La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la “grave situación” de violencia que viven en México los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y conminó al gobierno de Enrique Pena Nieto a resolver esta situación violatoria de las garantías individuales.

Por medio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH, que la semana pasada presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, concluyó necesario resaltar el problema que enfrentan los comunicadores y los que promueven la defensa y respeto de las personas en el país.

“La CIDH y su Relatoría Especial ponen de presente la grave situación de violencia que padecen periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, que los convierte en un grupo de la población especialmente vulnerable”, indico el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado.

El llamado de atención al gobierno de Peña Nieto lo hizo la CIDH con el “objetivo de asistir” a México en el fortalecimiento del derecho fundamental de la libertad de expresión.

Citando cifras oficiales, la CIDH menciona que entre los años 2010 y 2015, fueron asesinados más de 55 periodistas en México.

“La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que se refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas”, insiste la CIDH en su comunicado.

Como lo hiciera en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, la CIDH destacó de manera especial su observación de que la violencia contra los comunicadores es más aguda en los estados del país donde hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado.

“La información con la que cuenta la CIDH permite afirmar que, en su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados”, subraya el comunicado.

En este mismo sentido, dijo que las denuncias de hostigamiento contra periodistas por parte de policías municipales, estatales y federales, consisten en amenazas, vigilancias e interceptación de las comunicaciones.

De entre los estados del país donde la vulnerabilidad de los periodistas es más grave, la CIDH mencionó principalmente los casos de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

En estas mismas entidades, la CIDH anota que hay muchas denuncias de violaciones a las garantías individuales que sufren las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.

La CIDH reconoce que el gobierno mexicano ha implementado salvaguardas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. “Sin embargo, se han presentado desafíos en la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento”, se lee en el comunicado.

Para la CIDH es alarmante el alto índice de impunidad de los crímenes contra comunicadores y defensores de los derechos humanos. Y afirma que del 1 de diciembre de 2012, al 31 de agosto de 2015; la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de expresión (Feadle), inició 458 averiguaciones previas. De este total, la Feadle se declaró incompetente en 176 casos y en 53 inició proceso contra un solo presunto responsable.

En este mismo sentido, acota que desde 2013, cuando se le otorgó la facultad jurídica a la Feadle, solo la ejerció en 40 casos de los casi 500 que recibido.

“La Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia”, enfatiza el comunicado de la dependencia jurídica de la OEA.

Al gobierno de Peña Nieto le recomienda de manera específica que mantenga el carácter de fiscalía especializada a la Feadle, que la dote de recursos económicos y humanos suficientes para cumpla su labor.

Asimismo, que implemente estrategias a nivel federal y estatal para dar una respuesta integral a los casos de protección, procuración de justicia en las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y periodistas.

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CIDH: informe sobre la situación de derechos humanos en México