Corría la década de los noventa en Colombia. Una década gris oscura en una Colombia en guerra en la que las FARC capitaneaban un movimiento guerrillero que se creía por encima del bien y del mal. Una década de horror, de narcotráfico y de un Pablo Escobar cuyo nombre hoy está casi vetado en su Medellín natal y en el resto del país.

En aquella amalgama, Ernesto Samper consolidaba, dentro del Partido Liberal, un movimiento llamado Poder Popular que capitanearía en defensa de las posiciones de centro izquierda heredadas del Movimiento Revolucionario Liberal que años antes había creado Alfonso López Michelsen.

Samper impulsó un salto social en Colombia, creando programas como la red Sisben, que dotó de servicios de salud a más de 23 millones de colombianos, o la Red de Solidaridad Social, destinada a proveer apoyos económicos a los sectores más marginales de la población.

En 1994 se alzó con la presidencia de la nación, desde la que creó el Ministerio de Cultura, entregó tierras a las comunidades indígenas y aprobó los protocolos I y II de la Convención de Ginebra, relacionados con el respeto a los derechos humanos en medio del conflicto armado.

Fue el primer paso en la lucha contra una guerrilla que parece estar a punto de ver su fin, pues estos días se están ultimando en La Habana (Cuba) las bases de un acuerdo con el que el actual gobierno de Juan Manuel Santos espera alcanzar la paz definitiva.

Samper, actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), no comprende cómo el también expresidente Álvaro Uribe se niega a apoyar la gestión de Santos. Así lo ha confirmado en una entrevista con Notimérica en la que también se ha referido a la actual crisis que atraviesa Venezuela o a la posible imputación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al que se apunta estas semanas como posible involucrado en la operación Lava Jato, una trama de corrupción en torno a la empresa estatal Petrobras.

El máximo representante de UNASUR ha reiterado en más de una ocasión su convencimiento de la inocencia de Lula. La última, hace una semana en Madrid(España), donde aseguró que el expresidente está siendo víctima de un “linchamiento mediático”.

Usted pide a la justicia brasileña que deje a Lula defenderse, pero ¿qué implicaciones tendría para la nueva política latinoamericana que finalmente fuese imputado?

Nosotros no estamos cuestionando las decisiones de la justicia brasileña, pero no estamos de acuerdo con la solicitud de los fiscales de Sao Paulo (que han pedido su imputación), porque estaría confirmando que lo que hay detrás de las investigaciones al presidente corresponde a un libreto político que obviamente rechazamos. Lo que hemos venido solicitando es que se le den al presidente garantías para el debido proceso y una de estas garantías es que tenga el derecho a defenderse en la intimidad, dentro de la reserva del sumario y que se respete su presunción de inocencia.

¿Pero qué supondría que una figura tan representativa como la de Lula finalmente estuviese relacionada con una trama de corrupción? ¿Sería una decepción para la región?

Sí, pero no contemplamos esa posibilidad porque conocemos la realidad del expresidente y la sola hipótesis para nosotros no es válida.

¿Cómo observa el proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia? Hay voces que apuntan a que las FARC obtendrán un número determinado de escaños en el Congreso sin necesidad de ser elegidos mediante unas elecciones. ¿Cree que finalmente será así? ¿Es partidario de ello?

Lo que yo entiendo que se está acordando en La Habana son unas circunscripciones especiales de paz, que no consisten en regalar escaños a las guerrillas, sino en que en las aéreas y en las zonas donde ellos se han movido tradicionalmente y podrían tener una opinión favorable de la opinión pública local se establezca la posibilidad de que, sometidos a un proceso de votación, puedan obtener más escaños de los que habitualmente se obtienen en esas regiones.

Pero para eso primero se deberían constituir como partido político y después el Gobierno debería convocar unas elecciones en las que puedan ser elegidos en vez de asignarles escaños de manera directa una vez se firme el acuerdo.

Claro. De todas maneras ellos están haciendo una apuesta que es cambiar las armas por las urnas. Se trata de facilitarles que puedan hacer ese tránsito y que lo hagan dentro de las bases democráticas.

¿Dónde puede estar la explicación a que el presidente Uribe no apoye la gestión de Santos? ¿No podría tratarse simplemente de una cuestión de envidia?

Puede ser, sin embargo yo respeto que él tenga razones ideológicas para oponerse al proceso de paz. Lo que señalo es que de alguna manera la política de seguridad democrática que él adelantó pudo haber servido como elemento para fortalecer la convicción de que tenían que sentarse en la mesa de negociaciones. Si eso fuera así, él podría reivindicar que gracias a eso y a ese esfuerzo hoy el Gobierno y las FARC están negociando. Por eso no entiendo su ánimo permanente de rechazar un proceso del que él formó parte.

¿Cree que llegaremos a ver algún día al expresidente respondiendo por los delitos de violación de Derechos Humanos que presuntamente se cometieron durante su mandato?

Todos estamos obligados a responder por nuestras actuaciones. Obviamente el conocimiento que yo tengo del presidente no me permite ni siquiera considerar esa hipótesis hasta que no sea una hipótesis real.

Hace unas semanas, los familiares de Leopoldo López (considerado por muchos como un preso político en Venezuela) aseguraron que en las anteriores elecciones venezolanas para elegir los diputados de la Asamblea Nacional los observadores de UNASUR se dedicaban “a tomar café sin salir del hotel”. Como actual secretario general, ¿qué le parecen estas afirmaciones?

Bueno, en el hotel no vimos a los que hacen ese tipo de críticas. La verdad es que la misión electoral fue un éxito, hubo 55 personas de UNASUR desplegadas en 11 municipios, se intervino en los software, hubo auditorías de los sistemas de voto electrónico y no hubo ningún reclamo creíble de fraude.

Hace seis meses la gente pensaba que las elecciones serían un desastre, que habría una gran ola de violencia y fraude electoral y en cambio fueron absolutamente tranquilas y la oposición gracias a ellas llegó a tener la mayoría de la Asamblea y (Nicolás) Maduro, muy paladinamente, reconoció los resultados. Así que no entiendo qué es lo que les puede disgustar a estos críticos de ocasión.

¿Cree que se llevará a cabo finalmente el referendo revocatorio contra el presidente Maduro que pretende la oposición? ¿Considera que será posible que abandone su cargo antes de que termine su mandato?

El procedimiento para la revocatoria del mandato está establecido en la Constitución y hay unas formas y unos requisitos que cumplir. En ese sentido, si eso es lo que la oposición quiere buscar lo respetamos en la medida en que esté en la Constitución.

Lo que señalamos es que por el camino de la polarización Venezuela no va a ninguna parte, ya que lo que el pueblo está pidiendo –en concreto más de un 67 por ciento de los venezolanos, como prueban las encuestas– es que se entiendan los distintos actores políticos y que haya un acuerdo para sacar adelante los temas económicos y sociales que son los que en este momento están comprometiendo seriamente la estabilidad del país.

Existen algunas voces que critican que UNASUR “está presidido por Venezuela”, en una clara alusión a su posicionamiento a favor del gobierno oficialista.

Esto será una realidad el 17 de abril, cuando Venezuela asuma la presidencia ‘pro tempore’ que le corresponde por riguroso orden alfabético, pero nosotros tenemos el mismo respeto a los 12 países y a su estado y su Constitución.

En estos últimos meses el panorama en Latinoamérica está cambiando. Ha cambiado en Argentina y en Venezuela, en Ecuador Rafael Correa no se volverá a presentar a las elecciones, Evo Morales ha perdido su referéndum en Bolivia y en Perú parece que Keiko Fujimori se alzará con el poder. ¿Qué lectura hace usted?

Yo creo que el proyecto político de UNASUR está claro. Hay cambios de gobierno pero no hay cambios de proyectos. Ninguno de los nuevos gobiernos o de los aspirantes a formar nuevos gobiernos renuncia a los principios fundamentales de UNASUR de seguir buscando la paz para la región, mantener la continuidad de la democracia, asegurar la plena vigencia de los Derechos Humanos o trabajar en el diseño de políticas públicas, pero hay un cambio y un relevo que responde a distintas circunstancias de orden político o económico. Espero que los nuevos gobiernos sigan preservando programas como la inclusión social o la reafirmación democrática.

¿Puede que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) esté destinada a desaparecer?

El ALBA nació de una necesidad sentida en la región de la solidaridad social y esa necesidad sigue vigente. Si nosotros queremos avanzar en el proyecto político de UNASUR tenemos que meterle más solidaridad a los distintos procesos que se están viviendo en el campo económico y en el social. Somos una región profundamente desigual y si no apelamos a la solidaridad como base para corregir y nivelar las cargas internas a nivel regional e interregional va a ser muy difícil que avancemos.

Usted ha sido muy crítico con la actual relación, a su juicio “muy escasa”, entre América Latina y la Unión Europea (UE). ¿Ha trasladado esta percepción a alguno de los mandatarios? ¿Cuál ha sido su respuesta?

Mi reclamo es con la UE como organización. Comprendo que ya no estamos en el primer orden de prioridades porque hay temas que preocupan más como el Mediterráneo, Turquía, Siria o la OTAN, pero en la estructura misma, el peso de la América Latina en la UE –que llegó a tener comisarios y encargados especiales– se ha venido desvinculando totalmente. Nos hemos desperfilado políticamente en la UE y es un error.

La pasada semana estuvo reunido en Viena en un Comité Preparatorio de la Sesión Especial para abordar los problemas derivados del narcotráfico y el consumo de drogas que está previsto que la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) celebre el próximo mes de abril en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones?

Hay un fuerte bloque prohibicionista que piensa que el tema de la lucha contra las drogas es un tema de seguridad exclusivamente y quienes pensamos, afortunadamente muchos de los que estamos en esta Asamblea, que no se puede reducir el tema de las drogas a eso, sino que es un tema de salud pública y de Derechos Humanos.

Si se entiende ese segundo contexto lo que habrá que hacer es un esfuerzo porque el tema de los Derechos Humanos de alguna manera transversalice como eje las distintas decisiones que se están tomando en materia de fiscalización. Eso conlleva la revisión de temas como que no sea aceptable la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, que los cultivos ilícitos puedan ser sustituidos de una manera voluntaria y social sin recurrir a las fumigaciones y a las destrucciones militares, que los consumidores tengan derecho legítimo al consumo o que a cierto tipo de conductas relacionadas con las drogas no se les den necesariamente penas privativas de la libertad sino que se puedan encontrar otras formas de socialización.

Se está proponiendo una revisión muy de fondo de la política de la lucha contra las drogas. Como decía Einstein, “la peor forma de locura es pensar que haciendo siempre las mismas cosas se van a conseguir políticas diferentes”. Creo que la política prohibicionista ha fracasado y debe revisarse.

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