Una ley muy debatida que se cambió por DNU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se hizo eco de las denuncias recibidas y confirmó para el próximo 8 de abril una audiencia sobre la “Libertad de expresión y los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”. El título de la convocatoria pone de manifiesto que la preocupación del organismo internacional no se limita a las cuestiones legales respecto de los decretos presidenciales de necesidad y urgencia (DNU) que pretenden suplantar la LSCA, sino también por los riesgos para la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que se plantean en el nuevo escenario político de la Argentina.

La audiencia fue solicitada, entre otros organismos, por la Defensoría del Público a través de su titular, Cynthia Ottaviano, quien viajó expresamente a Washington el 22 de enero último para reunirse allí con el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Alvarez Icaza Longoria, y con el Relator Especial para Libertad de Expresión, el abogado uruguayo Edison Lanza. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a asociaciones y redes de comunicadores, universidades y cooperativas, son otros de los actores convocados a la audiencia, a la que también deberán asistir representantes del gobierno nacional para responder a los requerimientos que se les hagan.

Con posterioridad al encuentro en Washington en enero último, el Relator Edison Lanza estuvo en Buenos Aires la primera semana de febrero y, aprovechando una invitación para un seminario internacional, realizó una serie de entrevistas con funcionarios de gobierno, representantes de organismos de derechos humanos, de la Defensoría del Público e integrantes de organizaciones de comunicación. Aquí Lanza se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con Miguel de Godoy, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo que por decreto del presidente Mauricio Macri sustituye a la Afsca (Autoridad Federal de Servicios Comunicación Audiovisual) y la Aftic (Autoridad Federal de las Tecnologías de Información y Comunicaciones). Fue esa la primera vez que los funcionarios del gobierno de Cambiemos accedieron a un encuentro formal con representantes de la CIDH. Antes habían hecho gestiones informales en Washington para intentar explicar las medidas del Gobierno.

La audiencia de la CIDH sobre el tema argentino se celebrará en abril en el marco período ordinario de sesiones que tendrá lugar en Washington. El pedido se realizó con motivo de la modificación por medio de decretos presidenciales de las normas antimonopólicas y anticoncentración previstas en la LSCA, y la autonomía, representatividad y pluralidad de sus órganos de aplicación. En la ocasión se pretende alegar sobre la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, del que el Estado argentino forma parte.

Se estima que la duración de la audiencia será de aproximadamente una hora. En una primera parte los peticionantes, a través de un vocero, expresarán los motivos del reclamo, tras lo cual los representantes del Gobierno expondrán sus argumentos. Los comisionados también podrán formular preguntas a las partes. Con posterioridad, la comisión podrá emitir un informe para el cual no cuenta con un plazo estipulado.

Además del CELS y la Defensoría del Público en la lista de los peticionantes argentinos se cuenta la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe (Rrulac), la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (Aruna), el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Trayecto de locución (Convenio Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual-UNER), el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), Músicos Autoconvocados, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Red Par, y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina (Arbia).

Para quienes solicitaron la intervención de la CIDH en el caso constituye un éxito de por sí que el tema argentino haya sido considerado relevante para su inclusión en el período de sesiones ordinario de la comisión, lo que permitirá además mantener la mirada atenta y un monitoreo constante sobre los hechos que ocurran en la Argentina respecto de la libertad de expresión.

 

Página/12