.234 millones por ingresos presupuestarios -sin considerar los diferentes tipos de financiamiento- y $ 25.701 millones para gastos totales -sin incluir la amortización de deuda y pasivo circulante-.
La relación entre ingresos y gastos generaba un déficit por $ 2.467 millones que estaba financiado y equivalía a 2,41% del PIB.
Para la elaboración del PGE-2016, el Gobierno Nacional asumió que, en el sector real, el precio promedio del barril del crudo sería $ 35, el Producto Interno Bruto (PIB) experimentaría un crecimiento del 1% y la inflación bordearía el 3,3%.
En el sector externo, se estimó 193 millones de barriles de producción petrolera; 130,6 millones de barriles de crudo exportados, 16,3 millones de barriles de derivados exportados y $ 35 como precio promedio del barril de petróleo.
A su vez, con esas expectativas, se elaboró un Programa Anual de Inversiones (PAI) por $ 5.349 millones y se presupuestó $ 860 millones para la participación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) por el Modelo de Equidad Territorial.
Debido a factores ajenos al control del país, esas previsiones macroeconómicas habrían quedado obsoletas. Ayer el presidente de la República confirmó a los medios de comunicación que “el lunes he tenido otra reunión muy larga sobre presupuesto para ajustar el precio referencial del barril, estaba a 35 y lo hemos ajustado a 25 (dólares)”.
El Jefe de Estado también aclaró que se va a priorizar la inversión en el sector social “sin afectar a los más pobres”. Y agregó que, al igual que en 2015, cuando también se ajustó el PGE, se trabajará en beneficio de la clase baja del país. “Ellos (la oposición) dicen ‘no ha hecho nada Correa’ y proporcionalmente hemos hecho más que México y Brasil (…) y lo hicimos sin afectar a los más pobres.
Ellos están esperando el garrotazo a la clase baja, que sigan esperando”, puntualizó. Las eventuales implicaciones de la modificación de los supuestos del PGE-2016 pueden ser apreciadas considerando la estructura actual de los ingresos y gastos fiscales.
El presupuesto ya no depende de los ingresos petroleros A diferencia de lo que sucedía años atrás, el 97% de los ingresos totales del presupuesto general emana de rentas que no dependen directamente del precio del petróleo.
Se trata de los ‘ingresos permanentes’ cuyo principal componente está constituido por ‘ingresos tributarios’ que -según la estimación efectuada en el año pasado antes de la presentación de la proforma al Legislativo- alcanzarían los $ 18.083 millones en 2016. En cambio, los ‘ingresos no permanentes’ -donde se incluye la previsión de ingresos petroleros calculada asumiendo un precio promedio de $ 35 por barril- representaron apenas $ 673,5 millones o el 3% de los ingresos totales aprobados.
En un eventual reajuste del PGE-2016, si los ingresos petroleros son estimados utilizando como referencia un precio promedio de $ 25 por barril, los ingresos no permanentes podrían reducirse $ 192,5 millones durante 2016, si se mantiene sin variaciones el volumen de la producción petrolera.
Cual consecuencia de la transformación del Estado efectuada desde 2007, las posibilidades de expansión de la economía ecuatoriana no están inmediatamente comprometidas por una reducción de las rentas petroleras en los ingresos públicos.
Al tener en cuenta este hecho, se entiende que el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, espera una continuación del crecimiento del PIB durante 2016, aunque a una tasa moderada del 0,4%, según indicó el martes.
El reajuste procedería por el lado de las inversiones públicas Para realizar cambios al PGE-2016, el Ejecutivo deberá tomar en consideración múltiples variables, cuya interrelación específica contribuirá al logro de distintos resultados macroeconómicos.
En tal sentido, la forma final del reajuste presupuestario solo podría surgir después de un análisis minucioso a través del cual se ponderen los rubros fiscales en función de los objetivos macroeconómicos que el Gobierno Nacional considere pertinentes para 2016.
Utilizando como indicios a las prácticas de la gestión pública efectivizadas en los últimos años, se podrían avizorar algunas opciones o direcciones preferenciales del proceso de reajuste presupuestario.
En la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019, por ejemplo, se puede apreciar que, además de ser un instrumento para organizar las labores cotidianas de un Estado, el presupuesto es considerado como un medio para alcanzar objetivos de desarrollo.
Si este es un primer gran parámetro que condiciona el abanico de cambios presupuestarios, se podría prever que los reajustes al PGE-2016 estarían relacionados fundamentalmente con la optimización y priorización de inversiones.
El Plan Anual de Inversiones (PAI) para 2016 consideraba unos 570 proyectos prioritarios relacionados con educación, salud, centrales hidroeléctricas, centrales y vialidad. En la reunión de ‘Análisis situacional y perspectivas de Ecuador 2017’, efectuada el martes 23,
Sandra Naranjo, la secretaria nacional de Planificación y Desarrollo, ratificó que los proyectos estratégicos y multipropósito continuarán hasta ser concluidos. Si esta posibilidad se concretiza, el PGE-2016 reajustado podría mantener sin mayores reducciones los recursos destinados a proyectos relacionados con los sectores estratégicos, ($ 1.563 millones), talento humano ($ 1.378 millones) y producción ($ 956 millones).
Sin embargo, la concreción inmediata de proyectos no estratégicos en otros ámbitos podría diferirse. Los componentes de la inversión social no serían afectados Si el Gobierno Nacional cuenta con las condiciones financieras para mantener sus preferencias de política pública, el PEG-2016 reajustado conservaría también la estructura básica de las asignaciones para el sector social. Si así sucede, el ‘gasto social’ podría bordear los $ 11.487 millones o mantenerse en un equivalente al 38,5% del presupuesto reajustado para 2016.
A su vez, si no existe reducción, el presupuesto para niñez y adolescencia podría representar el 12,9% del presupuesto reajustado.
Existen márgenes para cubrir las necesidades de financiamiento Los límites establecidos por los cuerpos jurídicos vigentes para el endeudamiento público son otro condicionante del reajuste fiscal.

En la proforma presupuestaria aprobada por la Asamblea, sin embargo, la deuda pública no llegó siquiera a aproximarse al 40% del PIB. Por ello, en caso de ser necesario, el PGE-2016 reajustado podría ampliar el endeudamiento.

El Telégrafo