Guatemala no está garantizando el derecho a la alimentación de la población más vulnerable, a pesar de haber firmado los convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), denuncia la Campaña Guatemala sin Hambre. Otras organizaciones sociales también hicieron un llamamiento al presidente, Jimmy Morales, para que cumpla los compromisos adquiridos en octubre de 2012, cuando Guatemala recibió recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, resultado del Examen Periódico Universal (EPU) llevada a cabo por el Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

Transcurridos casi cuatro años del examen, las organizaciones sociales reclaman ante la falta de compromiso del gobierno con los derechos de las minorías , y hacen un llamado a la población a iniciar un debate nacional sobre derechos humanos, antes que se realice el siguiente EPU, previsto para principios 2017.

Lin Valenzuela, activista de la campaña Guatemala sin Hambre, expresa que el Estado de Guatemala ha violado el derecho a la alimentación de cuatro familias de Camotán Chiquimula, por lo que fue condenado por un tribunal de 2013. “Para ayudar al país a ir resolviendo éste y otros problemas sociales, el Presidente Morales debería hacer un llamado a su bancada en el Congreso de la República para ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC”.

En el marco del último EPU en 2012, 55 Estados Miembros de la ONU han formulado 111 recomendaciones referidas a la lucha contra la impunidad, el fin de la violencia contra las mujeres, el derecho a la alimentación y la reducción de la desnutrición, el acceso a la educación, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otras, que fueron aceptadas por Guatemala.

“A partir de que Guatemala asumió voluntariamente estos compromisos, organizaciones sociales de mujeres, personas con discapacidades, pueblos indígenas, niñez, juventud y promotoras del derecho a la alimentación, han venido dando seguimiento al desempeño del Estado y formulando propuestas para que éste cumpla con su obligación de garantizar los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos”, destaca el comunicado de las organizaciones.

En este documento, las organizaciones sociales denuncian también la fragilidad de las acciones que deberían promover y proteger los derechos de la mujer, y critican la falta de políticas públicas que garanticen la “participación política de los pueblos indígenas en diferentes espacios y niveles de toma de decisiones”. En el ámbito de la infancia, destacan que están contribuyendo a la generación de políticas públicas en más de 40 municipios, pero demandan el cumplimiento de la promesa de campaña del presidente Morales, que se comprometió a luchar contra la corrupción y a hacer disponibles los recursos para promover los derechos de los niños y adolescentes.

“El Presidente Morales debería acelerar el cumplimiento del compromiso de establecer un órgano de seguimiento que esté integrado por el Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente representantes de los países donantes que estén de acuerdo, con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones internacionales de Derechos Humanos, incluidas las formuladas en el marco del EPU”, enfatizan las organizaciones.

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