De manera sorpresiva y con poca oposición, el Congreso aprobó la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que otorga beneficios fiscales por 10 años a las empresas dedicadas a la maquila textil y centros de llamadas que exporten sus bienes o servicios.

La norma reforma las leyes de Maquila y de Zonas Francas, que estaban vigentes desde 1989, y se impulsó con el objetivo de cumplir con el requerimiento de la Organización Mundial del Comercio en cuanto a que los países tengan una competencia igualitaria.

La Ley, que sigue en vigor, otorga exenciones de los impuestos al valor agregado, de importación y sobre la renta a las empresas que se dediquen a la transformación de materia prima para la exportación.

Por ambigüedad se adhirieron a los beneficios empresas que se dedican a diversos sectores industriales, al extremo de que, según datos del Ministerio de Economía, en la Ley de Zonas Francas están registradas 282 firmas y en la de la Actividad Exportadora y Maquila, 758, entre ellas panificadoras, embotelladoras y mineras.

Con la nueva normativa, aprobada de urgencia nacional, ayer, con el aval de 113 diputados, se restringen los privilegios solo para las maquilas de vestuario y textiles y para las que venden servicios a través de los centros de llamadas y externalización de procesos de negocio —BPO, en inglés—.

Rechazo y cambios

El primero en impulsar una nueva ley de maquilas fue Otto Pérez Molina, durante su gestión como presidente, en el 2013, y fue rechazada porque beneficiaba a varios sectores.

Meses después retomó la propuesta Antonio Ralda y presentó una nueva iniciativa con el mismo fin: privilegios fiscales para todos.

Durante su candidatura a la Presidencia de la República, Manuel Baldizón presentó una política de empleo, que era una copia exacta de la propuesta presentada por Pérez Molina. El exministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, también hizo su intento, pero fue rechazado por la Superintendencia de Administración Tributaria y la cartera del Tesoro, que argumentaban que el Estado perdería hasta Q1 mil 500 millones.

Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, indicó que la nueva ley no solo restringe los beneficios, sino que garantiza el pago de prestaciones, salario mínimo y Seguro Social.

Impacto

Óscar Chile Monroy, analista de temas fiscales, opina que habrá un incremento de la recaudación de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, porque la nueva norma reduce la cantidad de empresas que no pagaban impuestos.

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, expresó que se desconoce si habrá algún impacto positivo en el fisco, porque no hubo un estudio previo.

El Ministerio de Economía y la SAT debieron haber expuesto el dato, pero hasta ahora se desconoce cuántas empresas dejarán de tener beneficios.

En detalle

  • Las empresas gozarán de la suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación, con inclusión del IVA sobre las materias primas, productos semielaborados, materiales, envases, empaques y etiquetas, necesarios para la exportación.
  • Las personas individuales o jurídicas domiciliadas en el exterior que tengan sucursales, agencias o establecimientos permanentes que operen en el país, calificados como productoras, bajo el régimen de admisión temporal o como prestadora de servicios, no gozarán de la exoneración del ISR si en su país de origen se otorga crédito por ese impuesto que se pague en Guatemala.
  • Los bienes industriales relacionados con la industria del vestuario y textiles destinados al territorio aduanero nacional solo podrán ser vendidos por medio de otra persona individual o jurídica, calificada como usuario de servicios establecido en una zona franca.

“Podremos competir”

Alejandro Ceballos, directivo del sector de vestuario y textiles, expresó que con la aprobación del decreto 19-2016 se cumple lo que pidió la OMC para competir con otros países de Centroamérica donde no pagan ISR, con lo que se elimina la incertidumbre. “Nuestra expectativa es crecer durante el 2016 más del 10%, para consolidarnos como el principal producto de exportación”, dijo Ceballos.

“Clarifica panorama”

Óscar Chile Monroy, analista de temas fiscales, dijo que la Ley da certeza y esclarece el panorama en cuanto a si se prorrogaban los beneficios fiscales. Además, incurren en delito fiscal empresas que quieran reorganizarse para conseguir beneficios fiscales. “Debería haber un impacto positivo en la recaudación tributaria, porque hay más empresas que pagarán IVA e ISR”, señaló.

“Carece de fundamentos”

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que la norma promueve privilegios fiscales, disminuye posibilidades de mejorar la recaudación y carece de fundamentos técnicos. Hubiera sido ideal discutirla de manera integral y hacer una mejor evaluación técnica. “Esperamos que Economía controle a las empresas que tendrán 10 años de privilegios fiscales”, dijo Menkos.

Prensa Libre


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