Comunicado familia Bertha Cáceres y COPINH del 9 de marzo del 2016

EXIGENCIAS AL ESTADO DE HONDURAS ANTE EL ASESINATO
DE BERTHA CÁCERES FLORES

Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestra compañera y madre, Bertha Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH ocurrido el pasado 2 de marzo.

Lo ocurrido no constituye un hecho aislado, su muerte demuestra la grave situación de riesgo en que nos encontramos las y los defensores de derechos humanos y en particular quienes defendemos los derechos de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza en contra de la explotación de nuestros territorios. Este peligro es permanente y afecta a todas las personas que nos rodean, incluida nuestra familia.

En los últimos años, tanto Bertha nosotros, la familia e integrantes del COPINH hemos sido víctimas de numerosos actos de hostigamiento, amenazas, persecución y criminalización por parte de agentes estatales y no estatales. En especial a partir de la entrada en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la empresa DESA (Desarrollos Energéticos s.a) dentro del territorio de la comunidad Lenca de Río Blanco.

Todos los hechos de persecución en contra de nuestra fueron denunciados y públicamente conocidos, sin embargo no se adoptaron medidas efectivas de protección, tampoco se investigaron ni hubo voluntad política para escuchar la voz del pueblo lenca que demanda respeto a su territorio y a su dignidad. Por ello, el Estado de Honduras es responsable del asesinato de nuestra compañera y madre Bertha Cáceres.

Debido al impacto que este hecho ha tenido en la comunidad nacional e internacional y la importancia de que se haga justicia en este crimen y en respeto de la memoria y la vida de lucha de nuestra Bertha Cáceres. Los integrantes del COPINH y la familia demandamos que:

1.   En el marco del cumplimiento de las medidas de protección, se solicite la firma, de manera inmediata, de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia de manera que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público.

2.   Se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad lenca de Río Blanco y a las personas integrantes del COPINH. Este proyecto de DESA constituye un peligro permanente para nuestra  seguridad.

3.   Se suspendan de manera inmediata todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo Lenca sin respetar el derecho de  la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, puesto que son la principal fuente de amenazas y agresiones, y que de esta manera se inicie un proceso de revisión a efectos de cancelar estos otorgamientos.

4.   La desmilitarización de las zonas y territorios del pueblo Lenca, y el respeto a la autonomía territorial y formas de autogobierno de las comunidades Lencas, erigiendo al COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.

5.   Se implemente en forma inmediata la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, disponiendo de todos los recursos que se requieran para una aplicación efectiva y acorde con las necesidades de la organización.

Exigimos el compromiso de las más altas autoridades el país para cumplir con las solicitudes planteadas, y en tal sentido, solicitamos en forma pública una reunión urgente con el señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como con el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla y con los Secretarios de Estado competentes para garantizar el respeto a la integridad del pueblo lenca.

A la comunidad internacional, solicitamos acoger nuestras solicitudes e insistir ante las autoridades del Estado de Honduras para que se cumpla con las mismas.

Dado en Tegucigalpa, 9 de marzo de 2016.
Familia de Bertha Cáceres Flores
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN)
Acompañados por:
La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Indígenas lencas anuncian acciones y movilizaciones a partir de este fin de semana

A partir de este fin de semana comienzan las movilizaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) tanto a nivel local como a nivel nacional, informó Tomás Gómez Membreño, coordinador de esa  organización.

Gómez agregó que,  las acciones se emprenderán en repudio al hostigamiento que ha estado metiendo el Estado hondureño al pueblo indígena lenca y también a los miembros del COPINH y porque quieren incriminar la organización en el asesinato de su compañera.

Además,  los mueve el deseo de petición para que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres, una hermana indígena, luchadora, revolucionaria que no se doblegó ante ningún ente de gobierno o de la empresa privada que ofrecía fuertes sumas de dinero para sobornarla.

Gómez manifestó que,  ellos continuarán con la lucha de Cáceres, pero también con demandas al gobierno de Honduras por el incumplimiento de sus exigencias y por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada, con base al convenio 169 de la OIT.

El 17 y 18 de marzo se desarrollará la marcha indígena que arrancará en un punto de las comunidades lencas de Intibucá y Lempira y culminará en la capital de Honduras, Tegucigalpa, informó Laura Zúniga Cáceres, hija menor de Berta Cáceres.

Para los días 14 y 15 se anuncia la gran marcha de la solidaridad en la cual estarán organismos internacionales y ambientalistas de diversas partes del mundo, como parte del respaldo internacional hacia Berta Cáceres, informó Laura Zúniga Cáceres, hija menor de la asesinada defensora de derechos humanos.

¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?

El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional adoptado en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 2009.

Dicho convenio establece el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

El convenio 169 de la OIT, regula además materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización. Finalmente, se refiere a la conservación de su cultura y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles, entre otras materias.

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Mas de 250 ONG´s envían carta al Secretario de Estado John Kerry por asesinato de Berta Cáceres

Excelentísimo Señor Secretario de Estado John Kerry:

Escribimos esta carta sobrecogidos por el estupor y una profunda pena por el asesinato de la defensora de los derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres, fundadora y secretaria general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Invocamos una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras.

Berta Cáceres, galardonada en 2015 con el prestigioso Premio Goldman del Medio Ambiente, fue una visionaria líder de los derechos indígenas y ambientales. Ella encabezó esfuerzos para proteger a los pueblos indígenas contra proyectos de desarrollo de gran escala que están siendo impulsados en Honduras sin consultar con las comunidades y sin preocuparse por el medio ambiente. Ella organizó a comunidades en Honduras y en todo el mundo contra la extracción de recursos naturales sin contar con el consentimiento respectivo, y para la defensa del Río Gualcarque, un espacio sagrado del pueblo lenca y una fuente esencial de agua, oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Berta Cáceres fue una líder muy querida de los diversos movimientos sociales en su país. Miembros de la sociedad civil hondureña –al igual que muchos en la comunidad internacional— se unen en el dolor y la indignación por su muerte.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras. El ambientalista y periodista mexicano Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México y del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva, también resultó herido en el ataque. Invocamos que se permita al Sr. Castro retornar inmediatamente a su país de manera segura.

En el curso de su trabajo, Berta Cáceres sufrió constantes amenazas de muerte contra ella y contra su familia, amenazas de violencia y agresión sexual, ataques y acoso. Debido a su trabajo, también fue objeto de continuo acoso legal por parte de autoridades judiciales, y de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y de funcionarios del gobierno local. Durante los seis meses precedentes a su asesinato, según el COPINH, las amenazas escalaron e incluyeron disparos contra su auto y amenazas verbales y mensajes, por parte de miembros de las fuerzas armadas, la policía, autoridades locales y representantes de la compañía hidroeléctrica.

La señora Cáceres obtuvo medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 pero nunca recibió la protección plena que requería. Nos escandalizan las declaraciones del Ministro de Seguridad Julián Pacheco, quien efectivamente culpa a Cáceres por el incumplimiento del gobierno hondureño de su obligación de protegerla. Ella es una de los 15 defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Honduras mientras se encontraban resguardados por medidas cautelares de la CIDH, tal como lo ha reportado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El 5 de marzo de 2016, la CIDH otorgó medidas cautelares para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro Soto, dado el riesgo para su seguridad.

La muerte de Berta Cáceres confirma lo que un informe  elaborado en 2015 por Global Witness ha mostrado: Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. Al menos 109 activistas ambientales  fueron asesinados entre 2010 y 2015. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos de cualquier tipo. Líderes indígenas y garifunas, activistas LGBTI, sindicalistas, activistas por los derechos de las mujeres, activistas por los derechos humanos, operadores de justicia, y periodistas que informan sobre temas de derechos humanos y corrupción, al igual que los activistas ambientalistas, se encuentran en riesgo. El asesinato de Berta Cáceres envía un devastador mensaje a todos los hondureños que tratan de ejercer sus derechos.

Le urgimos a dar los siguientes pasos:

Respaldar una investigación internacional independiente, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de la señora Cáceres, y a urgir a que el gobierno hondureño acoja tal investigación y coopere plenamente con ella. Una investigación independiente de este tipo es esencial dada la falta de confianza en el sistema judicial, la impunidad imperante que incluye a casos que involucran a defensores de los derechos humanos, y la naturaleza emblemática de este caso.

Insistir en que las autoridades judiciales hondureñas lleven a cabo su deber de investigar de manera efectiva y oportuna el asesinato de Cáceres, en cooperación con la investigación internacional, y siguiendo líneas de indagación que tomen en cuenta el contexto del trabajo y la situación de riesgo de Cáceres; y que persigan a los autores tanto intelectuales como materiales del hecho, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.

Presionar al gobierno hondureño para que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 5 de marzo, y a proporcionar protección inmediata, efectiva y cuidadosamente consultada a los miembros del COPINH, a los familiares de la señora Cáceres, al Sr. Castro y a todos los testigos del caso.

Ante esta trágica pérdida, nos unimos para invocar un cambio más sistémico. Pedimos al Departamento de Estado que aclare al gobierno hondureño que una alianza y financiamiento futuros dependen de la demostración de la voluntad política para investigar y procesar judicialmente este delito y todos los delitos contra defensores de los derechos humanos. El gobierno hondureño debe poner plenamente en operación y financiar adecuadamente el mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, con medidas de protección consultadas con los beneficiarios. El gobierno hondureño debe garantizar la libertad de expresión, incluyendo la terminación de la severa y constante represión de las protestas sociales, asegurar el fin inmediato de intimidantes declaraciones públicas por parte de funcionarios del gobierno, así como de miembros de las fuerzas armadas y la policía, que ponen en riesgo a defensores de los derechos humanos y periodistas, y acabar con el engañoso procesamiento judicial contra defensores de los derechos humanos.

Es de capital importancia que el gobierno hondureño cumpla, tal como la CIDH ha señalado, con su “obligación de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas respecto a los proyectos en marcha en sus tierras y territorios, y que afectan sus recursos naturales”. Respaldamos la invocación del Senador Patrick Leahy de abandonar el proyecto de represa Agua Zarca y proteger el territorio a cuya defensa Berta dedicó su vida. El gobierno hondureño debe reconocer que el ritmo y el proceso con que viene facilitando la extracción y comercialización de recursos naturales por parte de inversionistas nacionales e internacionales, están contribuyendo al conflicto social y a violaciones a los derechos humanos.

Pedimos al gobierno de los EE.UU. que:

Exhorte al gobierno hondureño a cumplir con su obligación de asegurar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, y de mejorar en mayor medida la transparencia en relación a concesiones actuales y propuestas de recursos naturales. Ello debe incluir poner en conocimiento del público información sobre los proyectos de las casi 50 concesiones de energía hidroeléctrica otorgadas desde inicios de 2010.

Garantizar que ningún tipo de asistencia y apoyo de los EE.UU. para proyectos de bancos multilaterales promuevan o permitan proyectos de desarrollo que incumplan la obligación de asegurar consentimiento previo, libre e informado de comunidades indígenas; y confirmar que aseguren una significativa consulta de todas las comunidades afectadas, y velar por la vigencia de salvaguardas robustas para los derechos humanos, derechos laborales y protecciones ambientales.

Finalmente, urgimos al Departamento de Estado a suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y de veintenas de otros activistas hondureños. Adicionalmente, urgimos al Departamento de Estado a implementar de manera transparente y cabal las condiciones de la Ley de Operaciones en el Extranjero correspondiente al año fiscal 2016, la cual vincula el 50 por ciento de la asistencia al gobierno central de Honduras a avances en la resolución de abusos a los derechos humanos y la corrupción.

El gobierno de los EE.UU. debe ponerse del lado de quienes ponen sus vidas en juego para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en Honduras.

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