Tras un fallo unánime, la Corte de Apelaciones confirmó durante esta mañana la sentencia que ordena al Ejército de Chile a entregar un listado con los nombres de los oficiales ascendidos al grado de general entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2015, y que prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) o la Central Nacional de Informaciones (CNI), entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

El pasado 7 de julio de 2015, el abogado Cristián Cruz recurrió a la Ley de Transparencia para conocer los nombres de los oficiales ascendidos entre 2002 y 2015 que hayan sido agentes de los organismos de represión estatal, DINA y CNI. Esta solicitud que fue aceptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) el 16 de octubre del mismo año.

Tras enterarse de esta situación, el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, interpuso un reclamo de ilegalidad ante la petición, aludiendo a que dicha nómina pertenecía a información reservada. Sin embargo, esta mañana, los ministros Javiera González, Mario Rojas y Maritza Villadangos, que integran la Segunda Sala del tribunal, ratificaron la decisión del Consejo para la Transparencia que obliga al Ejército a develar la información solicitada por el abogado, argumentando que la información solicitada se acoge dentro de la Ley.

El tribunal plantea que “La exposición de los ascensos y destinaciones de funcionarios públicos, forma parte del ejercicio de la función de la misma índole, la que debe estar al alcance de cualquiera que tenga interés en conocerla, desde que se enmarca en la transparencia necesaria a la confianza sobre la que se estructura y construye un Estado de Derecho sólido y perdurable”. Complementando además que es de carácter público”Precisar la existencia de afectación de los derechos de ciertos funcionarios públicos en el ejercicio de funciones de igual naturaleza, en el evento de darse a conocer sus individualizaciones, ascensos y destinaciones en determinados períodos”.

A veinticinco años de llegada la democracia chilena, este es uno de los primeros hitos relativos al esclarecimiento de la verdad en manos de los Tribunales de Justicia, en torno a los responsables de los casos de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura cívico-militar. Un fallo que intenta poner fin a un pacto de silencio, mientras no cesan los cuestionamientos al recinto penintenciario Punta Peuco, que en febrero de este año alcanzó su capacidad máxima de reclusos, todos condenados por delitos de lesa humanidad. Habrá que esperar que el dictamen de la Justicia chilena sea cumplido por el Ejército y no pase a engrosar la lista de los fallidos intentos por esclarecer la verdad.

El Desconcierto