Financiera finlandesa insiste en construir represa en río hondureño

La Compañía Finlandesa de Desarrollo Financiero (Finnfund, en inglés), dijo que condena el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres y se desmarca de cualquier señalamiento en su contra.

A través de un comunicado, el fondo finlandés lamentó que la violencia política que vive Honduras, haya acabado con la vida de Cáceres, ejecutada por paramilitares la semana anterior en su vivienda en la occidental localidad de La Esperanza.

No obstante, insiste en proseguir con la construcción de la represa sobre el río Gualcarque, ya que aseguran que no daña el área reclamada por la etnia lenca, cuya cabeza visible era Berta Cáceres.

A continuación, el comunicado de Finnfund:

COMUNICADO DE FINNISH DEVELOPMENT FINANCE COMPANY

(FINNFUND)

CONDENA EL ASESINATO DE LA ACTIVISTA AMBIENTAL

LA HIDROELÉCTRICA CRITICADA POR SER RESPONSABLE

Berta Cáceres, dirigente del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) que se oponía al proyecto de la central Hidroeléctrica de Agua Zarca, cofinanciado por FinnFund, fue asesinada en Honduras el 3 de marzo. El cual es un crimen que fuertemente condenamos.

Por los momentos, la divulgación de la información sobre los autores y motivos del asesinato no estan claros. Sin embargo, la situación política interna en Honduras es tensa, y, por desgracia, el país tiene una fuerte cultura de la violencia política.

COPINH ha criticado al gobierno nacional sobre la explotación de los recursos naturales y ha hecho reclamaciones que, por ejemplo, han sido violados los derechos de la minoría etnia Lenca. COPINH también ha criticado en repetidas ocasiones que el proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca usando estos argumentos.

Se han llevado a cabo manifestaciones en contra del proyecto. El uso de la violencia se ha producido en relación con las manifestaciones, pero las partes interesadas han presentado descripciones contradictorias de los acontecimientos.

Los cofinanciadores en el proyecto, incluyendo FinnFund y la Compañía

Financiera de Desarrollo Países Bajos (FMO), han hecho hincapié en la importancia de escuchar a todas las partes y resolver cualquier conflicto de manera pacífica, tratando de influir en los asuntos positivamente.

Se ha aconsejado a los guardias y fuerzas policiales que han protegido al proyecto durante las manifestaciones y otros eventos para que evitasen el uso de la fuerza.

La empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.), ejecutora del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ya ha sido acusada públicamente del asesinato de Cáceres.

Sin embargo, en base a la información actualmente disponible, no hay ninguna información que confirme la identidad de los asesinos. Finnfund espera de ellos sean llevados ante la justicia. FinnFund sigue monitoreando el desarrollo de la situación y reacionará según lo amerite.

Como cofinanciadores, FinnFund y FMO han sido capaces de apaciguar significativamente la situación entre el proyecto y sus críticos, y también han sido capaces de instigar a otras mejoras en la gestión de las responsabilidades sociales y ambientales del proyecto.

La relación entre el proyecto y las comunidades de los alrededores ha mejorado significativamente. Una clara mayoría de las comunidades y habitantes de las mismas apoyan el proyecto. Los partidarios de COPINH se centran principalmente en un solo pueblo.

Hay una gran cantidad de información falsa que está siendo propagada por la gente. La planta de energía en cuestión es de aproximadamente 22 MW el cual se ha hecho un desvió del cauce, con un embalse del tamaño de dos campos de fútbol.

Así mismo el agua extraída del cauce principal del río corre bajo tierra (3 túneles, por un total de aproximadamente 2 kilómetros), en los canales (4  canales, por un total de aproximadamente 2,7 kilómetros), y en las tuberías.

El agua acarreada del canal principal hacía la planta eléctrica no es de tal volumen para poner en amenaza al ecosistema del río. Los impactos ambientales y sociales del proyecto se han evaluado cuidadosamente y se han encontrado pocos.

A diferencia de lo contrario profesado en la opinión pública, el proyecto no ha implicado ningún reasentamiento involuntario o ha habido perdida de tierras agrícolas. Las áreas de tierra necesarias para el proyecto han sido compradas a través de la venta voluntaria de tierras (comprador dispuesto

– vendedor dispuesto), y el derecho de los vendedores para vender sus tierra se ha verificado cuidadosamente.

Las comunidades y habitantes de la zona han sido informados y consultados de manera cuidadosa (Consentimiento Libre, Previo e Informado, CLPI) que no se utiliza por lo general en los proyectos del tamaño de Agua Zarca y con tan pocos impactos ambientales.

FinnFund y FMO han llevado a cabo la debida diligencia detallada sobre estos asuntos. La afirmación hecha públicamente que la Corporación Financiera Internacional (IFC), la organización del sector privado del Banco Mundial, se había retirado del proyecto debido a problemas de responsabilidad tampoco son ciertos.

Un fondo, en donde el IFC es uno de los inversionistas, ha considerado hacer la inversión en el proyecto. Sin embargo, el período de inversión del fondo finalizó antes de que tuviera tiempo de tomar una decisión para invertir en Agua Zarca.

La empresa constructora china que inició el proyecto tampoco se retiró del proyecto, pero su contrato fue descontinuado a través de un acuerdo mutuo entre las partes.

Igualmente, contrario a lo que se ha afirmado en público, la estructura de la presa no se ha reducido de manera significativa a partir de los planos originales.

En su lugar, todo el proyecto fue trasladado de un lado del río (Río Gualcarque) a la otra para evitar conflictos con un grupo de pobladores críticos del proyecto. Ninguna tierra de propiedad comunal o utilizada por los pueblos indígenas se adquirido para el proyecto, y el acceso a los recursos naturales no se limitará.

El municipio de San Francisco de Ojuera, donde ahora se ejecutará el proyecto, no es territorio indígena y ninguna de las comunidades en el lado izquierdo del río (donde el proyecto ahora se lleva a cabo) se identifican como indígenas.

Desde un inicio, la razón clave para la participación de Finnfund en la financiación de Agua Zarca han sido los principales impactos en el desarrollo del proyecto:

Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, y en gran necesidad de inversiones.

Cuando se haya completado, se estima que Agua Zarca producirá unos 94 GWh de energía eléctrica al año, lo que corresponde al consumo de energía de aproximadamente 120,500 hogares rurales de Honduras, o medio millón de personas.

El proyecto en cuestión es un proyecto de energía renovable que reducirá las emisiones de CO2 de Honduras. La reducción promedio previsto de las emisiones de CO2 es de aproximadamente 61,000 toneladas por año.

El área alrededor del río Gualcarque está escasamente poblada y esta es una zona rural montañosa. El proyecto se estima que ofrecerá cientos de puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos 40 puestos de trabajo después de la finalización.

La población local se beneficiará también a través de inversión social de DESA, que incluyen la mejora de las carreteras, la planificación y la cofinanciación de los sistemas de agua potable, donaciones a las escuelas, y diferentes programas de capacitación. Como parte del programa de inversión social de DESA, hasta el momento se han electrificado a más de

1,392 hogares.

Actualmente la producción energética hondureña depende del petróleo importado. Se espera que el impacto positivo estimado de Agua Zarca en la balanza de pagos sea significativa. FinnFund estará dispuesto a proporcionar más información sobre su contribución al proyecto y conocer, por ejemplo, representantes de organizaciones preocupadas por los acontecimientos. Tales como el Ministerio de Asuntos Exteriores, responsables de la dirección de la propiedad FinnFund, se ha mantenido al tanto de los acontecimientos sobre el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

El Libertador

Amnistía Internacional exige mayor diligencia en caso de Berta Cáceres

Una misión de Amnistía Internacional (AI) realizó una conferencia de prensa este martes demandando una mayor diligencia en las investigaciones para esclarecer la muerte de la dirigente campesina Berta Cáceres.

La delegación de Amnistía Internacional se reunió con el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, así como con representantes de alto nivel de las Secretarías de Seguridad, Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la Procuraduría General y miembros de la sociedad civil.

“Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Para AI, “esta terrible inacción está transmitiendo el peligroso mensaje de que cualquiera puede matar impunemente a quienes se atreven a enfrentarse a los más poderosos de la sociedad. Que las autoridades parecen dispuestas a intercambiar vidas por dinero”.

Por otro lado, exigen al presidente Juan Orlando Hernández que se reúna con los familiares de Berta Cáceres, así como con defensores de derechos humanos y los mismos representantes de AI, quienes se encuentran de visita en Honduras.

El organismo también critica que hasta el momento sólo se ha citado a declarar a miembros de COPINH, al activista de derechos humanos Gustavo Castro, que estaba con Berta cuando la mataron, incluso después de prestar declaración varias veces y pese a las graves amenazas contra su vida.

Por otro lado, condenó que “ninguna de las personas a las que Berta denunció por sus constantes amenazas y acoso, entre ellas representantes de empresas que trabajan en la zona, ha sido citada a declarar”.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas que trabajan en defensa del derecho de los pueblos indígenas a la tierra.

Entre 2002 y 2014, 111 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados como castigo por su trabajo: 12 de ellos únicamente en 2014.
Asimismo, la AI recuerda que el gobierno aprobó en mayo del 2015 una nueva ley para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los periodistas.

“La ley en cuestión creó un sistema nacional de protección pero, hasta la fecha, su implementación ha sido absolutamente insuficiente. Según cifras oficiales, sólo se ha inscrito en dicho mecanismo a seis defensores de los derechos humanos y a cuatro periodistas”, sostiene AI.

“Las acciones dicen mucho más que las palabras. El contar con un programa que apenas beneficia a nadie no va a resolver la crisis de derechos humanos a la que se enfrenta Honduras. En lugar de eso, las autoridades deben garantizar que quienes mataron a Berta Cáceres comparecen ante la justicia, y que se toman todas las medidas necesarias para proteger a quienes defienden los derechos humanos en todo el país”, manifestó Guevara-Rosas.

La Tribuna