Informe interno de la policía chilena detalla el increíble nivel de militarización que se vive en la Araucanía por el conflicto mapuche. Cerca de mil 400 oficiales desplegados en la zona, con armas de guerra y aviones no tripulados.

El pasado jueves 17 de marzo, el General Director de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos, fue citado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que estudia los actos de Gobierno en relación a la situación de inseguridad que se vive en la Región de la Araucanía. La misión era conocer la visión de la policía sobre el conflicto y el problema histórico que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche.

Los datos entregados por el general de la policía reflejan lo que las comunidades han venido denunciando hace meses: la creciente militarización de la Araucanía. Pero no es solo eso. Se reconoce abiertamente que el despliegue de los más de mil carabineros en la zona están principalmente abocados a proteger a las grandes forestales, pertenecientes los dos de los grupos económicos más poderosos del país.

“Es grotesco que hagan un informe así, pero refleja muy bien lo que pasa en la realidad. Esto es un estado de guerra“, dice el ex sacerdote jesuita Luis García-Huidobro.

Protección para las forestales

“Hechos asociados a la violencia rural” es el nombre del informe que presentó Villalobos en la comisión. Su exposición se basó en dicha información actualizada hasta el 12 de marzo y contempla lo realizado por Carabineros entre los años 2014 y 2016. Desplegados en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, Carabineros tiene 1.389 oficiales en la zona, con 50 vehículos blindados y 93 semiblindados para cumplir la labor.

El informe detalla que en las tres regiones existen 77 faenas forestales. 47 en Los Ríos -de 134.887 hectáreas-, 7 en la Araucanía -8.216 hectáreas- y 23 en el Bío Bío, específicamente en la Provincia de Arauco, con 29.479 hectáreas. De estas faenas, el informe dice directamente que 15 de ellas están con medidas de protección de parte de Carabineros. De esas, 9 pertenecen a Forestal Mininco, la administradora del patrimonio forestal de la familia Matte, uno de los conglomerados más influyentes del país.

El grupo Matte es el tercero más rico de Chile. Eliodoro Matte, la cabeza del grupo, tiene una fortuna que supera los 2 mil 500 millones de dólares, es financista y ex presidente del influyente Centro de Estudios Públicos (CEP) y recientemente renunció a la presidencia de CMPC, la matriz que orquesta las empresas de la familia, debido al bullado caso de colusión de la industria del papel higénico.

La siguiente forestal con mayor protección es Arauco, con 3 faenas custodiadas por Carabineros. Perteneciente al grupo Angelini, otro de los más poderosos del país con negocios en el sector de combustibles (Copec, Abastible y Metrogas), energía (Guacolda), minería (Isla Riesco) y pesca (Corpesca), entre otros. Ha sumado en los últimos años un amplio historial de irregularidades: daño ambiental en río Cruces de 2004, donde tuvieron que responder por la muerte de cisnes de cuello negro; la investigación que hoy lleva adelante la Fiscalía por el Caso Corpesca, en el que se le acusa a la empresa -controladora del 30% de la pesca industrial del país- de pagar a políticos para obtener un beneficio en la hoy polémica Ley Longueira y que ya tiene al senador Jaime Orpis de la UDI desaforado por cohecho; y las acusaciones de financiamiento irregular de la política, con las informaciones que han aparecido en el marco del caso SQM sobre el pago con boletas falsas de más de 200 millones de pesos Copec y Celulosa Arauco a sociedad Asesorías y Negocios Spa, la empresa del polémico operador político de la coalición gobernante Nueva Mayoría, Giorgio Martelli.

Aviones, drones, radares

El último punto que toca el informe se llama “Estrategias relevantes desarrolladas en la zona”. Ahí separan las institucionales, como la incorporación de 10 comunas al Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, creación de nuevas prefecturas y comisarías y el aumento de un 65% en la dotación de policías desde 2005.

En cuanto a las estrategias operativas, el informe es drástico: aumento de patrullaje, presencia activa y visible en zonas conflictivas, controles de identidad, acciones de inteligencia y la implementación de nuevas tecnologías para maximizar la actividad policial. En este último punto se detalla: “Implementación de sistemas georeferenciados, que permitan focalizar las acciones delictivas y mediante análisis criminal mejorar la prevención; adquisición de Drone para mejorar operaciones y obtener información; evaluación de aviones no tripulados para patrullajes aéreos en las zonas de mayor vulnerabilidad, evaluación de radares de detección temprana, para medidas de protección e instalaciones de faenas forestales e implementación de teléfonos satelitales”.

Estado de guerra

Para el miembro del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente, el abogado Salvador Millaleo, estos datos solo reflejan el fracaso del Estado a la hora de tratar el tema mapuche. “Están destinando esfuerzos, recursos financieros y humanos para reprimir, vigilar, castigar y no resolver los problemas de fondo que están en la raíz del conflicto”, dice.

“Más que informe de violencia rural, habría que llamarle informe de ocupación militar“, afirma García-Huidobro, quien enfatiza en que el documento desestima la tesis del gobierno de que el despliegue de carabineros es para enfrentar a pequeños grupos de delincuentes. “Si tienes 1400 efectivos con armamento de guerra, eso es para ocupar un pueblo, no para ladrones de caballos. Es un ejército de 1400 policías“, agrega.

Sin embargo, el ex jesuita recalca que no se habla del armamento que está ocupando Carabineros. Se suma a las denuncias que han habido en los últimos meses, con la utilización de fusiles de asalto M4 -principal arma utilizada por el Ejército de Estados Unidos- y subametralladoras UZI y MP5

Otro punto que recalca García Huidobro es el quiebre con la llegada de Jorge Burgos al ministerio del Interior. Antes, Rodrigo Peñailillo estaba en un proceso de negociación con las empresas forestales, que habría quedado en nada con la llegada del demócrata cristiano al palacio de La Moneda. “Con Burgos empezó la compra de autos blindados y el tema de los fusiles de asalto”.

Por su parte, Millaleo pone el énfasis en la desproporcionada protección a las grandes forestales: “Se destinan recursos para proteger ciertas instituciones como las forestales, que pertenecen a los grandes grupos económicos, mientras el resto del país sufre los problemas de inseguridad y delincuencia”.

“Hay un desnivel de inversión basado en un diagnóstico errado de la problemática indígena. Es más bencina para el fuego, nada más que eso, esto solo genera más tensiones, más conflictos”, agrega.

“El Estado ya renunció al intento de restitución territorial como solución del conflicto. Ahora solo hay política de ocupación militar”, dice García-Huidobro.

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