La Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) tratará la próxima semana la posibilidad de que se abran los archivos vaticanos respecto a la dictadura uruguaya (1973-1985). El embajador de Uruguay en el Vaticano, Francisco Ottonelli, dijo a El País que el presidente de la CEU, Carlos Colazzi, le señaló que está “muy sensibilizado” por el tema y que el asunto será tratado tras la Semana Santa.

Luego de que el papa Francisco le dijera a Ottonelli que el Vaticano tiene toda la disposición de facilitar la información que pueda tener sobre las dictaduras, el representante uruguayo se reunió con Giuseppe Laterza, funcionario de la Secretaría de Estado vaticana (que equivale a un ministerio de Relaciones Exteriores), quien le explicó que para comenzar el proceso era necesario el visto bueno de los obispos uruguayos que analizarán el punto en los próximos días.

Seguramente la documentación consiste en cartas de ciudadanos uruguayos a la Nunciatura apostólica (embajada del Vaticano) en Uruguay o a los obispos locales pidiendo información sobre personas desaparecidas, señaló Ottonelli. Durante la dictadura uruguaya no se registraron casos de personas que buscaran asilo en la Nunciatura como sí ocurrió con otras embajadas.

Ottonelli dijo que es probable que cuando la documentación comience a ser estudiada deban viajar al Vaticano investigadores uruguayos para revisarla, dijo Ottonelli. Ya hay estudiosos de Argentina analizando lo vinculado a la dictadura en ese país.

La Comisión por la Verdad y la Justicia que formó el presidente Tabaré Vázquez ya está al tanto de la disposición vaticana a abrir sus archivos.

Durante la dictadura algunos familiares de desaparecidos recurrieron al entonces arzobispo de Montevideo, Carlos Parteli. La dictadura, a su vez, hizo gestiones ante el papa Pablo VI para que Parteli fuera removido, pero no tuvo éxito. Actualmente se buscan restos de desaparecidos en el lugar conocido como “La Montañesa”, en el departamento de Canelones.

Ottonelli aseguró ayer en Roma, que el papa Francisco le transmitió su disponibilidad para permitir el acceso a los archivos vaticanos y buscar información sobre la dictadura uruguaya.

“Yo le planteé al Papa el pedido del gobierno de mi país de ver si los archivos del Vaticano se podrían ver a los efectos de descubrir datos sobre las personas desaparecidas en el Uruguay”, señaló el diplomático a la agencia EFE.

Explicó que “entonces puso la mayor disponibilidad en el sentido de que estaba muy de acuerdo y que él autorizaba eso, que se pudiera hacer una investigación para ver si de allí (los archivos) podría surgir algún dato para saber el paradero de los desaparecidos”.

En la conversación, mantenida el 1° de octubre, cuando el embajador presentó sus credenciales, el pontífice recomendó a Ottonelli hablar con monseñor Laterza, un funcionario vaticano que se encarga de estos temas.

“Hablé con él y me dijo que con mucho gusto lo iban a hacer pero que tenía que pedir el consentimiento de los obispos de Uruguay porque toda la información que tiene el archivo del Vaticano, la gran mayoría, viene de distintos países”, explicó el diplomático.

El País

Sumarán tecnología para buscar restos de los desaparecidos

La búsqueda de desaparecidos en Uruguay sumará tecnología con el objetivo de encontrar restos de personas que hayan sido enterradas por el gobierno de facto durante la dictadura uruguaya (1973-1985). El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, conformado el año pasado por el presidente Tabaré Vázquez, promoverá utilizar un georradar -dispositivo que detecta objetos en el subsuelo- para identificar posibles zonas donde haya desaparecidos.

El georradar llegará a fines de marzo a Uruguay de forma honoraria mediante un acuerdo realizado con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), según informó a El Observador uno de los coordinadores del Grupo por Verdad y Justicia y exembajador de Uruguay en el Vaticano, Mario Cayota.

El EAAF es una organización no gubernamental constituida en Argentina en 1984 para desarrollar técnicas antropológicas que permitan hallar desaparecidos durante la dictadura de ese país (1976-1983).

El integrante de la comisión explicó que junto al artefacto viajará “un técnico de renombre” porque “hay que interpretar lo que dice el georradar”.

En los hechos, el dispositivo sirve para medir perturbaciones en la tierra y, en el caso de desaparecidos, puede ser de utilidad para encontrar fosas comunes o tumbas clandestinas.

Cayota evitó detallar los lugares en que se buscarán los restos. “Prefiero no decir en qué zonas porque el tema nuestro es de mucha discreción. A veces hasta se nos critica un poquito por eso”, dijo.

Hasta ahora aparecieron restos de cuatro personas en distintos predios militares.

En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), ya estuvo sobre la mesa la incorporación de un georradar para la búsqueda de desaparecidos pero el gobierno la desestimó por un tema de costos.

Según publicó El Observador en su edición del sábado 6 de agosto de 2006, la compra del dispositivo costaba por entonces US$ 50.000 y una universidad brasileña lo prestaba sin cargo pero Uruguay debía pagar US$ 8.000 por su traslado. Por entonces Vázquez declaró a Canal 10 que “no justifica su adquisición por el momento”.

Archivos del Vaticano

El integrante del Grupo por Verdad y Justicia mantuvo mesura al ser consultado sobre la disposición del papa Francisco para abrir los archivos de la Santa Sede vinculados a la dictadura uruguaya.

El País informó ayer que el papa le transmitió su disposición al embajador uruguayo en el Vaticano, Francisco Otonelli, y que el Grupo por Verdad y Justicia analiza los pasos a seguir. Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que ahora la Iglesia recorrerá los “caminos formales” para que lleguen a Uruguay esos documentos.

Cayota señaló que si bien los archivos serán analizados, no se espera “nada espectacular”. “Decimos eso sobre todo pensando en las expectativas que pueden crearse en relación a los familiares y personas involucradas. Es distinto el caso de Argentina. Por el perfil del país la Nunciatura jugaba un papel importante naturalmente y es distinto al Uruguay, sin con eso quitarle entidad a lo que es la Nunciatura en Uruguay. Por el propio perfil del país laico y entonces la Nunciatura tenía poco margen de actuación. De todas maneras si se ofrece la oportunidad de acceder a la presunta documentación obviamente habrá que analizarla”, explicó.

“Por ahora nosotros hemos tratado de conseguir información (en la Nunciatura) y el resultado ha sido negativo (…) Lo único que podemos pensar es que no tendría la envergadura que podría tener lo que hay en Argentina”, insistió.

El Observador