Los datos vienen siendo publicados por WikiLeaks una agencia fundada en Islandia hace 10 años que da a conocer información reservada o secreta de varios países. Uno de sus fundadores y portavoz es Julián Assange, un australiano reclamado por Suecia y Estados Unidos, refugiado -desde hace 4 años- en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde hace algunos meses viene publicando información sobre negociaciones clandestinas que involucran a gobiernos de unos 50 países. Según dichas filtraciones de información se trata de la búsqueda de un acuerdo en cuestiones de comercio internacional de servicios, sobre todo en materia financiera, transporte y de comunicaciones. Dicho Convenio, al servicio de los más poderosos grupos económicos, estaría fuera del control y las normas legales de los Estados y sus parlamentos.

Sería algo mucho más decisivo que el Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, según sus siglas en inglés) que, desde hace algún tiempo, se viene negociando en secreto entre EEUU y la Unión Europea. Ese Tratado impondrá variables de desarrollo económico y derechos sociales obligatorios para todos los firmantes. Sus hacedores confían en que se podría hacer público en unos 4 años. Algo semejante pasa con su otro antecedente, la Asociación del Acuerdo Transpacífico (TPPA, por sus siglas en inglés), firmado entre EEUU sus aliados de Europa y varios países del Pacífico.

Lo que ahora están debatiendo los líderes de casi medio centenar de países es una verdadera alianza de tipo planetario. Es el Acuerdo Internacional en Comercio de Servicios (TiSA, de acuerdo a sus siglas en Inglés) Se trata de una liberalización a escala global del comercio de servicios. Lo están impulsando EEUU, Canadá, La Unión Europea, Japón, Israel, Suiza, Corea del Sur, Australia, entre otros. De Nuestra América participan Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú y Paraguay. Siendo probable que Barack Obama interese a Macri para que Argentina se incorpore al mismo. Por ahora permanecen fuera de dicho Acuerdo los países del BRICS, al igual que México.

Los países comprometidos representan el 70% del comercio mundial en servicios. Su debate se está haciendo por fuera de las normas internacionales y sus cláusulas, una vez aprobado, harán que los firmantes pierdan el control parlamentario y estatal sobre su aplicación.

Entre otros compromisos, los países miembros se comprometerán a sostener la desregulación y liberalización de los mercados financieros. El dinero circulará libremente y quedará por fuera de todo tipo de control estatal. Sus propulsores estiman que su debate y aprobación demandarán unos 5 años más de clandestinidad, hasta su aprobación definitiva.