En el transcurso de la semana pasada, el magistrado federal, Benjamín Soto Sánchez, quien encabeza el Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa en la notificación de sentencia de apelación ratificó la orden para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA) NO otorgue permisos de siembra de maíz transgénico, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos.

Como se recordara, en agosto del 2015 el Juzgado federal Décimo Segundo de Distrito en materia Civil, había negado suspender definitivamente la siembra del maíz transgénico, pero esta resolución revoca la anterior, quedando oficial la suspensión de la siembra de esta semilla.

“Hoy, podemos afirmar que la medida precautoria de suspensión es definitiva hasta que resuelva el juicio colectivo o algún juicio de amparo”, señalaron los defensores de la iniciativa.

En un comunicado, el colectivo defensor señaló que los científicos y especialistas que firman y encabezan la demanda colectiva actúan sin conflicto de interés, puesto que no dependen ni tienen relación alguna con las empresas trasnacionales.

Siendo los científicos demandantes: Antonio Turrent Fernández, en agronomía; Víctor Manuel Toledo, en el área socio ambiental; en las materias de antropología, historia y cultura, Julio Glockner y Narciso Barrera Bassols; en ética y patrimonio gastronómico, Raúl Hernández Garciadiego; en el área de derechos humanos, Miguel Concha Malo, director del centro Fray Vitoria; y en el ámbito de patrimonio alimentario, Luciano Concheiro y Patricia Moguel.

Mientras que las empresas trasnacionales son: Monsanto, Syngenta, Pioneer – Dupont y Dow. Además de las dependencias de SAGARPA y SEMARNAT; denuncias presentadas en julio de 2013.

En cuanto a la sentencia de Soto Sánchez, esta señala que en el juicio de acción colectiva quedó demostrada la presencia ilícita de transgénicos en cultivos de maíces nativos, por lo que podemos afirmar que los demandantes comprobaron que se han violado las leyes mexicanas e internacionales.

La misma sentencia señala, que de haber siembras experimentales, éstas estarán sujetas al control y evaluación mensual que llevarán a cabo tanto el juez federal como los científicos que ganaron esta batalla legal, con el objetivo de determinar si cumplen con las medidas de contención y su eficacia, pudiendo el juez de oficio o a petición de los científicos, revocar los permisos experimentales que estuvieren vigentes, es decir, estarán sujetos a control judicial.

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