Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El pasado viernes, Guatemala dio un paso más en el camino de la justicia transicional con el veredicto que halló culpables al coronel Esteelmer Reyes y al excomisionado Heriberto Asij de delitos contra los deberes de humanidad en forma de violencia sexual, asesinato y desaparición forzada.

Más allá de que el sistema de justicia sentara un precedente mundial e histórico, al juzgar por primera vez en Corte nacional la violencia sexual como crimen de guerra, este fallo es el triunfo de las mujeres de Sepur Zarco quienes por 34 años han cargado dolor y pérdidas que jamás podrán repararse, pero quizá con la justicia se haga menos lacerante y les brinde esperanza de que heredan un país distinto para su comunidad y descendencia.

Es difícil no encontrar elementos de comparación entre el proceso de Sepur Zarco y el juicio por genocidio del pueblo Ixil de 2013. Ambos casos evidencian el profundo racismo, los niveles de sexismo y el agudo patriarcado que la población guatemalteca y algunos medios de comunicación reproducen. Ambos procesos indican que para avanzar en la justicia que aporten a la reconciliación, las investigaciones sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad deben llegar a la elite económica.

Sepur Zarco evidencia que aunque miembros de las fuerzas militares sean condenados por estar a cargo o ser los autores materiales, los autores intelectuales, en este caso, fueron los finqueros de la región, quienes siguiendo el patrón de comportamiento de las elites latinoamericanas, usaron al Ejército para proteger sus bienes e inversiones, eliminando a los pueblos que buscaban legalizar sus tierras. Los finqueros de la región deben de ser los próximos en enfrentar a un tribunal. Y son esas tierras, que hoy producen palma, y sus ganancias, las que deben de convertirse en parte del resarcimiento merecido por estas familias.

En Guatemala queda un largo camino para que se aclaren las causas históricas que llevaron a cometer esas brutalidades y ya dejen de justificarse ofensivamente. Que este caso sirva como una luz y una fuerza que guíe el camino de otras mujeres, comunidades y regiones para quienes la justicia aún no llega.

El Periódico