Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El asesinato de la dirigente indígena Bertha Cáceres, presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), defensora de derechos humanos, territoritos y fuentes de agua de estos pueblos, ha merecido el repudio y la indignación mundial. Se trata del asesinato de un ser humano cuyo único delito fue defender los derechos humanos de pobladores indígenas dedicados a la agricultura de subsistencia y conservar sus valores y prácticas culturales ancestrales cercenados por el Estado por más de 500 años de existencia, al grado que sus lenguas autóctonas, en especial de las lencas, han desaparecido.

Bertha aprendió de su madre el sentido de justicia y la solidaridad en la lucha de los demás. Inició muy temprano la defensa de los derechos de los pueblos étnicos cuando la Minería de Cielo abierto y uso indiscriminado de cianuro destruía bosques, fuentes de agua y mataba y mata aún familias enteras en el territorio nacional. Igual se sumó a la lucha contra las políticas públicas de liberalización del mercado de tierras, aún vigentes con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), ley de inversiones agrícolas que legaliza el latifundio y ley de promoción y protección de la inversión privada.

Con la aprobación de nuevas leyes como la ley energética que permite la ejecución de proyectos de generación de energía renovable sin medir consecuencias e impactos en las comunidades étnicas y campesinas, la nueva Ley de Minería y Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo ( ZEDEs), Bertha Cáceres se constituyó en el “muro de contención transnacional” frente al otorgamiento por el Estado de concesiones mineras y de ejecución de proyectos hidroeléctricos sin consulta y participación de los pobladores, muchos de esos proyectos apoyados por organismos como el Banco Mundial.

Esta lucha no fue nada fácil. Sufrió persecución, violaciones de sus derechos ciudadanos y fue encarcelada. El hostigamiento militar y paramilitar fue una constante en su lucha, al grado que en cada marcha de protesta y asamblea con su gente, se le amenaza que iba desaparecer con toda su familia. Creía que en los ríos estaba la fuente de la vida de su pueblo, por lo que al morir el rio ellos morían también.

Uno de los logros importantes de su lucha ha sido la defensa del territorio lenca y el río Gualcarque, donde se pensaba, todavía se piensa, construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca por una empresa China con financiamiento de la Corporación Financiera del Banco Mundial; el río es un tesoro sagrado para las comunidades lencas. Aunque desistieron en su construcción por la fuerte oposición de los pueblos lencas liderados por Berta Cacarés, las denuncias continúan ya que la represa piensan construirla más arriba. Se ha denunciado que el proyecto lo impulsa la empresa Desarrollos Energéticos (S.A), por lo que se realizan caminatas en contra de la empresa, el Alcalde de San Francisco de Ojuera, el Ejército y Policía Nacional que hostigan a los caminantes lencas. (COPIN; 2016).

Berta Cáceres tenía medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado de Honduras estaba obligado a cumplir. Los voceros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia Miliar manifiestan que ella había rechazado la protección a su integridad, pero no se dice que estas medidas se hacen efectivas independientemente que quiera o no la persona. En un un país con tanta inseguridad e impunidad hay desconfianza de las instituciones de seguridad publica ya que se ha demostrado que están infiltradas, muchos de sus miembros han sido acusados de ser parte del crimen organizado y pandillas.

El clamor internacional es para que se esclarezca el crimen de Bertha Cáceres y castigue a los culpables materiales e intelectuales. No se trata de utilizar la cantaleta de que fue por robo y asalto que se cometió el crimen, se trata de poner todo el aparato público a investigar las causas del asesinato e identificar quienes son los responsables directos (caiga quién caiga).

Que el premio medioambiental Goldman, uno de los máximos reconocimientos mundiales otorgado al Bertha Cáceres, sirva de aliciente para que la Comunidad Internacional presione al gobierno para que esclarezca este asesinato y no queje en los anaqueles de la impunidad. Más aún, acompañe en el diseño de una nueva política de desarrollo que otorgue derechos de propiedad a las comunidades indígenas como la mejor opción para proteger los recursos naturales del país y derechos humanos. Una energía alternativa fuera de la lógica consumista, privatizadora y depredadora de la vida con justicia y soberanía ambiental, como diría nuestra líder y mártir de escala mundial.

Alai