El prometido pago multimillonario a los fondos buitres por parte del gobierno argentino no depende hoy solamente del apoyo del senado de la República –luego de la media sanción acordada por Diputados- sino también de una querella penal formulada por importantes juristas por traición a la patria y administración fraudulenta y violación de los derechos de funcionario público y abuso de autoridad

Los juristas solicitaron al juez que se dicte medida cautelar suspensiva de todo obrar que comporte consumación de los delitos reprochados y oportunamente se dicte sentencia condenando a los imputados – todos los integrantes del poder ejecutivo (entre ellos el presidente Macri y los minitros Peña, Pat Gray y Garavano) y los legisladores que presten su voto afirmativo para autorizar el pago a los fondos buitres- con el máximo de las penas establecida por el Código Penal y el artículo 29 de la Constitución Nacional.

La denuncia, radicada en los tribunales criminales y correccionales federales de la Capital Federal, fue aceptada por el juez e, inmediatamente, el fiscal se puso en acción inmediatamente pidiendo preservación de documentación y estudios. El juez puede dictar una medida de “no innovar”, que paralizaría la negociación.

Los juristas denunciaron que desde la asunción del actual gobierno se han venido realizando tratativas con los denominados “fondos buitres”, o “holdouts”, tratativas en las que no ha tenido intervención previa del Congreso, único órgano con competencia constitucional para contraer empréstitos sobre el patrimonio de la Nación, o de proceder al arreglo de la deuda interior y exterior de la misma.

Señala la denuncia que por la cuantía de los pagos comprometidos, y por poner en riesgo la reconfiguración de la deuda externa argentina llevada adelante los años 2005 y 2010, así como el carácter cancelatorio y liberatorio de los pagos operados conforme dicha reestructuración de deuda, puede llevar a restablecer un endeudamiento de 384.000 millones de dólares, hipotecando por varias generaciones al pueblo argentino.

El acuerdo con los buitres más poderosos (NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant) establece que se les pagará en 45 días (antes de 14 de abril), y antes del levantamiento de las medidas cautelares (injunctions). Además del menor descuento (25%), se les rembolsarán los costos, en especial los legales, por 235 millones de dólares. Son temas no difundidos por el gobierno, pero que agravan la sumisión a las exigencias de estos grandes fondos, más allá de los términos monetarios. Todas estas condiciones inaceptables están validadas en el proyecto de Ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Estos exagerados reconocimientos generan un riesgo importante: juicios por parte de los acreedores que entraron al canje, dado que tomaron esa decisión porque existía la llamada “ley cerrojo”, que establece que “Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda”. Con la derogación de esta ley, habría espacio para el litigio.

¿Ni acuerdo ni capitales frescos?

El haber introducido la denuncia el argumento que pagando este gigantesco premio a especuladores podría llevar igualmente a que no se cerraran las controversias, tal como había proclamado el gobierno (“volver a ser parte del mundo”, según el presidente Mauricio Macri) puso el gobierno a la defensiva. Ahora , ya nadie quiere garantizar desde el Ejecutivo, que eso no podría ocurrir.

Pero, quedó abierta una debilidad mucho mayor del macrismo que es que había proclamado e ilusionado que una vez que se cerrara el conflicto con los fondos buitre llegarían masas de capitales y créditos para activar la inversión y el empleo, y ya comienza a notarse que el cuadro financiero por delante no es venturoso, sino restrictivo y por demás condicionado. La frialdad con que Macri fue recibido en el Foro de Davos fue un buen termómetro para medir la temperatura de la realidad.

La recesión viene para quedarse, señalan prestigiosos economistas, y este gobierno –más interesado en la formación de imaginarios colectivos a través de su fuerza mediática que hacer propuestas serias y con base en al realidad que parecen desconocer) ha jugado con fuego al prometer que su priorirdad es la “pobreza cero”.

La presentación de la causa penal impulsó una campaña en marcha de apoyo a la misma que comenzó con 10.000 firmas en una semana, mientras que se presentaba espontáneamente en la causa el banquero arrepentido Hernán Arbizu para alegar a favor de la denuncia.

Asimismo, el Jefe de Gabiente comenzó a enviar al juzgado la documentación solicitada por el fiscal. Aunque no se conoce la documentación, cabe resaltar que esta vez el gobierno no desconoció ni dilató –al menos formalmente- klos requerimientos del fiscal.

Mientras, el Instituto Antonio Sampay que fue el denunciante (con los prestigosos juristas Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat a la cabeza), estudia presentarse ahora como querellante , lo cual le permitirá no sólo tener acceso completo al expediente, sino también ampliar la denuncia y sumar nuevos elementos de prueba tanto en el plano jurídico como económico.

Los juristas indican que, conforme a lo que establecen los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía de cláusulas constitucionales, la ciudadanía es el único titular del derecho de libre determinación y a la independencia económica.

*Economista argentino, integrante de la Sociedad de Economía Radical