La captura de Santiago Uribe Vélez (hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez), acusado de homicidio y conformación de grupos paramilitares, se convirtió en un problema político de marca mayor.

¡A las calles contra el Gobierno!, fue la instrucción de los líderes uribistas a sus bases para protestar por este hecho.
Y la orden no se hizo esperar. El mismo martes, un grupo de líderes del Centro Democrático (CD), con su excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga a la cabeza y los miembros de las bancadas en el Senado y la Cámara, se movilizó hasta la Casa de Nariño agitando banderines en los que se podía leer: “Santos, renuncie ya”.

El punto crítico es que los seguidores del expresidente Uribe, jefe del principal sector de oposición, acusan al Gobierno del presidente Santos de influir en la decisión de la Fiscalía para ordenar la privación de la libertad de Santiago Uribe. Casi que lo responsabilizan de la orden judicial.

El curso político que la decisión judicial tomó es tal que el abogado del hermano del expresidente Uribe, Jaime Granados, escogió la sede del Centro Democrático para ofrecer la rueda de prensa donde explicó la estrategia con la que se hará la defensa.

Aunque el abogado Granados dio las explicaciones de la estrategia de defensa de Santiago Uribe, quienes más se hicieron escuchar fueron los dirigentes políticos del uribismo con su convocatoria a las calles.

“La idea es pasar de las palabras, los discursos y los comunicados a los hechos. Vamos a realizar varias concentraciones en las próximas semanas, en diferentes ciudades del país y a movilizar a la gente a las calles para protestar por todo lo que está pasando”, dijo el senador Alfredo Rangel.

Jaime Amín, otro senador uribista, le dijo a EL TIEMPO que lo acordado es “acuartelarnos para mirar y analizar los siguientes pasos para protestar por este atropello, uno de los más fuertes contra nuestro partido”.

Según Amín, los uribistas creen que “Santos está respaldando estas medidas arbitrarias de la Fiscalía”.

Eduard Rodríguez, representante a la Cámara por el uribismo, reveló que en la reunión que tuvieron los directivos de su partido en la mañana se convino “pedir la renuncia del presidente Santos, por indignidad, y que asuma el vicepresidente Germán Vargas, no solo por el proceso de paz, sino por la grave situación económica que vive el país”.

El encarcelamiento de Santiago Uribe Vélez, acusado por la Fiscalía de cometer varios delitos hace casi 20 años, no obstante la independencia de poderes, recrudece el enfrentamiento entre Santos y Uribe y enrarece el ambiente político ad portas de la firma del fin del conflicto entre el Gobierno y las Farc.

Si en algún momento varios sectores (autoridades estadounidenses, empresarios privados y amigos de Santos y Uribe) pensaban que podría haber una aproximación entre los dos líderes y sus aliados políticos, esa posibilidad parece ahora mucho menos viable.

Uribe, quien ha acusado a Santos de traicionar su causa, entre otras razones por hacer concesiones a la guerrilla, estuvo la semana pasada en Estados Unidos acusando al Gobierno y a la Fiscalía de politizar la justicia para perseguir a sus amigos y familiares.

El martes, 24 horas después de la captura de su hermano, el expresidente Uribe expresó en Twitter su “tristeza” por esa detención y se quejó: “¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?”

Defensa de Uribe pedirá protección a la CIDH

El ganadero Santiago Uribe Vélez, detenido por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos por el grupo paramilitar conocido como ‘los 12 Apóstoles’, será trasladado, por petición de la Fiscalía, a una unidad de la Policía o una sede militar en Bogotá.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que por razones de seguridad se pidió al Inpec que Uribe Vélez no sea enviado a una cárcel y que espere en un sitio especial de reclusión la decisión del ente acusador, bien sea el archivo de su caso o el llamado a juicio. Ese proceso podría tardar entre cuatro y seis meses, al menos.

En el búnker de la Fiscalía, Santiago Uribe comparte área de reclusión (no celda) con personajes tan polémicos como el exjefe paramilitar ‘don Mario’, el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y el empresario Julio Gómez, ambos protagonistas del escándalo del ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.

El abogado Jaime Granados, quien representa a Santiago Uribe, aseguró que su cliente buscará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo proteja con medidas cautelares.

“La actuación de la Fiscalía les ha demostrado a la defensa y a la opinión pública que no hay garantías para Santiago Uribe”, aseguró Granados en una rueda de prensa desarrollada en la sede política del Centro Democrático.

El abogado agregó que su defendido ha demostrado su intención de comparecer ante la justicia y consideró un abuso que haya sido detenido, más aún porque, aseguró, la Fiscalía excedió en más de dos años el tiempo que tenía para definir su situación jurídica después de haberlo oído en indagatoria, diligencia que se cumplió en el 2013. En la misma vía, aseguró que Uribe Vélez no interpondrá “ningún recurso contra las decisiones de la Fiscalía porque no sirven para nada”.

En la investigación, que parte de la base de que los crímenes de ‘los 12 Apóstoles’ son de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, aparecen mencionadas otros supuestas cabezas del grupo, que según la Fiscalía sería responsable de 164 crímenes, entre homicidios y desapariciones en los años 90, en el centro norte de Antioquia.

Así, la Fiscalía analiza la eventual responsabilidad del comerciante y finquero Álvaro Vásquez, quien, según testimonios, fue uno de los creadores en 1990 de la Asociación de Comerciantes de Yarumal, que años después habría sido clave para la aparición de ‘los 12 Apóstoles’. Vásquez manejó en la época una red de informantes civiles similar a las ‘Convivir’, las cuales serían oficializadas pocos años después en el país.

En esa asociación también estaba el párroco Gonzalo Javier Palacio, a quien varios testigos y víctimas señalan como uno de los organizadores de la campaña de supuesta ‘limpieza social’ que aterrorizó la región hace 20 años.

En el expediente también aparece mencionado el exsenador y ganadero Ernesto Garcés Soto, quien, según el exparamilitar Diego Fernando Murillo, fue uno de los que supuestamente financiaron la banda ‘los Escopeteros’, la cual hizo presencia en Antioquia y sería responsable de crímenes cometidos en la región.

El abogado Daniel Prado, representante de los familiares de las víctimas en el proceso, pidió que se investigue formalmente a Garcés por los crímenes cometidos por ‘los 12 Apóstoles’.

‘Esto es ponerle un revólver al uribismo’

El exvicepresidente Francisco Santos aseguró que la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es la continuación de un plan para que el uribismo termine aceptando lo que se negocia en La Habana. Dijo que esa detención es como “ponerle un revólver al uribismo”.

¿Qué análisis hace de la captura de Santiago Uribe?

Hace parte de la persecución política que este Gobierno, con fiscales de bolsillo, ha realizado contra el uribismo. Hace parte de un proyecto de la justicia de perseguir al único partido de oposición, que plantea claramente el tema de autoridad y de orden. Parece que acá lo que quisieran los que persiguen al uribismo es que haya más desorden, caos y corrupción de la que se puedan nutrir.

¿Por qué la persecución?

Porque esto hace parte de unas condenas que no aguantarían una revisión jurídica. Hay un audio donde la Corte Suprema dice que hay que juzgar políticamente, y no por los hechos, a miembros del uribismo. Hay una sentencia que dice que no hubo chuzadas y, sin embargo, condenan a una funcionaria. Estados Unidos da asilo a unas personas que son perseguidas por la justicia y el Gobierno colombiano. Y ahora con esto es ponerle un revólver al uribismo y decirle que tiene que aceptar las condiciones de paz que le quieren imponer al país. Pues no, no lo aceptamos.

¿Esta captura busca que los uribistas se acojan a la justicia transicional?

Lo que quieren el Fiscal y el Presidente es eso. Lo que quieren es lo que utilizaba la mafia en los 80 o 90, cuando le decían a un periodista o un político: ‘¿quieren plomo o plata?’ Acá, el Fiscal y el Presidente están diciéndole al uribismo: ‘¿quieren 30 años para ellos o su libertad?’

¿Confía en que habrá garantías para S. Uribe?

No. Por qué cree que se fue Andrés Felipe Arias y lo protege Estados Unidos. Igual pasó con Luis Carlos Restrepo; ellos se van porque no hay garantías. Lo que necesitamos es un fiscal independiente y que no sea de bolsillo.

¿Aceptarían una veeduría internacional?

Eso es para la tribuna. En vez de pedir veedurías internacionales, lo que tiene que haber es un buen fiscal que les dé garantías a todos los colombianos.

¿Es un golpe fuerte para el expresidente Uribe?

Claro que sí, porque eso es meter a su hermano a la cárcel injustamente. Como no pueden con él, van por lo que más le duele: su familia. Es una canallada.

El Tiempo

Santiago Uribe: historia del ganadero acusado de paramilitarismo

Hay una anécdota que podría resumir la entrañable relación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Desde muy niños, cuando usaban pantalones cortos, cada vez que les preguntaban a qué se iban a dedicar cuando grandes, cada uno contestaba siempre de la misma manera. El joven Álvaro no dudaba en afirmar: “presidente de la República”. Santiago lo miraba y también respondía sin dudar: “yo, hermano del presidente de la República”.

Son los dos mayores entre los cinco hijos del ganadero Alberto Uribe Sierra y Laura Vélez Uribe. María Isabel, María Teresa y Jaime Alberto, quien falleció en el 2001, completaban la familia que se levantó en el municipio antioqueño de Salgar.

Y si hay un día que marcó la vida de ambos fue la tarde del 14 de junio de 1983. En Guacharacas, la hacienda de la familia en San Roque (Antioquia). Según la versión de Álvaro Uribe, “cerca de 12 hombres del llamado frente 36 de las FARC asesinaron a mi padre durante un intento de secuestro. Le dispararon dos veces; una en la garganta, otra en el pecho, el disparo que lo mató”. A las 4 de la tarde de ese día Alberto Uribe se encontraba con su hija María Isabel, que fue rescatada por una maestra, y por Santiago, que resultó gravemente herido. “Santiago permaneció varios días en estado crítico en el hospital; fue un milagro que hubiera sobrevivido”, continúa Álvaro Uribe con su relato (‘No hay causa perdida’, editorial Penguin).

De aquella tarde a Santiago le quedó una marca de por vida. Perdió uno de los dedos de su mano derecha. La que siempre extiende al saludar. En ese momento, mientras su hermano Álvaro iniciaba su carrera política, Santiago se quedaría en el campo administrando el negocio ganadero de su padre.

Santiago le heredó la afición por los toros de lidia. En 1984 se asoció con el empresario antioqueño Manuel Santiago Mejía y fundaron la ganadería La Carolina, en la hacienda del mismo nombre, ubicada en Santa Rosa de Osos. Allí también alimentó su otra pasión, los caballos de paso. Hizo fama de buen adiestrador y por varios años dirigió la asociación de criadores de caballos de paso fino, Asdesilla. Por esos años las pocas veces que apareció en televisión era cuando indultaban toros de su ganadería en las ferias taurinas del país.

Mientras Santiago ganaba prestigio con su ganadería La Carolina, ese nombre empezaba a estar relacionado con asesinatos en la zona entre Yarumal y Santa Rosa de Osos. Los hechos que hoy lo tienen detenido se remontan a los años 1993 y 1994. Su presunta participación en la confirmación de un grupo paramilitar denominado los ‘Doce Apóstoles’.

Las denuncias contra Santiago Uribe empezaron en 1997. Ese año rindió interrogatorio por la conformación del grupo paramilitar de los ‘Doce Apóstoles’, que incluso se decía que recibía entrenamiento en la hacienda La Carolina. Se le abrió un proceso, pero dos años después, en 1999, fue archivado por falta de pruebas. Parecía que se cerraba un oscuro capítulo.

El 2002 fue el año en el que los hermanos Uribe Vélez cumplieron sus sueños de niño. El 7 de agosto Álvaro Uribe se convirtió en presidente de la República y Santiago en el hermano del presidente. Muchos dejaron de llamarlo por su nombre y lo identificaban primero por esta nueva condición, la cual le permitió vivir ocho años sin que la justicia persiguiera sus pasos.

El proceso en su contra se reabrió cuando pasó a ser el hermano de un expresidente. En el 2012 el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero habló desde Buenos Aires, Argentina, sobre los ‘Doce Apóstoles’ grupo que definió como de “limpieza social” y financiado, al parecer, por ganaderos y comerciantes del norte antioqueño. Álvaro Uribe ya era expresidente y opositor del gobierno de Juan Manuel Santos.

Santiago Uribe fue llamado a nuevos interrogatorios en la Fiscalía, mientras otros testimonios de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’ también lo relacionaron con el paramilitarismo.

En Medellín, buena parte de su círculo cercano presentía desde hace mucho tiempo una posible captura. Hace un año, el 8 de febrero del 2015, La Carolina lidió su última corrida. Santiago Uribe decidió vender la ganadería que tras 34 años había sido su actividad. Se especulaba que abandonaría el país, que buscaría refugio en el exterior. No fue así. Se le siguió viendo con su sombrero aguadeño por Medellín, Santa Rosa de Osos, Manizales. A Isabel, a la que que adoptó, le prometió que no saldría corriendo, porque se veía inocente.

Pese a su fuerte temperamento, Santiago Uribe es de sonrisa fácil. Hace dos semanas lo vieron en público en su sitio de siempre, en el callejón de la Plaza de Toros de Medellín. Ahora la imagen que conoce el país de Santiago es sentado en la Fiscalía, viendo su celular y sin su sombrero, lo cual es toda una rareza. Un golpe al corazón del expresidente Álvaro Uribe. No se trata de un exfuncionario de su gobierno, sino del más querido de sus hermanos. Ese que de niño quería ser hermano del presidente de la República.

Semana

Lo que rodea a Álvaro Uribe

Por Ariel Ávila Martínez

La reciente captura de Santiago Uribe, hermano menor del actual senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, reabre el debate en torno a las relaciones directa o indirecta del expresidente con sectores de la ilegalidad. Las versiones han sido múltiples, entre otras, por ejemplo se le acusa de haber participado en la masacre del Aro y de haber tenido que ver directa o indirectamente con lo sucedido en la Hacienda Guacharacas y La Carolina.  Y sobre todo de haber gobernado con las estructuras políticas del paramilitarismo.

A Álvaro Uribe se le acusa de ser el padre del paramilitarismo, lo cual es falso, los grupos paramilitares se crearon y sobrevivieron más allá de Uribe, igualmente se le acusa de que ganó en 2002 la presidencia con el voto paramilitar, y si bien en los distritos electorales los paras votaron masivamente por el expresidente, este habría ganado, en todo caso, de forma más cerrada la presidencia en 2002. Pero de lo que sí es culpable Uribe es que, durante su gobierno, legalizaron las élites y volvió importantes varias estructuras criminales y políticas que de ninguna otra forma habrían pasado de ser caciques regionales. Durante los ocho años de Uribe tuvieron alcance nacional.

Los datos así lo manifiestan. Durante estos años una serie de políticos y estructuras políticas regionales dieron un salto a la arena nacional, por ejemplo, la familia Araújo era una expresión regional, pero después de la elección del confeso parapolítico Álvaro Araújo, su hermana Consuelo llegó a ser canciller, de hecho, tuvo que renunciar a su puesto después de que se comprobara que Álvaro Araújo se benefició del paramilitarismo. Igualmente, durante estos años, criminales de la Oficina de Envigado como alías JOB, entraban y salían de palacio sin problemas, se reunían, con miembros del alto gobierno, a planear conspiraciones contra las altas cortes.

61 congresistas que ejercieron sus funciones entre el año 2002 y 2010
han sido condenados por tener vínculos con grupos paramilitares,
todos ellos declarados uribistas y de la bancada de gobierno.

Hay tres ejemplos de lo que sucedió durante estos años de gobierno Uribe. El primero tiene que ver con el escándalo de la parapolítica. En total 61 congresistas que ejercieron sus funciones entre el año 2002 y 2010 han sido condenados por tener vínculos con grupos paramilitares, todos ellos declarados uribistas y de la bancada de gobierno. Incluso el primo del expresidente Uribe, Mario Uribe, fue condenado por concierto para delinquir. Es decir, durante estos años, el Congreso tuvo mayoría mafiosa. Esta bancada de la parapolítica aprobó leyes como la 1182 de 2008 o de saneamiento de la propiedad falsa, con la cual se legalizaron miles de hectáreas despojadas a campesinos.

El segundo ejemplo tiene que ver con los hombres de la seguridad del expresidente Uribe. Dos de sus edecanes, el general Santoyo y Buitrago, están presos por narcotráfico. El primero de ellos fue extraditado a los Estados Unidos. Nunca antes, ni siquiera en el proceso 8000, los jefes de seguridad de un presidente habían sido capturados por estos delitos.  Ni que decir del DAS, que fue utilizado para perseguir la oposición política y el poder judicial sin ningún cuidado. El organismo de seguridad de convirtió en una policía política del presidente.

Pero tal vez el ejemplo más complejo durante los años de gobierno Uribe tiene que ver con los falsos positivos. Los datos hablan por sí solos. Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990 fueron asesinadas tres mil personas, es decir, en 17 años. Durante los ocho años de gobierno Uribe se asesinaron cerca de cuatro mil personas que habrían sido víctimas de los falsos positivos o las denominadas ejecuciones extrajudiciales.

Así las cosas, en ocho años de democracia se superaron las cifras de asesinatos de una dictadura de 17 años.  Para estos casos si bien se han condenado algunos soldados y coroneles los altos mandos siguen en la total impunidad.

Las 2 orillas