Intervención de la cancillería mexicana

El gobierno de México pidió a Honduras permita a Gustavo Castro retornar a territorio nacional lo antes posible, desde donde seguirá colaborando en la investigación sobre el homicidio de la activista Berta Cáceres, como establecen las leyes del país centroamericano y el acuerdo bilateral de asistencia jurídica en materia penal.

Por disposición de las autoridades hondureñas, el connacional permanece en aquella nación en calidad de testigo, en el marco de las pesquisas que se llevan a cabo para detener a los responsables del asesinato de la ambientalista, ocurrido el 3 de marzo.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México resaltó que desde el ataque contra la activista indígena Castro Soto ha mostrado disposición a colaborar con la fiscalía en todos los requerimientos que le han solicitado, a fin de contribuir a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

Manifestó plena confianza en el compromiso de las autoridades hondureñas para realizar las investigaciones pertinentes y presentar ante la justicia a los responsables de estos hechos, así como proteger al testigo en el proceso penal, con apego a los derechos humanos y protocolos internacionales aplicables.

Agregó que el gobierno de Honduras ha dicho que está adoptando todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del connacional. En este sentido, la embajada de México le solicitó oficialmente detallar el alcance de las acciones adoptadas.

También se comprometió a seguir velando por el cumplimiento de tales medidas, al resaltar que la embajada mantiene contacto permanente con Castro Soto y le brinda el apoyo y la protección consular a la que tiene derecho bajo la legislación mexicana y la Convención de Viena de Relaciones Consulares, con pleno respeto a las leyes hondureñas.

Añadió que la legación seguirá brindando toda la protección consular que el connacional requiera hasta su retorno al país.

La dirigente indígena ambientalista Berta Cáceres, de 43 años, fue asesinada a tiros por desconocidos que invadieron su casa en La Esperanza, a 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. Gustavo Castro se encontraba en el domicilio de la lideresa cuando ocurrió el ataque, en el cual resultó herido.

Jornada

Honduras: ONU pide protección para activista mexicano relacionado con caso de Berta Cáceres

El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, solicitó este jueves al gobierno de Honduras que proteja al activista mexicano Gustavo Castro Soto de forma inmediata y se le permita regresar a su país.

En un comunicado emitido en Ginebra, Forst pidió a las autoridades hondureñas “garantizar que la vida del Sr. Castro Soto no corra más riesgos” y expresó grave preocupación por la seguridad del defensor de derechos medioambientales en el país centroamericano.

Castro fue herido en el asalto que acabó con la vida de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas Berta Cáceres el pasado 3 de marzo.

Tras el incidente, las autoridades hondureñas impidieron la vuelta del activista a México y formalizaron una alerta migratoria que impide a Castro salir de Honduras durante 30 días aunque la justificación de dicha alerta está pendiente de confirmación.

Forst indicó que el asesinato de Cáceres es una trágica llamada de atención al Estado hondureño, para que prevenga estos actos de violencia y proteja a los defensores de derechos humanos llevando a los responsables ante la justicia.

El relator también pidió al gobierno hondureño que se realice una investigación “inmediata, independiente e imparcial”, acerca del asesinato de Berta Cáceres.

Criterio

La vida de Gustavo Castro corre peligro en Honduras: CEJIL

La vida del testigo clave del asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres corre peligro mientras permanezca en Honduras, alertaron el jueves organizaciones locales e internacionales, exigiendo a las autoridades que permitan su salida del país centroamericano.

El activista mexicano Gustavo Castro estuvo presente y resultó herido durante el ataque a tiros contra la premiada líder indígena, quien había denunciado amenazas por su oposición a grandes proyectos hidroeléctricos y mineros.

“Está en serio peligro”, dijo a Reuters Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para América Central y México. “Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Berta Cáceres son extremos y podrían atentar en su contra”, agregó.

Un juez ordenó la permanencia de Castro en el país por 30 días mientras continúan las investigaciones.

El asesinato de Cáceres la semana pasada desató una oleada de indignación en el país y la comunidad internacional. La líder ecologista se hizo acreedora del premio Goldman en 2015 luego de que paralizó la construcción de una presa que amenazaba con desplazar cientos de indigenas de etnia Lenka.

La policía no ha ofrecido todavía ninguna versión oficial sobre el ataque, que habría sido perpetrado por dos desconocidos que irrumpieron en el domicilio de Cáceres.

El activista mexicano podría reconocer al menos a uno de los asesinos, dijo Óscar Castro, hermano de Gustavo, quien actualmente está resguardado en la residencia de la embajada de México en Tegucigalpa bajo protección de la policía.

“Gustavo vio solamente a una persona”, dijo Castro a Reuters, agregando que su hermano cree que podría reconocerla.

Las autoridades todavía no tienen ninguna hipótesis oficial, lo que ha levantado fuertes críticas de familiares y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, que piden una investigación internacional independiente.

Una fuente del Ministerio Público dijo a Reuters que la investigación contempla tanto el trabajo de Cáceres en defensa del medio ambiente como la criminalidad común en uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo.

“Se investiga a varias personas cuyas identidades no se pueden revelar”, dijo la fuente, que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones.

Hasta el momento, además de Castro tan solo han declarado un ex compañero sentimental de Cáceres, que también trabaja en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), y el vigilante del condominio donde se ejecutó el homicidio.

Sin embargo, familiares y compañeros critican que todavía no se haya llamado a los interesados en construir la represa que logró detener temporalmente Cáceres, quien no tenía protección al momento del ataque pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Jornada

Hermetismo ronda hipótesis sobre asesinato de Berta Cáceres

A más de una semana del asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, pocos detalles se conocen sobre quienes ordenaron y ejecutaron su muerte, mientras crece la presión internacional para resolver este emblemático caso.

– “La muerte de Berta Cáceres, no será tolerada ni quedará en la impunidad”, promete el gobierno.

– Más de 220 organizaciones de derechos humanos enviaron una carta al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para pedirle que impulse una “investigación independiente” sobre el asesinato de Cáceres.

– Familiares de Cáceres denuncian que pidieron cita con el fiscal general, pero de momento no reciben respuesta a su petición.

Berta Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), defensora de derechos humanos y líder de la etnia lenca que vive en el occidente de Honduras.

Fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo. La dirigente indígena tenía medidas cautelares, pero el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que a petición de ella misma sólo se le proveían custodios cuando salía de la ciudad o lo solicitaba. Las denuncias de Berta Cáceres sobre intentos para matarla fueron múltiples.

Desde que se cometió el crimen, tres personas fueron requeridas por las autoridades competentes en calidad de testigos, sin embargo de momento no hay requerimientos fiscales ni personas señaladas de cometer el suceso criminal.

La Fiscalía hondureña, mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en colaboración con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, realizan las pesquisas para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del crimen.
Descubrir científicamente la verdad

Para el fiscal general Oscar Chinchilla, lo fundamental es descubrir cuál es el móvil del asesinato y presentar una solución real del caso a la comunidad hondureña e internacional.

El funcionario dijo que encontrar a los verdaderos culpables lleva a afianzarse en una investigación seria y responsable, con pruebas científicas, que logre hechos sustentados.

“La vida de todo hondureño no debería perderse y aquí tiene el ingrediente que se trataba de una defensora activa de los pueblos indígenas y de los derechos humanos, es un hecho lamentable y un reto para el Estado, hay que encontrar a los culpables, descubrir cuál fue el móvil y presentar no solo para los hondureños, sino para la comunidad internacional que está muy pendiente, una solución real del caso” reafirmó el titular del ministerio Público.

Agregó que las agencias destinadas a atender el caso del crimen de Berta Cáceres, “están trabajando fuertemente. En un sector de la investigación la DPI, otra parte la maneja la ATIC, la Ley del Ministerio Público le permite al director de fiscales decidir quien trabaja un caso o conformar equipos que es lo que él está haciendo; la unidad de Medicina Forense está trabajando fuerte, existen algunas informaciones preliminares, se han hecho diligencias” dijo el fiscal quien no quiso externar detalles de las hipótesis más cercanas a lo fidedigno.

Ministerio Publico 16

El MP tiene asesoría de algunas agencias estadounidenses, vinculadas a las unidades de homicidios y delitos contra la vida.

En tanto, un comunicado emitido por el gobierno reza que “para garantizar la agilidad y transparencia en la investigación del crimen de la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, el Estado de Honduras mantiene activos todos sus organismos de investigación y del sistema de operadores de justicia. La investigación tiene el acompañamiento de agentes especializados de países amigos, así como del acompañamiento en el proceso de instituciones nacionales, organismos y organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos”.

Desde que se suscitó el crimen, el mexicano Gustavo Castro es parte importante en el proceso investigativo en vista que presenció el suceso e incluso resultó herido por quienes irrumpieron en la vivienda de Cáceres ubicada en la Residencial El Líbano en la Esperanza, Intibucá.

Pese a que el activista mexicano ya ha declarado, las autoridades consideran que aún hacen falta datos que él podría proporcionar y que son cruciales en la investigación. Él es, por ahora, el único testigo presencial del hecho.

Según declaraciones de Salvador Zúniga, dirigente lenca y ex esposo de Berta Cáceres, Gustavo Castro le dijo, cuando estaba ya herida, que lo llamara a él (a Salvador) para que acudiera a auxiliarles.

Mientras las autoridades hacen las diligencias y contrastan información entre otros temas relacionados al hecho, la presión internacional crece para que se esclarezca la muerte de la ambientalista; también familiares, amigos y dirigentes indígenas demandan respuestas al crimen.

Castro, testigo clave, seguirá en el país por 30 días

Gustavo castro 2El ambientalista Castro deberá seguir en Honduras por decisión de la jueza que rechazó un recurso de reposición para que él abandone el país.

Pese a que la medida es legal, en las últimas horas Óscar Castro, hermano de Gustavo; familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en una rueda de prensa en Tegucigalpa han reaccionado desfavorablemente ante la medida.

El hermano de Gustavo Castro indicó que la jueza Victorina Flores, de La Esperanza, no aceptó un recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de salida del país del ambientalista, alegando que es testigo del asesinato de Cáceres.

Su hermano Oscar reiteró que Gustavo es “víctima, testigo y defensor de derechos humanos”.

La misma denuncia asegura que la jueza Flores también alega que Castro, quien goza de la protección de la embajada de su país, “incumplió una citación”, que según su hermano no recibió, relacionada con un incidente en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, desde donde el ambientalista pretendía regresar a México.

La jueza “aduce que (Gustavo Castro) incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura”, añade el reclamo.

Además, la jueza resolvió la suspensión del proceso y del ejercicio de la profesión de la abogada Ivania Galeano, defensora de Gustavo Castro, por el término de quince días.
Gobierno garantiza protección

Gustavo castroEn un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización indicó que a petición del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, el 4 de marzo se solicitó el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Señaló además que también ha aplicado la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, verificando las medidas de protección para el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Castro.

El Gobierno hondureño reafirma que se ha dado acompañamiento permanente al proceso de protección de Castro, tanto en La Esperanza como en Tegucigalpa, permitiendo con eso la implementación de la medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

¿Investigación independiente?

Asimismo, se conoció que en las últimas horas más de 220 organizaciones de derechos humanos, indígenas, ambientales, laborales y de otros ámbitos enviaron una carta al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para pedirle que impulse una “investigación independiente” sobre el asesinato de Cáceres.

En una misiva dirigida al jefe de la diplomacia estadounidense, urge “una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras”.

Pasando por alto que se trata de un Estado soberano, las organizaciones urgieron a Kerry a que respalde una “investigación internacional independiente”, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de la activista.

Finalmente, las organizaciones exigieron al Departamento de Estado a “suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y una gran cantidad de activistas hondureños y hondureñas”.

Proceso