Los fiscales generales y procuradores generales de América Latina acordaron ayer establecer mecanismos que permitan un trabajo conjunto y una comunicación directa entre sus instituciones para combatir las diferentes formas de crimen organizado que afectan a la región, como corrupción, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el medio ambiente.

El compromiso fue plasmado en la Declaración de Lima, que recoge la voluntad de los representantes de las fiscalías y procuradurías generales del Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, de unirse para hacer frente a la actividad criminal que afecta de manera común a los países de la región.

Según el texto del acuerdo, los países implementarán medidas más eficientes en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que incluyen el establecimiento de una comunicación directa entre fiscales y sus pares en cada país, así como el intercambio de información espontánea en los casos que un país obtenga declaraciones o pruebas que interesen a otra nación, los cuales serán remitidos utilizando medios tecnológicos y sin una solicitud previa.

El acuerdo contempla, asimismo, la conformación de equipos de investigación conjunta en casos que afecten a dos o más naciones, que podrán recurrir al uso de técnicas como el congelamiento, incautación y restitución de bienes que sean materia de investigación, a fin de evitar la impunidad en delitos que afecten a varias naciones.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, saludó el compromiso de los representantes de más de diez países presentes en Lima en los últimos tres días, en adoptar posiciones conjuntas en la lucha contra el crimen organizado.

Agregó que la Declaración de Lima es un gran paso dado por los países de la región, ya que permitirá trabajar de manera directa en la preservación de los bienes jurídicos de cada país, evitando los canales convencionales que muchas veces dificultan el traslado de pruebas entre naciones.

“Si el delito avanza y cruza las fronteras, hay que adelantarnos para poder enfrentarlo de manera unida”, remarcó Sánchez, al destacar que el documento suscrito por las autoridades es un compromiso para hacer frente al crimen organizado, de manera conjunta.

Los fiscales acordaron, de otro lado, adoptar medidas eficaces a fin de evitar que los territorios de la región sean utilizados como rutas financieras, de transporte y de operatividad de la delincuencia organizada.

Además, manifestaron su compromiso en avanzar hacia la suscripción de acuerdos específicos para zonas de frontera común; y de proponer un nuevo marco normativo supranacional para asistencia mutua en materia penal en América Latina.

La Declaración de Lima fue suscrita por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; el fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott Charme; el fiscal general de Paraguay, Javier Díaz Verón; el Procurador General de República Dominicana, Francisco Domínguez Brito; el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez Ruiz; y el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano.

Asimismo, suscribieron el documento el subprocurador regional de Brasil, Bonifacio Borges de Andrada; el fiscal adjunto de Costa Rica, Francisco Fonseca Ramos; el agregado Legal de México, José Esqueda Muñoz; y el fiscal Letrado Nacional en lo Penal de Uruguay, Carlos Negro Fernández.

Andina