La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) estudiará la próxima semana con el Gobierno de Honduras la posibilidad de efectuar una visita al país centroamericano.

Así lo anunció este miércoles el secretario ejecutivo de la Cidh, Emilio Álvarez Icaza, en la rueda de prensa sobre el 157 período de sesiones y las audiencias públicas que comienzan el día 4 de abril en la sede de Washington.

La Comisión y una delegación del Gobierno hondureño se reunirán el día 6 para explorar la posibilidad de una nueva visita, después de que en febrero la Cidh publicara un informe sobre la efectuada en diciembre de 2014.

Preguntado por la petición de familiares, activistas y legisladores para que la CIDH efectúe una investigación independiente del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, Álvarez Icaza se limitó a decir que “la Cidh puede tener voluntad (de hacerlo) pero se necesita la disposición y los recursos de los Estados”.

Los familiares de Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo, activistas y legisladores estadounidenses han pedido públicamente que la Cidh cree un grupo de investigación para el suceso como el que investiga la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa.

Según Álvarez Icaza, tanto él como el grupo sufren una “campaña de desprestigio” por parte del Gobierno mexicano, que ha descartado públicamente prorrogar el mandato de los expertos cuando expire el próximo 30 de abril.

Preguntado por si esa situación podría afectar a posibles nuevas experiencias similares de grupos de investigación de expertos en otros países, Álvarez Icaza admitió que “sí, puede afectar”, porque lo que se genera es “una discusión sobre los mecanismos de derechos humanos”.

Berta Cáceres, defensora del medio ambiente y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros en su casa el pasado 3 de marzo, en la ciudad hondureña de La Esperanza.

La Comisión, en su informe publicado en febrero sobre la visita de 2014, instó al Gobierno de Honduras a que ponga fin al alto índice de impunidad en el país y al uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en algunos casos “en complicidad” con el crimen organizado.

La Cidh estima que más del 80 % de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes por la incapacidad de los órganos de investigación.

La Comisión celebrará dos audiencias públicas sobre Honduras la próxima semana, una sobre los derechos humanos de las personas LGTB (lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero) y otra sobre los derechos humanos en el Bajo Aguán (Honduras).

laprensa

Honduras deniega a CIDH liberación de mexicano testigo de asesinato de ambientalista

Una jueza hondureña rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que permita comparecer ante ese organismo, con sede en Washington, al mexicano testigo del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, denunciaron este miércoles abogados de la defensa.La jueza Victoria Flores argumentó ante la CIDH que “no es obligatoria la comparecencia” de Gustavo Castro ante la Comisión, “que no está fundamentada la solicitud y que su presencia es necesaria” en Honduras para investigar el crimen, afirmó en rueda de prensa la abogada del testigo mexicano, Ivania Galeano.Una copia de la solicitud enviada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, Elizabeth Abi-Mershed, entregada a la AFP, explica que se ha convocado a Gustavo Castro “a fin de que participe en la reunión de trabajo programada para el 6 de abril” en Washington.

La CIDH “cumple en solicitar al gobierno de su excelencia que tome todas las medidas necesarias para facilitar la comparecencia de Castro a dicha reunión”, subraya la nota.Edy Tábora, otro de los abogados de Castro, afirmó que su defendido “rindió varias declaraciones administrativa en el ministerio Público” y que “realizó tres reconocimientos administrativos fotográficos” que le llevaron para reconocer a los supuestos asesinos y “participó en la diligencia de la reconstrucción” del crimen.

Sin embargo, las autoridades judiciales hondureñas se han negado a liberar al testigo mexicano, pese a que también han sido interpuestos varios recursos en su favor.Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en la ciudad de La Esperanza, oeste.

En el mismo acto, los atacantes hirieron a Castro quien fue requerido por las autoridades judiciales hondureñas como “testigo protegido” y le ordenaron permanecer por 30 días en Honduras desde el 7 del mismo mes.La CIDH dictó medidas cautelares a Castro y a la familia de Cáceres que ha pedido la liberación del mexicano debido al temor de que las autoridades hondureñas pretendan incriminarlo para exonerar a los verdaderos culpables.

La familia de la ambientalista y el Copinh solicitaron al gobierno investigar a una compañía que construye una represa en el oriente de Honduras, así como a autoridades militares, policiales y de la Fiscalía a quienes acusan de estar coludidos con dicha empresa.La compañía construye una central hidroeléctrica en la zona, al que se oponía Cáceres por estar dentro del territorio indígena lenca, comunidad a la que pertenecía la dirigente popular y ambientalista hondureña.

elheraldo


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