Colombia tiene este jueves un día definitivo en la Corte de La Haya

La Corte Internacional de La Haya (CIJ) fallará hoy en relación con las dos últimas demandas instauradas por Nicaragua contra Colombia ante ese tribunal.

Aunque son varios los escenarios probables que impliquen la decisión de esa corte, lo más seguro es que esta se limite a determinar si tiene o no competencia para conocer de fondo las pretensiones de Nicaragua.

El país centroamericano tiene dos objetivos contra Colombia ahora: por un lado quiere que se le reconozcan derechos sobre una plataforma continental extendida más allá de 200 millas de sus costas, aspiración que comprometería aguas colombianas. En segundo lugar, el gobierno de Daniel Ortega busca que La Haya exija a Colombia cumplir la sentencia de noviembre del 2012, mediante la cual se le otorgaron derechos sobre aguas del Caribe, cerca de San Andrés.

En el segundo caso, Nicaragua arguye que Colombia ha violado sus derechos en el mar Caribe y ha amenazado con el uso de la fuerza.

La plataforma continental extendida debe entenderse como la superficie submarina. Los nicaragüenses consideran que desde sus costas se extiende una plataforma continental que, por sus características, les da derechos sobre el lecho marino más allá de las 200 millas que le corresponden.

Y sobre el fallo del 2012, Nicaragua le pide a la Corte que obligue a Colombia a acatar el fallo que le entregó derechos sobre aguas cercanas a San Andrés.

Colombia ha dicho que acata pero que no aplica el fallo. Entre otras razones, porque la aplicación demandaría acciones como modificar normas internas colombianas sobre límites.

Una forma para aplicar el fallo del 2012 sería suscribir un tratado con Nicaragua, el cual Colombia propuso inicialmente, pero como ese país escogió el camino de la demanda ante la Corte, el interés por ese acuerdo perdió fuerza.

La nueva situación con el país centroamericano, objeto de estudio en esta Corte, se remonta a las demandas que esa nación hizo a finales del 2013, después de que Colombia se había retirado de la jurisdicción de este tribunal tras la denuncia del Pacto de Bogotá.

La decisión de La Haya de este jueves será de forma (sobre la competencia para conocer o no de fondo las pretensiones de Nicaragua), porque instauradas las demandas, Colombia presentó en diciembre del 2014 excepciones preliminares escritas, es decir, un alegato en el que pidió al tribunal declararse sin competencia para ir al fondo del asunto.

La Corte está obligada a responder primero las objeciones de Colombia. Si los jueces de La Haya admitieran los argumentos colombianos y aceptaran que no son competentes para examinar las demandas nicaragüenses de fondo, ahí terminaría por ahora el pleito.

Si en alguno de los casos la Corte admite que puede conocer del tema, el tribunal iría al fondo.

Aunque Colombia alega que La Haya no puede abordar el examen de las pretensiones nicaragüenses, entre otras razones porque considera que ya no obedece a esa jurisdicción, aceptó ir a esta discusión ante el temor de que la Corte continuara el estudio de esos temas de fondo, sin la posibilidad de plantear algún tipo de controversia.

Al denunciar el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre del 2012, Colombia estima que quedó inmediatamente por fuera de la jurisdicción de La Haya y así se lo ha dicho al tribunal.

Algunos críticos del gobierno del presidente Santos han cuestionado que Colombia haya ido a La Haya a controvertir con Nicaragua en este caso.

La Cancillería colombiana ha explicado que concurrió porque la Corte hubiera podido continuar con el proceso en su ausencia, ya que los estatutos del tribunal establecen que cuando una de las partes no comparece, la otra parte podría pedir que se decida a su favor.

El fallo de La Haya que se producirá este jueves ha generado todo un debate interno desde el punto de vista político.

El uribismo, principal sector político de oposición al Gobierno, rechaza de plano que Colombia acoja cualquier sentencia de La Haya que afecte los intereses de la nación.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe de esa oposición, aceptó ir esta semana a una reunión con otros partidos y la canciller María Ángela Holguín a escuchar los criterios del Gobierno.

Desde las 9 de la mañana de este jueves, los colombianos podrán seguir en directo por ELTIEMPO Televisión y www.eltiempo.com, desde La Haya, la audiencia en la que se conocerá el fallo.

Nicaragua, con amplia tradición en demandas

De los 18 casos que han llegado a la Corte Internacional de Justicia en los últimos 30 años, en 11 Nicaragua ha estado involucrada. De esta cifra, en ocho el país centroamericano aparece como demandante.

Hasta ahora, los nicaragüenses han llevado a la CIJ pleitos con sus vecinos Honduras, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

En el caso colombiano, Nicaragua inicialmente demandó en procura de conseguir ampliar sus dominios en ultramar y quedarse con buena parte del Caribe colombiano, incluido el archipiélago de San Andrés.

El Tiempo

Las razones por las que La Haya no es competente en caso de Nicaragua

Colombia argumenta que la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) no es competente para conocer sobre la demanda de Nicaragua en cuanto a su pretensión de extender su actual plataforma continental.

Estas son cinco de los argumentos del Gobierno Nacional:

1. El 27 de noviembre del 2012, Colombia denunció con efecto inmediato el Pacto de Bogotá, por lo que no se podrían iniciar demandas contra nuestro país en la CIJ a partir de esa fecha, pues ya salía de la jurisdicción de ese tribunal internacional.

2. La competencia de la Corte para conocer de la demanda sobre la plataforma continental extendida se agotó en el fallo del 19 de noviembre del 2012, en el que esta alta corte reconoció derechos a Nicaragua sobre aguas del Caribe.

3. Para Colombia, el diferendo marítimo entre los dos países ya fue definido por la CIJ en el fallo del 19 de noviembre del 2012, que es definitivo y sobre el cual no hay nada más que resolver.

4. La demanda de Nicaragua constituye una solicitud de revisión del fallo del 19 de noviembre del 2012, lo que no es jurídicamente viable porque esta decisión no permite apelación alguna.

5. Los abogados del país argumentan además que antes de interponer esta demanda, Nicaragua requería de un concepto favorable por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (entidad de la ONU), documento que aún no tiene.

Los alegatos sobre el incumplimiento

En lo que tiene que ver con la demanda sobre el supuesto incumplimiento del fallo de noviembre de 2012, el Gobierno Nacional también tiene definidos sus argumentos.

Tras la denuncia al Pacto de Bogotá (retiro), no se podrían iniciar demandas contra nuestro país en la CIJ, pues Colombia ya salía de la jurisdicción de esa corte.

Nicaragua no presentó ninguna reclamación por la conducta de Colombia tras el fallo del 19 de noviembre del 2012 y solo lo hizo un año después de radicado el fallo a través de una nota de protesta.

Nicaragua no cumplió con la disposición contenida en el Pacto de Bogotá según la cual una controversia puede ser elevada ante la CIJ solo si antes esta no pudo ser resuelta por la vía diplomática entre los países.

La competencia de la CIJ debe estar fundada en el consentimiento de los países en disputa de llevar la controversia a la Corte, hecho que en este caso no se dio porque Colombia no manifestó su consentimiento.

Esa Corte no tiene jurisdicción para monitorear el cumplimiento de sus propios fallos. En caso de que un país incumpla alguna sentencia de la CIJ, debe manejarse mediante una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en la OEA y, de no resolverse el desacato, debe acudirse al Consejo de Seguridad de la ONU. En el caso de la disputa con Nicaragua, ninguna de estas instancias se agotó.

Los que tomarán la decisión

Doce de los 15 jueces de la CIJ que estuvieron presentes en el fallo de noviembre del 2012 continúan haciendo parte de la Corte. Desde febrero del 2015 hay tres miembros nuevos; sin embargo, el juez australiano James Richard no hará parte de la decisión, dado que fue asesor de Colombia en el pleito fallado en el 2012.

Tanto nuestro país como Nicaragua tienen derecho a designar cada uno un juez para el caso, ya que ninguno de los dos tiene miembros en este tribunal. De esta manera serán 16 los jueces que decidirán si la CIJ es competente para conocer de las demandas de Nicaragua.

El Tiempo