Corte Suprema de Chile pide al país fecha y hora para interrogar a Alberto Fujimori

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La Corte Suprema de Chile solicitó a las autoridades judiciales peruanas celeridad para fijar día y hora en que se realizará la audiencia por videoconferencia con la finalidad de interrogar al ex presidente Alberto Fujimori.

El requerimiento judicial chileno es parte del procedimiento de evaluación de la solicitud del Estado peruano para ampliar las causales de la extradición de Fujimori, con el propósito de enjuiciarlo por dos nuevos casos:

a) La masacre de seis pobladores de Pativilca, cometida por los agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que operaban bajo el nombre de Destacamento Colina, el 29 de enero de 1992. Por este caso Fujimori es imputado por el delito de homicidio calificado.

b) Por haber autorizado el uso de 800 mil dólares de los fondos públicos para que su entrañable amigo Augusto Miyagusuku Miagui, conocido como «El cajero de Fujimori», compre terrenos agrícolas en el proyecto Chavimochic, en La Libertad. Miyagusuku escapó del Perú el 11 de agosto del 2000, casi al mismo tiempo que los hermanos Rosa y Juana Fujimori, y el marido de la primera, Víctor Aritomi. Todos tenían cuentas en el NBK Bank, un banco peruano que representaba en Lima al Bank of Tokyo, donde los familiares de Alberto Fujimori, incluido Augusto Miyagusuku, efectuaron operaciones sospechosas con dinero de origen incierto.

Por este caso a Fujimori se le imputa el delito de asociación ilícita en la modalidad de peculado en agravio del Estado.

El Tercer Juzgado Penal Nacional tiene en sus manos el caso de la masacre de Pativilca y la Cuarta Sala Penal Liquidadora está a cargo de la compra dolosa de un terreno en Chavimochic.

Que se muevan rápido

De acuerdo con el expediente de la ampliación de extradición que ha formado la Corte Suprema de Chile, el 28 de diciembre del 2015 la embajada de Perú en Santiago remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el Cuaderno de Ampliación de Extradición de Alberto Fujimori.

Rápidamente, el 31 de diciembre del 2015, el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería chilena, Claudio Troncoso Repetto, despachó a la Corte Suprema el cuadernillo de ampliación de la extradición.

Con destacada prontitud, el 5 de enero del 2016 el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Sergio Muñoz Gajardo, dispuso entregar el cuadernillo al magistrado Ricardo Blanco Herrera. Para el 11 de enero de este año, la secretaría de la Corte Suprema inició las gestiones para convocar a Alberto Fujimori a una videoconferencia con el objeto de practicarle una declaración indagatoria.

El 25 de enero de este año, la Corte Suprema de Chile exhortó a las autoridades judiciales peruanas que definan qué día y hora dispondrán en el penal de la Diroes, en el ex Fundo Barbadillo, de una instalación para llevar a cabo la videoconferencia en la que Fujimori debe responder a las imputaciones.

«En la carta rogatoria se solicita que se realicen las gestiones que sean necesarias con el objeto de que el requerido de extradición (Alberto Fujimori), (…) preste declaración indagatoria por videoconferencia internacional desde territorio peruano, ante el Ministro Instructor de la Corte Suprema de Justicia de Chile, don Ricardo Blanco Herrera», se explica en el documento de la justicia chilena.

Graves delitos

«Se indica que si bien no hay una fecha de audiencia fijada para la realización de la diligencia, se solicita que las gestiones para llevarla a cabo se realicen con celeridad, en el menor tiempo posible, atendida la naturaleza del procedimiento del que se trata», precisan las autoridades chilenas.

La Corte Suprema de Chile demanda rapidez para resolver la solicitud de ampliación de extradición.

El 22 de febrero, la embajada de Chile en el Perú remitió a la Cancillería una nota en la que se insistió en solicitar la asistencia judicial con el propósito de interrogar a Fujimori respecto a los pedidos de ampliación de extradición.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, la realización de la videoconferencia para interrogar a Fujimori está a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

«El jueves 25 de febrero se le remitió un documento a dicho juzgado para que defina la fecha de la videoconferencia en coordinación con las autoridades chilenas. En unos días se sabrá con certeza el día y la hora», señalaron las fuentes.

Si la Corte Suprema de Chile aprueba la extradición de Fujimori, el ex presidente enfrentaría un segundo juicio por una matanza del Destacamento Colina. En el juicio por Barrios Altos y La Cantuta quedó establecido que el grupo criminal recibía órdenes por una cadena de mando que se iniciaba en Palacio de Gobierno.

También añadiría un quinto juicio por casos de corrupción. Fujimori cumple cuatro sentencias: por la usurpación de la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos, cuando buscaba «vladivideos» comprometedores; por espionaje telefónico, sobornos a congresistas y la compra de la línea editorial de varios medios de comunicación; por el pago de una coima de US$ 15 millones para Montesinos; y por el financiamiento de la «prensa chicha».

Según el cuadernillo de ampliación de extradición, respecto a la matanza de Pativilca, el Destacamento Colina, con la misma modalidad que aplicó para los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta, en dos poblados sustrajeron de sus domicilios a supuestos miembros de Sendero Luminoso, pintarrajearon las viviendas de las víctimas con falsas consignas terroristas, y luego en los alrededores torturaron y asesinaron con un balazo en la cabeza a seis personas. Ninguna tenía antecedentes por terrorismo.

Se trataba de la ejecución de la política antiterrorista del «ojo por ojo, diente por diente» que había aprobado Fujimori y ejecutaba con los aparatos de inteligencia su asesor Montesinos.

Respecto al caso de la entrega de US$ 800 mil de fondos públicos de Fujimori a su íntimo amigo Augusto Miyagusuku, en el expediente se indica que existe evidencia documentaria y testimonial, como la de Vladimiro Montesinos.

El ex asesor presidencial confesó ante las autoridades judiciales que Fujimori le ordenó que entregase el dinero a Miyagusuku para la adquisición del terreno, y que para ocultar el origen ilícito del dinero lo revendió al Grupo Gloria.

Todos los delitos deben pagarse.

¿Quién es Augusto Miyagusuku?

Durante su gobierno, Alberto Fujimori designó presidente de la compañía de seguros Popular y Porvenir a Augusto Miyagusuku Miagui, amigo íntimo, vecino y virtualmente un miembro de la familia.

Popular y Porvenir monopolizó las pólizas de seguros contratadas por el Servicio de Inteligencia Nacional y las FFAA. En pleno gobierno fujimorista quedó en evidencia que Miyagusuku cobraba «comisiones» a los brokers de seguros.

Miyagusuku, para ocultar la compra de tierras en Chavimochic, recurrió a los dueños de Gloria, los hermanos Rodríguez Banda, quienes también participaron en la compra de una propiedad de Fujimori en la calle Pinerolo.

La República

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