Gobierno del primer ministro Dean Barrow informa a comunidad internacional, incluidos EE. UU. y Gran Bretaña, sobre “situación extremadamente crítica” luego de incidente ocurrido el viernes último.

Las autoridades de Guatemala y Belice intercambiaron acusaciones por la incursión de una embarcación militar del país caribeño en un río en la frontera no demarcada entre ambos países, que mantienen un añejo litigio territorial, informaron ambos gobiernos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala aseguró que el pasado viernes una embarcación militar de Belice ingresó al territorio guatemalteco por el río Sarstún, sin seguir el protocolo establecido.

Un día después, las autoridades guatemaltecas establecieron contacto radial con la embarcación beliceña para pedirle que siguiera los protocolos de seguridad y reclamarle que había cortado redes de pescar de un ciudadano guatemalteco.

Según la nota oficial, la “comunicación fue respondida con insultos por parte de los tripulantes de la nave beliceña”.

En un comunicado, el gobierno de Belice afirmó que se registró “un enfrentamiento” entre las fuerzas de seguridad de ambos países el sábado por la noche en territorio beliceño.

De acuerdo con la nota, los guatemaltecos se “comportaban de una manera extremadamente hostil y amenazante, insistiendo en que nuestras tropas no deben estar en el Sarstún”.

El primer ministro de Belice, Dean Barrow, informó del incidente en un mensaje al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, añadió.

Además, Belice informó a la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, de la “situación extremadamente crítica”.

El incidente se registra previo a una reunión entre las partes prevista para el martes en Washington bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El diferendo territorial lleva más de 150 años. Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le reclama a su vecino 12.272 km2, equivalente a 50 por ciento del territorio de la excolonia británica, incluyendo varias islas y cayos.

Ambas naciones acordaron elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero antes se tiene que realizar una consulta popular en cada país, con fechas por definir.

El Periódico