Colombia se autorreconoce como un país multicultural. Tiene poco más de 40 millones de habitantes, de los cuales 1’400.000 son indígenas (lo que representa el 3,3 % de la población) y 4’300.000 son afrocolombianos (el 10,62 % de la población). Todo el territorio nacional suma más 114 millones de hectáreas, de las cuales los indígenas poseen, como resguardos, 36 millones de hectáreas (el 31,5 %) y las comunidades negras, en consejos comunitarios, casi 5 millones de hectáreas (4,13 %). Las cifras hablan por sí solas. Si el acuerdo que está a punto de firmarse en La Habana es la paz territorial, como dicen, los pueblos indígenas y afros tienen mucho que ver con lo que se discute en la mesa de diálogos. Es por esto que hoy y mañana será lanzada la Comisión Interétnica para la paz. Una plataforma que reúne a las más significativas organizaciones afrocolombianas e indígenas para plantear sus preocupaciones y propuestas a la mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc. Y la primera petición es que sean invitados a Cuba para ser escuchados por las partes.

El proceso de unidad entre organizaciones étnicas tiene dos objetivos principales: canalizar inquietudes y propuestas sobre lo que se discute en La Habana y acudir ante gobiernos, grupos políticos y organizaciones internacionales para que intercedan ante la mesa de diálogos para que las cuestiones étnicas sean incluidas en el acuerdo final de paz. Los delegados regionales de las organizaciones se reunirán en Bogotá para conformar un comité de voceros que irán a La Habana, con o sin invitación de la mesa de diálogos, y a Washington para reunirse con la bancada afro de Estados Unidos para que lleven a oídos del presidente Barack Obama sus peticiones. Al mismo tiempo, dentro de las comunidades se iniciarán jornadas de trabajo para analizar los acuerdos alcanzados hasta ahora y así identificar peligros y formular propuestas.

“Hace rato venimos mirando cómo la mesa de diálogo recibe una delegación de negros e indígenas. Aunque siempre hemos trabajado por separado, llegó el momento en que nos encontramos y acordamos trabajar juntos en la necesidad de ser escuchados por las Farc y el Gobierno. Desde que se iniciaron las conversaciones de paz hemos solicitado a través de cartas y reuniones con altos funcionarios del Gobierno la posibilidad de crear una subcomisión étnica en el proceso de paz. Algo similar a la subcomisión de género”, explica Marino Córdoba, miembro del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Y es que las comunidades negras ya venían organizándose para este momento. En noviembre del año pasado se reunieron con Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, y le expresaron sus dudas e iniciativas en un documento de doce páginas que consigna el análisis de los diálogos en general y de cada uno de los acuerdos parciales.

Marino Córdoba asegura que De la Calle se comprometió a promover en la mesa de negociaciones que fueran escuchados y que a raíz del encuentro entre los presidente Obama y Santos en febrero pasado ha habido un mayor interés de que el encuentro se dé. Incluso afirma que él viajó a Estados Unidos por invitación del presidente de Estados Unidos a la conmemoración del Plan Colombia y que precisamente la ausencia de afrocolombianos en la delegación oficial de Colombia fue mal vista por el mandatario norteamericano. “Eso ha sido visto como un tema de exclusión en Estados Unidos y le da fuerza a nuestra petición. En este momento hay una reacción de los 46 congresistas afroamericanos, quienes vienen expresando su preocupación por la falta de participación de afros, tanto en el Gobierno como en la mesa de diálogos. Eso ha hecho que el Gobierno nos diga que sí van a recibirnos en La Habana”, puntualiza.

Pero el argumento fuerte de Marino Córdoba no es el político, es el histórico. “Los afros e indígenas hemos sido los más afectados con el conflicto armado. Los territorios del Pacífico colombiano han tenido la mayor concentración de grupos armados. Allá se han presentado las masacres más horrendas, los desplazamientos más grandes, los combates más feroces. Allá han anidado la narcotráfico, la pobreza, el abandono. Además, nuestros territorios, resguardos indígenas o consejos comunitarios, constituyen el 70 % del territorio del Pacífico colombiano. Eso nos hace merecedores de ser consultados en cualquier tema de reforma agraria o de política contra los cultivos ilícitos. De los 7 millones de víctimas registradas, el 30 % son de población afrocolombiana. Y cuando usted desagrega estas cifras, el resultado es que la mitad de nuestra población ha sido víctima directa del conflicto armado. Y no estamos hablando de las indirectas, que pueden a llegar al 80 %. Súmele la situación de exclusión histórica y de pobreza de nuestra comunidad. Hemos tenido una afectación desproporcionada. Por eso pedimos que se nos dé un tratamiento diferencial en la aplicación de los acuerdos”, concluye el líder afro.

Desde la perspectiva indígena, Luis Alberto Yace, de la ONIC, señala que sus peticiones no significan que estén en contra del proceso de paz. “Creemos en una salida política al conflicto armado, porque lo hemos sufrido demasiado”, refiere, no sin advertir que una de las preocupaciones que tienen es que en las negociaciones de La Habana se restrinjan derechos adquiridos de sus pueblos, por ejemplo en asuntos de autonomía territorial y política. “Ni al Gobierno ni a las Farc les gusta la idea de territorio que nosotros tenemos, ni de gobierno propio ni de autonomía. Lo que estamos pidiendo es que en la mesa de negociaciones se ponga una salvaguarda a los derechos ya adquiridos por nuestros pueblos”, añade. En el caso de los pueblos indígenas, Yace sostiene que se sienten discriminados por el Gobierno, porque únicamente viene a explicar los avances a los gremios económicos, a los militares y a los partidos políticos. “¿Y la sociedad qué? Nadie nos dice nada. Lo que sí se nos notifica es que en nuestros territorios se ubicarán los sitios de concentración de la guerrilla”, advierte.

Este aspecto es el que preocupa más a los indígenas según Yace. “Si no nos han tenido en cuenta durante el proceso de paz, ¿por qué vamos a aceptar esas zonas de concentración en nuestros territorios? Y no es que no estemos de acuerdo con que se hagan esas zonas, pero que por lo menos se nos tenga en cuenta”, alega. Argumenta que en procesos de paz anteriores las zonas de concentración no han tenido control. “Por eso planteamos que si las zonas de concentración van a ser en nuestras tierras, la guerrilla se debe someter a la guardia indígena y a nuestras leyes. Pero con lo que no estamos de acuerdo es con que nos las impongan. Si tenemos que exigir la consulta previa para la ubicación de esas zonas, lo vamos a hacer”, argumenta. También buscan organizarse de cara al posconflicto, porque les preocupa la situación de vulnerabilidad de sus comunidades y el cumplimiento por parte del Ejecutivo. “Hoy en día el Gobierno a cualquiera le hace un decreto, una ley o un Conpes. Pero no lo cumple. Se ha vuelto muy olímpico. Manda a un ministro a hacer promesas y hasta pide perdón en cualquier lado, pero de ahí no pasa”, concluye Yace. Con una última advertencia: “Si la mesa de negociación no nos atiende, iniciaremos una movilización este mes”.

El Espectador