El gobierno de Mauricio Macri acordó pagarles en efectivo 4653 millones de dólares a los cuatro fondos buitre que encabezan la demanda contra la Argentina por sus tenencias en bonos defolteados desde 2001. Este pago comprendería al 75 por ciento de la deuda en litigio y deberá realizarse antes del 14 de abril próximo. Si se suman otros fondos litigantes que aceptaron la propuesta del gobierno, la resolución alcanzaría al 85 por ciento de la deuda demandada. El dinero provendrá de la colocación de nuevos títulos públicos, por aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, para lo cual requerirá que el Congreso apruebe antes de esa fecha la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. El arreglo con el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las reestructuraciones del kirchnerismo había ascendido a 30.000 millones de dólares. “En tres meses lo pudimos hacer”, sostuvo al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al anunciar junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que sólo pudo hacerse una poda del 25 por ciento sobre la sentencia sin discutir capital. Los canjes de 2005 y 2010 se habían realizado con una quita de 67 por ciento. El gobierno espera cerrar lo antes posible este acuerdo para poner en marcha la maquinaria del endeudamiento. “La única forma para llevar adelante el país es con crédito”, afirmó Prat-Gay, quien explicó que si no se consigue ese financiamiento externo bajar el déficit fiscal requeriría de un ajuste menos gradualista.

El pasado 5 de febrero el equipo económico de Macri había presentado una oferta para abonar 6500 millones de dólares sobre un total de 9000 millones, que se componía de capital e intereses, a fondos buitre y otros acreedores en litigio, entre los que se encuentran demandantes con sentencia firme por la cláusula pari passu y los denominados me too (yo también, en inglés). EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos, que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente. Pero los carroñeros más duros, NML Capital y Aurelius, jugaron un rato más con la desesperación del gobierno macrista por emitir deuda, no aceptaron y siguieron negociando.

La noticia de un preacuerdo entre el gobierno y los buitres comenzó a circular temprano desde el despacho de Daniel Pollack, el Special Master (mediador judicial) designado por el juez Thomas Griesa. “Argentina llegó a un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril 4653 millones de dólares en efectivo y saldar el multimillonario juicio en Nueva York por su deuda en default desde 2001”, anunció a través de un comunicado el mediador. Destacó que el acuerdo alcanza al 75 por ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e intereses. “Este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos en principio previos con otros holdouts, resuelve el 85 por ciento de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me too. Continuaré trabajando hasta que todas las demandas sean resueltas”, dijo.

Por la tarde, Prat-Gay y Caputo ofrecieron una conferencia de prensa, en la que también participaron el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, y Santiago Bausili, técnico en deuda y mercado de capitales. “Es un día muy importante. Hemos llegado a un acuerdo con los fondos más duros en esta negociación”, confirmó el ministro. “Estamos buscando que nos crean en el mundo. No hay país en el mundo que crezca sin créditos. Estamos en una economía suficientemente moderna para expandirse y lo que estamos tratando de hacer justamente es recuperar eso: el crédito”, dijo. De esta manera, el funcionario justificó la premura con la que se arribó a un acuerdo más que generoso respecto a la demanda de los acreedores carroñeros.

El Gobierno pagará a los fondos manejados por Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75 por ciento de sus juicios incluyendo el capital y el interés, además de un pago para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y costas legales. “Nos pusimos duros. No quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad. Dijimos que la negociación debía ser transparente”, expresó Prat-Gay, quien aclaró que la gestión macrista jugó “con las reglas, pero con la mayor firmeza posible defendiendo los recursos de los argentinos”. Según las cifras que ofreció, la supuesta dureza en la propuesta se reflejó en una quita de entre 25 y 26 por ciento sobre el monto de la sentencia firme en Nueva York, es decir, sobre los 9000 millones de dólares a los que asciende la deuda con los intereses corridos de los últimos quince años. Esa quita no fue sobre el capital sino que se explica por un recorte del 40 por ciento sobre intereses punitorios y costas legales.

La deuda no se pagará con fondos de las alicaídas reservas ni tampoco se entregarán nuevos bonos por el importe. A los buitres se les pagará en efectivo, pero para ello el gobierno pretende emitir dos o tres bonos por un total de 15.000 millones de dólares. Según explicó el ministro, el objetivo de hacerlo así es para que los fondos demandantes no tiren abajo los precios de los títulos; es decir, que no los tomen muy por debajo de su valor técnico. Para poner en marcha esta maquinaria de endeudamiento se enviará esta semana un proyecto de ley que permita ejecutar estos acuerdos con los holdouts.

El Congreso deberá derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que en conjunto impiden una reapertura de las exitosas reestructuraciones de 2005 y 2010, a las que se adhirieron el 93 por ciento de los bonistas. El juez Griesa, con el objetivo de forzar al país a aceptar sus controversiales fallos, había dispuesto en julio de 2014 congelar los fondos depositados por el Estado argentino a los tenedores de deuda reestructurada que cobraban en Nueva York por 539 millones de dólares. Con el acuerdo, Griesa levantaría la medida.

Caputo manifestó su confianza en que se llegará bien a la fecha límite para el pago a los buitres, “el 14 de abril, pero puede haber una extensión”. “Si estamos encaminados no va a ser un problema”, dijo en referencia a la posibilidad de solicitar una prórroga. “Es muy importante la discusión que se dará en el Congreso de la Nación. No queremos que el 14 de abril luzca como un impedimento en la discusión”, agregó PratGay. El funcionario dejó en claro que el objetivo de esta negociación acelerada es poder endeudarse. “Si no tenemos un horizonte para financiarnos, si alguien no nos presta, no hay margen para el gradualismo en bajar el déficit fiscal”, sostuvo. Fiel a su concepción monetarista, el funcionario sostuvo que la emisión de pesos no es una posibilidad, porque genera inflación, y que sin financiamiento el programa fiscal y monetario requerirá de “un gran ajuste, incluso en áreas sensibles”. “Pero esta no es la propuesta de este equipo”, aseguró el integrante de un gobierno que hasta el momento sólo llevó a cabo recetas recesivas y despidos en casi todas las áreas del Estado.

Página 12

Los siete puntos claves del acuerdo con los buitres

El Gobierno anunció que llegó a un acuerdo con los holdouts más duros, conocidos como fondos buitre, y que tenían una sentencia favorable del juez Thomas Griesa en Nueva York.

“Por primera vez en 15 años, Argentina empieza a salir del default”, dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y detalló que no se usarán reservas del Banco Central para el pago, sino que se emitirán bonos.

LOS PUNTOS CLAVE DEL ACUERDO

1. Con qué fondos se acordó. Se acordó con los fondos que representan el 85% de los reclamos beneficiados por la cautelar en Nueva York. Estos incluyen a los fondos más agresivos como Elliot (NML/Singer), Dart (EM Limited), Aurelius, Blue Angel, Olifant (Bracebridge) y muchos otros Me Too´s. Estos fondos no incluyen el acuerdo con los italianos representados por TFA de Nicola Stock ya anunciado en enero.

2. Qué significa este arreglo. Este arreglo marca el paso fundamental en la normalización de la relación de Argentina con el mercado de capitales que nos permitirá acceder a financiamiento externo de largo plazo para financiar inversiones en infraestructura y acercarnos a la meta de reducción del desempleo y pobreza cero de esta administración.

3. Qué condiciones se tienen que cumplir. El cierre definitivo de estos acuerdos resultará en el levantamiento permanente de la cautelar en la corte de Nueva York cuando el congreso apruebe estos acuerdos, derogue las leyes cerrojo y de pago soberano y se pague a los acreedores con el dinero recaudado mediante la colocación de bonos internacionales en el mercado.

4. Cómo se les va a pagar a los holdouts. El pago se realizará en efectivo con el dinero que se recaude a través de la colocación de bonos internacionales. Esta estrategia resulta dos beneficios para Argentina:

A – Acelera un acuerdo ya que se negoció con los fondos el valor de su reclamo y se evitó entrar en negociación sobre los bonos que habría que entregarles, su estructura y valuación;

B – Argentina le colocará bonos a inversores que quieran invertir en Argentina y no a los fondos holdouts que intentarán monetarizarlos en el corto plazo, obteniendo así las mejores tasas disponibles en el mercado.

Si se hubiesen entregado los bonos como parte de este acuerdo, los inversores se quedarían con el beneficio de las mejoras en los precios de mercado resultantes de estos anuncios. Esto representa para Argentina un ahorro adicional de aproximadamente 20% del monto a ser pagado.

5. Cuál es la quita que se logró. La quita obtenida al final de este proceso va a ser en torno del 25% o más sobre el total de los reclamos. Este 25% incluye distintos componentes dependiendo de la situación legal de cada reclamo.

6. Qué pasa con los que no entraron. La intención de Argentina es cerrar este capítulo y pasar a una nueva etapa en nuestra historia financiera. La propuesta presentada permanecerá disponible hasta que las aprobaciones requeridas nos permitan ejecutar las transacciones necesarias. Esperamos que en este tiempo se sigan sumando adhesiones. Argentina defenderá sus derechos legales pero habiendo solucionado gran parte del problema la resolución de los restantes no debería resultar en un proceso disruptivo hacia delante.

7. Cuándo hay que realizar el pago. El acuerdo alcanzado anoche con los fondos grandes tiene un plan de vigencia hasta el 14 de abril a partir de cuando habría que negociar la extensión de ser necesaria. El plan actual acordado con los fondos se va a presentar el paquete legislativo al congreso esta semana y trabajar la documentación de las colocaciones en paralelo, de manera de estar listos para estar fondeando las transacciones a principios de abril.

InfoNews

Macri inaugura las sesiones con un discurso marcado por el acuerdo

Con el acuerdo con los fondos buitre como prioridad de su agenda legislativa, Mauricio Macriinaugurará hoy un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso en lo que será su primer discurso de apertura del año parlamentario.

El Presidente llegará minutos antes de las 11.30 a la sede del Congreso para comenzar con la ceremonia, en la que leerá el mensaje que ayer ajustaba con sus colaboradores. Está previsto que dure entre 45 minutos y una hora. El macrismo convocó a sus militantes a una movilización para acompañar al Presidente, bajo la consigna “1M Vamos juntos”.

Tras el anuncio, ayer, de un preacuerdo con los fondos buitre, el mensaje presidencial estará teñido por el pedido a los diputados y senadores de acompañar el nuevo endeudamiento con el que el Gobierno intentará hacer frente al pago, por un máximo de 15.000 millones de dólares, tal como detalló el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay . Para que el acuerdo se concrete, el Presidente necesita que antes del 14 de abril el Congreso apruebe un paquete de leyes para cerrar el capítulo de la deuda.

Las medidas incluyen la derogación de la norma que hasta ahora impedía presentar una mejor oferta a los acreedores, llamada ley cerrojo, y la que establecía como sede de pago la Argentina o Francia, conocida como ley de pago soberano, que había sido sancionada el año pasado a instancias del anterior gobierno para poder sortear el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa , que le impedía hacer frente a los compromisos internacionales hasta que no cerrara un acuerdo con los holdouts.

Macri hablará ante un Congreso fragmentado, en el que el kirchnerismo sigue siendo la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, y un peronismo fuerte en el Senado, más cercano a las necesidades del actual gobierno.

Ayer, cada ministerio terminó de enviarle al equipo de comunicación del Gobierno sus balances y planes para el año. Se espera que Macri haga un diagnóstico de lo que encontró al llegar a la Casa Rosada, aunque según describieron fuentes oficiales, no será el eje central del mensaje, sino una primera parte. Después será el turno de las propuestas.

Entre los proyectos de ley se incluirán medidas para paliar los efectos de la inflación, como la prometida universalización de las asignaciones por hijo o la rebaja del IVA para los productos de la canasta básica. Colaboradores presidenciales remarcaron a LA NACION que buena parte de los anuncios estarán centrados en medidas de corte social, incluida una reforma a la ley de Defensa de la Competencia. Para acompañar la escena con los anuncios, prepararon un palco especial para invitados que vía facebook se comunicaron durante la campaña con el Presidente y que fueron parte de los famosos timbreos. Los llaman los “mano a mano”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.

Más allá de las propuestas legislativas en carpeta, la mayor prioridad de la Casa Rosada será lograr el consenso para conseguir una nueva emisión de deuda para afrontar el pago a los fondos buitre. El debate arrancará esta misma semana. El Gobierno se muestra confiado en conseguir el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores, y sobre todo de los bloques de peronistas no kirchneristas.

El Frente para la Victoria es el bloque que se opone de manera más firme a la derogación de las leyes que pide el Gobierno, junto a los legisladores de izquierda.

El discurso de Macri se dará en medio de un clima caldeado con el kirchnerismo, después de la disputa por los despachos que ocupan diputados del riñón más cercano a la Cristina Kirchner, entre ellos su hijo, Máximo, y la reciente citación por parte del juez Claudio Bonadio para que la ex presidenta declare en una causa por la venta de dólar futuro tras una denuncia de legisladores de Cambiemos.

El “protocolo”, con estreno oficialista

Ayer por la tarde, se reunieron funcionarios de Cambiemos con responsables del Ministerio de Seguridad para “coordinar las pautas” de la movilización de hoy y brindarle, de esta manera, “mayor previsibilidad a la ciudadanía”

A partir de las 11 de hoy estarán cortadas Avenida de Mayo y 9 de Julio, a medida que avance el auto oficial hacia el Congreso. A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad aseguró que buscarán aplicar el protocolo de actuación para “garantizar que las manifestaciones se produzcan de manera ejemplar, asegurando así el libre tránsito de las personas”.

Por medio de las redes sociales se hizo una convocatoria para marchar en apoyo de Macri en el comienzo de sesiones, a la que también se sumaron algunos funcionarios. Desde el ministerio no puntualizaron al respecto, a pesar de que podría finalmente estrenarse el “protocolo antipiquetes”.

La Nación

Acuerdo Buitre, inaceptable extorsión – Por Axel Kicillof

Sabemos ya que el gobierno de Macri ofreció a los fondos buitre mejores condiciones que las que los mismos buitres ofrecieron al gobierno de Cristina. Incluso se ha conocido que Macri quiere pagarle a algunos fondos, como el caso de Dart, el 100 por ciento de lo que reclamaban a Griesa. ¡Así es fácil llegar a un “acuerdo”! La negociación no fue agresiva, todo lo contrario, y esto se debe a la urgencia por arreglar a cualquier costo. La desesperación no es, ni en éste ni en ningún caso, una buena estrategia de negociación.

Ahora la extorsión se traslada al Congreso. Al juez Griesa ya no le basta con extorsionar al Poder Ejecutivo sino que pretende ordenar al Congreso de la Nación las leyes que tiene que derogar o promulgar para pagarle a un puñado de especuladores en mejores condiciones que las que aceptó el 93 por ciento de acreedores de buena fe. Concretamente, los fondos buitre pagaron 25 centavos por dólar y ahora piden 4 dólares. El 93 por ciento, en cambio, aceptó recibir 30 centavos por cada dólar, lo que terminó siendo un buen negocio porque Argentina creció ininterrumpidamente en la última década y pudo pagar todos los vencimientos acordados como nunca antes en su historia.

¿Cuál es el monto total del autodenominado “acuerdo” de Macri y cuál la ganancia de los fondos buitre? Todavía no conocemos el dato exacto. Lo que sí sabemos es que Macri ofreció a los fondos buitre dinero en efectivo. ¿Cómo planea conseguir estos fondos? Endeudándose por una cifra de 15.000 o 20.000 millones de dólares. Llegamos así a la siguiente conclusión: de manera encubierta, el gobierno de Macri está pidiendo al Congreso la autorización para realizar una de las operaciones de deuda más formidables de toda nuestra historia, sólo comparable con los tristemente célebres “megacanje” y “blindaje”. Además, según Clarín, los beneficiarios de este negocio serán los “sospechosos de siempre”: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS. Son los mismos bancos que le “prestaron” 5000 millones de dólares al BCRA hace pocos días. Lo que no se menciona es que para conseguir ese también autodenominado “crédito” el BCRA tuvo que poner como garantía 12.000 millones de dólares, es decir, más del doble. En resumen, en poco menos de 3 meses Macri va a endeudar al país en 20.000 o 25.000 millones de dólares, una cifra que supera las reservas internacionales en poder del Banco Central.

Para tener una idea de la inequidad (¿o de la ilegalidad?) que implica lo quieren presentar como un acuerdo que genera entre el 93 por ciento que apostó por la Argentina y el 7 por ciento que decidió especular e ir a juicio contra nuestro país, baste decir que nos vamos a endeudar para pagarle a ese 7 por ciento ¡en un valor que equivale a la mitad de la deuda que se le reconoció al restante 93! Así como se lee: el 7 por ciento de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50 por ciento de lo que se les reconoció al 93 por ciento de los acreedores. Esta “exitosa negociación” no es otra cosa que “hacer lo que dice Griesa y pagar”, calladito y contante y sonante.

El arreglo de Macri con los buitres contrabandea entonces una operación de endeudamiento gigantesca, cuyos detalles financieros y “comisiones” tampoco conocemos. Recordemos que la Corte Suprema acaba de confirmar el procesamiento del actual presidente del BCRA por las comisiones que se pagaron en el megacanje. La ganancia de los bancos va a ser doble: por un lado, las comisiones por emitir esos 20.000 millones, que si fueran del 2 por ciento significan nada menos que 400 millones. Pero, además, seguramente el precio de los bonos probablemente crezca no bien se anuncie el acuerdo. Si mejoran los bonos en un 4 o 6 por ciento, la ganancia de los bancos puede llegar a 1000 millones adicionales. Lo que encubre esta inaceptable extorsión sobre el Congreso de la Nación para que derogue las leyes que exige un juez norteamericano (Griesa) es un posible negociado que podría llegar a 1400 millones de dólares.

Pero hay otros elementos centrales que aún se desconocen sobre el acuerdo. En primer lugar, mientras a Argentina se le pide derogar sus leyes, el juez Griesa va a “suspender” su orden, lo que no implica dejar sin efecto la sentencia sobre el pari passu ni garantizar que no queden más buitres sin entrar al acuerdo. El riesgo es, entonces, que nuevos fondos buitre repitan el reclamo y nuevamente impidan el cobro de los bonos. Si no se garantiza un acuerdo con el total de los “holdouts”, más adelante, un solo bonista con un solo bono puede llevarnos a la misma situación. Que no nos extrañe que sea el mismo Paul Singer o algún otro camuflado con otras plumas que vuelve al ataque.

En segundo lugar, si a los fondos buitre se les paga 10 veces más que al 93 por ciento de los acreedores, no sería extraño que en el futuro sean estos últimos los que reclamen un trato igualitario. Y tampoco sería extraño que los bonistas encuentren un juez que les dé la razón, incluso con mejor criterio que Griesa. Entonces lo que parece una solución se transformará en un problema inmenso. Ni Macri ni sus abogados han hecho nada para garantizar que este “acuerdo” no genere riesgos legales futuros para la Argentina. Total, el problema vendrá después … del enorme endeudamiento.

Por último, si Argentina avanzara por esta opción estaría quedando aislada del mundo. Sí, así como se escucha: la misma fuerza política que denunció durante años que las políticas del kirchnerismo nos “aislaban del mundo” son hoy las que encabezan una operación de endeudamiento que contradice los principios de reestructuración de deudas soberanas. Estos principios recibieron el apoyo de 136 países en el pleno de las Naciones Unidas, y fueron declarados de Orden Público mediante la ley N° 27.207. En particular, cabe recordar uno de los Principios fundamentales de la ONU, el Principio 5 de Trato Equitativo “impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores” y que cualquier arreglo individual “garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores”.

El apuro por “acordar” deriva de que todo el plan económico de Cambiemos parece basarse en el endeudamiento externo. Y derogar la ley de Pago Soberano es un paso clave para abrir esa puerta que nuestro país nunca tiene que volver a abrir. El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, que comenzó con 5000 millones de dólares del BCRA y sigue con la emisión de 15 o 20.000 millones de dólares que nunca ingresarán a nuestro país y que irán a alimentar a estos carroñeros internacionales que son los fondos buitre. No sólo se violan así los principios en materia de deuda soberana de la ONU y se generan riesgos legales incalculables para el futuro, sino que es un retorno a los mismos errores que en el pasado condujeron a la Argentina a su peor crisis económica, política y social. De desarrollo, inclusión o pobreza cero, ni hablar.

* Diputado nacional.

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