México vive una grave crisis de derechos humanos y violencia, que ha llevado al país a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe.La Comisión destaca que los errores en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples, por lo que ve como el gran desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad” para lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.El informe “Situación de los derechos humanos en México” fue realizado por la CIDH tras la visita de su personal a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, mismo que se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos para encontrar justicia y su desconfianza en las autoridades.

La Comisión señala que la “estrategia militarizada” iniciada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) para luchar contra el narcotráfico, y que se ha intensificado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, resultó en “una grave crisis de violencia y de seguridad” que ha provocado graves violaciones a derechos humanos.

También destacó la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad pues de no hacerlo se podría “facilitar el uso excesivo de la fuerza letal así como la impunidad en incidentes de violación a los derechos humanos”.

Según la CIDH, la impunidad es uno de los principales problemas, ya que el 98% de los delitos denunciados quedan impunes.

“En repetidas ocasiones la CIDH escuchó de las víctimas que la justicia en México es una ‘simulación’, ya sea porque se fabrican culpables o porque las autoridades no aplican la debida diligencia y las actuaciones no producen resultados”, dice el informe.

El informe cita los casos de Tlatlaya, donde se dio la presunta ejecución de al menos 12 personas a manos de militares y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que estuvo involucrada la policía municipal de Iguala.

Tras la publicación del informe este miércoles  ayer, el gobierno mexicano refutó las conclusiones de la CIDH y dijo que estas no reflejan el panorama general del país “y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

“La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial y en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”, respondieron la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

La Cancillería pidió a la Comisión sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones pues dice, el informe “no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”, señala el gobierno.

Situación de Derechos Humanos en México CIDH

Animal Político

México ante la CIDH: realidad negada (Editorial del diario La Jornada)

 En su informe anual sobre México, difundido ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que nuestro país pasa por una una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, debida en buena parte a la guerra contra el narcotráfico impulsada por la pasada administración calderonista –que no ha experimentado cambios sustanciales en la presente administración– y por el reforzamiento de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo cual ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas. Sobre el crimen perpetrado en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en el que fueron asesinadas seis personas y a raíz del cual 43 estudiantes normalistas continúan desaparecidos, el organismo internacional afirmó que es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado, y subrayó que es muestra de las graves deficiencias de las investigaciones en este tipo de casos, como la impunidad estructural y casi absoluta en los crímenes que tienen lugar en el país.

En cuanto a las medidas del actual gobierno para enfrentar esa crisis, la CIDH las consideró deficientes e insuficientes y señaló que existe una profunda brecha entre las instituciones legislativas y judiciales y la realidad que padecen millones de personas.

La respuesta oficial, emitida por medio de un comunicado de prensa, se limitó a descalificar el informe con el argumento de un sesgo de su metodología inicial y a enumerar las acciones adoptadas para hacer frente a la situación. El documento de la CIDH, a decir del gobierno mexicano, no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, ignora los avances y deja de lado la numerosa información que el Estado mexicano le entregó.

El encontronazo gubernamental con la instancia hemisférica de derechos humanos es, sin duda, preocupante por cuanto agudiza el creciente descrédito internacional del régimen, agravado por numerosos señalamientos negativos en materia de corrupción y violaciones a las garantías básicas. Pero la colisión más grave no es con la CIDH, sino con la realidad.

Aun dejando de lado episodios tan agraviantes como el de Iguala –en el que fuerzas del Estado, coludidas con la delincuencia organizada, asesinaron y desaparecieron a decenas de personas–, el de Tlatlaya –en el que hay indicios sólidos de ejecuciones extrajudiciales por elementos del Ejército– y otros muchos casos emblemáticos del deterioro del estado de derecho en el país, el hecho es que las cifras oficiales registran más de 48 mil homicidios dolosos en los primeros tres años del actual sexenio, además de miles de desapariciones forzadas, en lo que constituye un saldo equiparable e incluso superior al de la estrategia de seguridad pública del calderonato.

Lo anterior implica que el gobierno sigue siendo omiso en su responsabilidad fundamental y prioritaria, que es preservar la paz pública, brindar seguridad a los habitantes y garantizar su derecho a la vida. Si a esa falta inexcusable se agrega el conjunto de atropellos y agresiones de que ha sido víctima la población civil por servidores y funcionarios públicos, así como la persistente impunidad como saldo de un mal ejercicio de procuración, resulta difícil negar que el país atraviesa por una crisis gravísima de derechos humanos y por una falla sistémica de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

El primer paso para resolver los problemas consiste en admitir su existencia. Resulta desalentadora, por ello, la negativa oficial a un diagnóstico que refleja de manera precisa la exasperante realidad que sufren millones de personas en el territorio nacional.

Jornada