Nos separa menos de un mes del Sép­timo Congreso del Partido, que dará inicio el próximo 16 de abril, cuando se conmemora el aniversario 55 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y exactamente cinco años después de la apertura del Sexto. Se extenderá hasta el día 19. Se cumple así, rigurosamente, uno de los Objetivos (el número 17) aprobados por la Primera Conferencia Nacional: mantener la periodicidad establecida en los Estatu­tos para la celebración de los congresos del Partido.

El pasado 29 de febrero, Granma publicó una amplia información sobre el proceso de elección de los delegados al Congre­so y al día siguiente reflejó el inicio, en to­das las provincias simultáneamente, de las reu­niones de consulta de los documentos que serán sometidos a debate en el máximo evento partidista.

Han llegado a la redacción del periódico, por diversas vías, inquietudes de militantes del Partido (y también de no militantes), que preguntan las causas de que en esta ocasión no se haya previsto un proceso de discusión popular similar al efectuado hace un lustro en torno al proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

El hecho de que se expresen criterios o dudas en este sentido no es en absoluto criticable, menos aún cuando provienen de personas genuinamente preocupadas por el trabajo del Partido y los destinos del país. Todo lo contrario: es muestra de la democracia y la participación que son ca­racterísticas intrínsecas del socialismo que construimos. El propio Ge­ne­ral de Ejér­ci­to, al clausurar la Primera Con­ferencia Na­cional de la organización, llamaba a “fo­men­tar un clima de máxima confianza y la creación de las condiciones requeridas en todos los niveles para el más amplio y sincero intercambio de opiniones, tanto en el seno de la organización, como en sus vínculos con los trabajadores y la población (…)”.

Y es que ha sido una tradición (más bien: un derecho político conquistado), a lo largo de la historia de la Revolución, que las grandes decisiones se han consultado invariablemente con el pueblo. En la Pla­za de la Revolución José Martí se adoptaron la Primera y Segunda Declaraciones de La Habana, y con similar participación popular se aprobó la de Santiago de Cuba, en los años sesenta. El voto abrumador de la inmensa mayoría dotó de una Cons­titución socialista a nuestra Repú­bli­ca. Y en los momentos más duros del periodo especial, los parlamentos obreros, a lo lar­go y ancho del país, ratificaron que Cu­ba seguiría siendo un eterno Baraguá.

Está fresca en la memoria de todos la ma­nera ejemplar en que se discutió el proyecto original de 291 lineamientos, que se publicó el 9 de noviembre del 2010. En tres meses (de diciembre de ese año a fe­brero del 2011) se debatió por todo el pueblo, en 163 079 reuniones, con 8 913 838 participantes. Se realizaron 3 019 471 intervenciones, que se agruparon en 781 644 opiniones. Todas fueron analizadas de­talladamente, y como resultado se man­tuvieron 94 lineamientos (el 32 %), 197 se modificaron o integraron con otros (el 68 % restante) y se incorporaron 36 li­neamientos nuevos. Los 311 lineamientos re­sul­tantes fueron discutidos inicialmente en las provincias y luego en las sesiones del Congreso por los delegados e invitados. Se modificaron 86 lineamientos (el 28 % de los 311) y se aprobaron dos nuevos. Así se conformó la redacción definitiva de los 313 lineamientos, expresión ge­nuina de la voluntad del pueblo, la cual fue ratificada, tras el Congreso, por la Asamblea Nacio­nal del Poder Popular.

El Congreso acordó las vías para evitar que se engavetaran sus acuerdos. Orientó al gobierno la creación de una Comisión Per­manente para la Implementación y Desa­rrollo, que sin me­noscabar las funciones de los Organismos de la Administración Cen­tral del Estado garantizara la coordinación e integralidad del complejo proceso de actualización del modelo. E indicó que el Partido en todos los niveles controlara, impulsara y exigiera el cumplimiento de los lineamientos aprobados.

Desde entonces, tanto el Pleno del Co­mité Central como la Asamblea Nacional han analizado dos veces al año la ejecución práctica de lo acordado, sobre lo cual se ha brindado una amplia información por los distintos medios de prensa, y de igual forma se ha hecho con relación a las reuniones del Consejo de Ministros donde se aprueban las políticas que van asegurando la implementación de los lineamientos.

Siempre estuvo claro que no sería fácil, porque no se trata de un experimento en un laboratorio aséptico, sino de cardinales transformaciones a escala social bajo las premisas inviolables de no aplicar las so­corridas terapias de shock de los países capitalistas ni dejar a nadie abandonado a su suerte. Y todo ello con el trasfondo de una crisis económica internacional y el ponzoñoso bloqueo omnipresente.

Sobre ello alertaba el compañero Raúl en su Informe Central al congreso: “Esta­mos convencidos de que la tarea que tenemos por delante en este y en los demás asuntos vinculados a la actualización del modelo económico está llena de complejidades e interrelaciones que tocan, en ma­yor o menor medida, todas las facetas de la sociedad en su conjunto y por ello sabemos que no es una cuestión a resolver en un día, ni siquiera en un año y que demandará por lo menos un quinquenio desplegar su implementación con la armonía e integralidad requeridas…”.

Y así ha sido. El balance de lo realizado en el quinquenio arroja que el 21 % de los lineamientos ya fue implementado, mientras que el 77 % está en ese proceso. El 2 % restante (cinco lineamientos) no se ha ejecutado por causas diversas. Debe tenerse en cuenta que una parte importante de las transformaciones más complejas comenzó a implementarse en el 2014 y el 2015, y recién comienzan a verse sus frutos iniciales.

Por todo ello más que desplegar, a mi­tad de camino, un nuevo proceso de debate a escala de toda la sociedad, lo que corresponde es terminar lo iniciado, continuar la ejecución de la voluntad popular expresada hace cinco años, y seguir avanzando por el rumbo que trazó el Sexto Congreso.

De tal modo, se llega al Séptimo Con­greso tras celebrar las asambleas de balance de las organizaciones de base del Par­tido, así como de los Comités municipales y provinciales. Los informes presentados en las provincias fueron publicados íntegramente en los periódicos locales, y su contenido debatido
con cientos de colectivos en todo el país.

Los documentos que se llevan al Con­greso son el resultado de una elaboración colectiva en la que participaron decenas de funcionarios, investigadores de las cien­cias económicas y sociales, y profesores. Se analizaron en el Consejo Científico asesor de la Comisión de Implementación in­tegrado por más de 130 especialistas de alta calificación.

Posteriormente, en los Plenos del Co­mité Central de diciembre del 2015 y enero de este año fueron discutidos los documentos, que llegaron aquí tras ser perfeccionados en aproximaciones sucesivas. Las observaciones y propuestas realizadas por los miembros de este organismo de dirección partidista fueron tenidas en cuenta en la nueva versión de cada uno de los seis textos que finalmente fueron so­metidos a un profundo escrutinio en las reuniones de consulta efectuadas al unísono, en la primera semana de marzo, en todas las provincias.

En estas reuniones estuvieron presentes los mil delegados al Congreso, propuestos desde la base y electos democráticamente, que re­pre­sentan a la militancia del Partido y al pueblo cubano en su conjunto. Las mujeres tienen una elevada presencia (son el 43 %), y aunque por razones lógicas a un evento de esta naturaleza como regla son elegidos compañeras y compañeros que acumulan una experiencia considerable, hay 55 jóvenes me­nores de 35 años entre los delegados.

Asistieron también a las reuniones de consulta más de 3 500 invitados, que igualmente realizaron propuestas para enriquecer los documentos. Entre ellos participaron todos los diputados a la Asam­blea Nacio­nal, representantes de Organismos de la Administración Central del Estado, profesores universitarios, investigadores de cen­tros científicos, combatientes, dirigentes de base de las organizaciones de ma­sas, representantes de nuestra sociedad civil, líderes religiosos, estudiantes, campesinos, intelectuales y artistas, incluyendo no militantes.

Uno de los documentos valoró la marcha de la economía en el quinquenio 2011-2015; otro, el cumplimiento de la im­plementación de los lineamientos; y un tercero, la actualización de estos para la etapa 2016-2021.

El cuarto, de mucho calado teórico, re­coge una conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. El quinto es el Programa de de­sa­rrollo económico y social hasta el 2030. Ambos enfocan el país que queremos: constituyen la expresión de la estrategia económica y social de la na­ción, cuya táctica para alcanzarla son justamente los lineamientos y su implementación. Su fun­damento está en los contenidos de los lineamientos aprobados por el Sexto Con­gre­so y reflejan su continuidad y desarrollo. Por tanto, no significan algo diferente en el camino emprendido, sino un escalón superior que se apoya en lo consultado y discutido con toda la militancia y el pueblo.

El sexto documento valora el estado del cumplimiento de los Objetivos de trabajo apro­bados en la Primera Conferencia Na­cio­nal del Partido en enero del 2012, el cual en general presenta un balance favorable, y proyecta su continuidad.

Puede imaginarse la complejidad de la elaboración de esos documentos, que en algunos casos requirió un tiempo mayor al supuesto inicialmente.
Ellos están estrechamente relacionados entre sí, analizan lo realizado hasta el momento, lo que resta por hacer y encaran el futuro en el orden económico-social y político-ideológico. No pueden verse con un prisma estático: serán debatidos en el Séptimo Congreso y como sus antecesores tendrán que ser sometidos a evaluaciones periódicas.

El Séptimo Congreso dará continuidad al anterior y a la Primera Conferencia Na­cional del Partido, y permitirá delinear con mucha más exactitud el camino a recorrer para que nuestra nación, soberana y verdaderamente independiente des­de el triun­fo del Primero de Enero de 1959, pueda construir un socialismo próspero y sostenible.

Granma