Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no aceptarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula; al contrario, exigieron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGE), Arely Gómez, que finque responsabilidades al ex procurador Jesús Murillo Karam por haber falseado la información para construir su verdad histórica, afirmó Bertha Nava, madre de uno de los jóvenes asesinados en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La señora Nava Martínez y el normalista Omar García, de visita en Guadalajara, donde será presentado este martes el documental Ayotzinapa 26 sobre lo sucedido en Iguala hace casi 18 meses, pidieron a la procuradora demostrar que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, y si no lo logra, entonces tendrá que ir tras Murillo Karam.

Dijeron que el nuevo video anunciado por la PGR sobre el secuestro de los normalistas va a ser mostrado hasta ahora, casi año y medio después, lo que denota la politización del caso Ayotzinapa, y cómo el gobierno federal ha ido dispersando a través del tiempo y por todo el país las piezas de un rompecabezas que desde el principio han tenido en su poder.

El hecho no está en que ahora lo mostrarán, sino que no lo admitían como prueba desde el principio, sabiendo que tienen esos videos. ¿Por qué no ponerlos desde el principio de la administración? Pero se apostó al desgaste del movimiento, expresó Omar García.

Insistieron en que no admitirán un tercer peritaje en busca de vestigios de personas incineradas, pues también al principio la PGR tomó muestras de sangre a los familiares sin el rigor científico necesario, según se confirmó en un examen de ADN posterior hecho por forenses argentinos.

Además de estar presentes en las dos funciones de Ayotzinapa 26, el documental elaborado por cineastas, artistas conceptuales e ilustradores de México, Argentina, Francia, Brasil y Bélgica, programado ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y hoy en el teatro Torres Bodet, Berta Nava y Omar García se reunieron con diferentes colectivos en la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios.

La Jornada