Un presidente estadounidense recibió uno de los peores cachetazos sufridos por la política de control regional de su país, el 5 de noviembre de 2005. Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula Da Silva, desde Mar del Plata, le dijeron “No al ALCA”, el tratado de libre comercio que beneficiaba a los intereses de las grandes corporaciones y empobrecía, aún más, a las mayorías de las naciones de Latinoamérica y el Caribe. George W. Bush se comió el desaire, la trompada y, sobre todo, el rechazo a su plan de control productivo y comercial. Once años después, su colega “demócrata”, Barack Hussein Obama II, llega por la revancha a bordo del “Air Force One”, el Boeing 747-200B que se convierte en “la Casa Blanca en el aire” cada vez que lo aborda ese hombre de 55 años, nacido en Honolulu, Hawái, hijo de un economista keniano y de una antropóloga de Kansas, que es presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2009.

Ezeiza es hoy el aeropuerto de un país diferente de aquel. Sudamérica también es una región distinta; gobiernos como los de Chile, Colombia, Perú, Uruguay, por ejemplo, ya firmaron, están a punto de hacerlo o simpatizan de manera abierta, con acuerdos de libre comercio como aquel que el continente rechazó. Kirchner y Chávez fallecieron, Cristina está en El Calafate y Lula le pasó el mando a Dilma Rousseff, que giró el rumbo de su economía hacia políticas de ajuste.

¿A qué viene Obama en realidad? Las primeras respuestas de la prensa oficialista aseguran que lo hace para marcar el rechazo al gobierno kirchnerista que comandó el país durante doce años, con una política de presencia del Estado, inclusión y redistribución del ingreso, diferente a la impuesta a decreto puro por Mauricio Macri desde el 10 de diciembre de 2015, representante de uno de los grupos económicos más importantes del país.

En realidad, la parada de dos jornadas en Buenos Aires, surgió de la intención del equipo de Obama de enviar un mensaje hacia el interior de su país, sobre todo hacia sus opositores “republicanos”, para compensar su “arrojo” al viajar a La Habana con el castrismo en el poder, a través de una palmada en la espalda a la “nueva esperanza sureña”, que representan Macri y su equipo de gerentes de las principales corporaciones argentinas, estadounidenses y mundiales.

La visita implica un movimiento geopolítico por parte de Washington; la estancia en Buenos Aires del jefe de la Casa Blanca pone reflectores internacionales sobre una gestión de la que espera más gestos de apoyo a los desestabilizadores del gobierno bolivariano de Venezuela y de presión sobre Cuba. Washington apunta a contribuir a un nuevo liderazgo sudamericano, alternativo a la construcción subregional de la última década, plasmada en organismos como el Mercosur, la Unasur y la Celac, que no necesariamente pretende sea argentino, pero que incluye a Buenos Aires entre sus capitales. Por añadidura, el aterrizaje tiene implicancias de respaldo a las corporaciones multinacionales que están representadas en el “gabinete de la oligarquía” que gerencian las administraciones PRO.

El Departamento de Estado espera que el gobierno argentino vuelva a comportarse como una ficha propia en un tablero que cada vez se parece más a una recreación de la doctrina del presidente James Monroe de “América para los americanos” -que cotizan en Wall Street, obvio- y un juego de tensiones con visos de “guerra fría”, de baja intensidad, pero guerra al fin, complementaria a la que también desarrolla como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de su país. El Premio Nobel de la Paz 2009 llega a Buenos Aires con el récord nada casual de participación en guerras para una gestión. Además, sólo en 2015, lanzó 23.144 bombas sobre Irak, Siria, Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia; durante sus períodos también atacó a Libia e Irak.

La región reviste un valor significativo para los Estados Unidos y no como “patio trasero”, sino como “reserva estratégica” de esos “bienes comunes”, que el capitalismo considera “recursos naturales” extraíbles y procesables sin límites, además de representar un mercado inmenso de consumidores de productos y servicios. Washington y su Comando Sur consideran Latinoamérica y del Caribe son “estratégicamente importantes” para su seguridad nacional y su futuro económico. Remarcan que los intereses de su país “están mejor resguardados en un hemisferio de países estables, seguros y democráticos. El futuro próspero para todos se asienta sobre una base de valores compartidos, gobiernos eficientes, sociedades libres y economías abiertas de mercado”, requisito que, ahora sí, cumple la Argentina.

El combate contra las drogas y el “narcoterrorismo”, la prestación de asistencia humanitaria, la realización de ejercicios y operaciones que necesitan la participación de las FFAA, el establecimiento de relaciones entre el sector público y privado y la intervención en el teatro de la seguridad y la cooperación, son las “áreas de trabajo” definidas para alcanzar sus objetivos.

Pobreza e inequidad, corrupción, terrorismo, criminalidad, tráfico de drogas y desastres “naturales”, son presentados como desafíos que amenazan aquellas metas. En realidad, cada ítem es una puerta por la que los cuadros del Comando Sur, el Departamento de Estado, la CIA y la DEA, los organismos de crédito y las embajadas con bandera de barras y estrellas, atraviesan para afincarse en los países que consideran importantes para alcanzar sus fines, definir políticas y alinear gobernantes u opositores.

En la Argentina, lo intentaron con fuertes presiones mantenidas incluso durante los gobiernos kirchneristas a través, por ejemplo, de donaciones a provincias, capacitaciones en Estados Unidos o de la cooptación de cuadros de gestión en organismos de protección civil. La máxima expresión de esa maniobra fue el intento de instalar en la provincia de Chaco el primer “Centro de Respuesta a Emergencias”, financiado por una donación de la Embajada de Estados Unidos, que la presidenta Cristina Fernández alcanzó a frenar cuando el Ministerio del Interior, entonces comandado por Florencio Randazzo, ya había aprobado el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”, a través de un convenio bilateral impulsado por el Comando Sur y su embajada, embozado tras la definición de “aporte a los programas sociales del gobierno” argentino. La intención final y permanente era y es instalar una base que les permita reforzar el control sobre la cuarta reserva de agua subterránea del mundo, el Acuífero Guaraní, que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que ya ejercen desde su base en Mariscal Estigarribia.

Rápido para los mandados, Macri ya mandó a Washington a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrrich, junto al secretario del ramo, Eugenio Burzaco, para recibir letra de funcionarios clave de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Estado y de Seguridad Interior. Una forma de tratar de avanzar en la promoción de la “cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos” que plantea el Comando Sur.

Estados Unidos camina hacia una nueva concentración de “esfuerzos” sobre las zonas petrolíferas del Caribe, en los acuíferos del Sur, en el Amazonas, en los minerales del altiplano argentino-boliviano y de la Patagonia.

Los vientos que impulsan al AF-1, son los mismos que empujan un reflujo en la región, impulsado en la Argentina por la administración Macri, con renacimiento de medidas liberales, perspectivas reprivatizadoras, menos Estado, políticas económicas de exclusión, distribución regresiva de las rentas y un concepto de “seguridad” que recorta los derechos de la sociedad civil; es decir, un modelo contrario al pueblo. En su construcción en “espejo invertido” de una identidad diferenciada del gobierno kirchnerista, donde todo lo que estaba bien ahora está mal y viceversa, agasajar al Presidente de los Estados Unidos, para la actual Casa Rosada no implica recibir a un par, a otro jefe de Estado, sino que muestra el “regreso al mundo” del país, incluso cumpliendo órdenes de un juez municipal de Nueva York que le exige cambiar la legislación nacional.

El sobrevuelo de Obama, además de la implicancias estratégicas tiene consecuencias locales. Constituye el respaldo de su investidura hacia las acciones que encaren las corporaciones y bancos transnacionales que colaron decenas de cuadros en el gabinete nacional y deciden y “regulan” desde atrás del mostrador del Estado los negocios de sus propios mandantes privados.

La parte más influyente del gabinete de Obama, los zares nombrados directamente por él, se encuentran íntimamente ligados a los grandes bancos como JP Morgan y Goldman Sachs. El ministro de Hacienda argentino y su secretario de Finanzas, Alfonso Prat Gay y Luis Caputo, o Miguel Ángel Gutiérrez, uno de los directores de YPF, vienen de integrar la plantilla de la banca creada por John Pierpont Morgan, que multiplicó su fortuna comprando rezagos militares a u$s 3,50 para revendérselos a las propias FFAA a u$s 22.

En esa fila imaginaria de generales corporativos de la gestión PRO, podrían cuadrarse frente al hombre de Hawaii representantes de la General Motors, Goldman Sachs, Citicorp, Duke Energy, BankBoston, IBM o CocaCola. Además de Monsanto, que sumaría al besamanos a uno de sus admiradores, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, junto al ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, que fuera gerente general de la División de Semillas Vegetales para Argentina, Uruguay y Paraguay de Monsanto Company, empresa que introduce en el país un paquete de semillas transgénicas portadoras de sustancias catalogadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de “posibles cancerígenas”, como el glifosato, agroquímico que causó daño al ADN y a los cromosomas en las células humanas analizadas.

Si los pedidos para que evite la situación no prosperan, el 24 de marzo el jefe de la potencia hegemónica en la región, además de comprobar cómo eran las instalaciones en las que los militares ponían en práctica las enseñanzas de sus maestros estadounidenses y usaban los elementos comprados con los préstamos de sus bancos, tendrá una demostración de la importancia de la organización y la movilización que se dan los pueblos, a pesar de sus políticas de hambreamiento y represión.

Difícilmente pida perdón, como hace el Papa ante los pueblos que fueron masacrados por la espada escudada tras la cruz de su Iglesia. Podría hacerlo, por las torturas y las picanas, por los fusiles y los datos pasados a los ingleses para que centenares de jóvenes argentinos encontraran su tumba en el Atlántico. Por los Citibank, Chase Manhattan Bank, Bank of America y otra veintena de bancos cuyas deudas asumió el Estado argentino, hasta terminar en la más grave crisis social y económica del país, con mortalidad infantil aterradora, desocupación descomunal, analfabetismo y marginalidad extrema, todo a partir de una deuda que creció de menos de u$s 8.000 millones en marzo de 1976, a más de 170.000 millones.

Los grandes medios nacionales tratarán de disimular la envergadura del rechazo popular a la visita y el compromiso de los manifestantes, además de escupir un discurso de estigmatización de las organizaciones populares que recorran cada plaza de la Nación. Macri, Mauricio, puede seguirles el juego y convencerse de que, apenas, son “gente” a la que no le gusta la alegría. Si se equivoca, el dueño del Air Force One ya no estará cerca para darle una mano.

*Sociólogo y periodista argentino. Codirector de Miradas al Sur