La portavoz novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González y el exsecretario general del Partido Popular Democrático, Jorge Colberg Toro, expresaron ayer, domingo, opiniones encontradas en torno a la polémica Junta de Control Fiscal cuya implantación encaminaría el gobierno federal en Puerto Rico.

La Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, impulsada por el liderato republicano en el Congreso, fracasará, anticipó, el candidato a legislador por acumulación, Jorge Colberg Toro.

Mientras, González opinó que el borrador sobre la Junta presentado por la Cámara de Representantes federal retrata la condición colonial de Puerto Rico y demuestra la incapacidad del gobernador Alejandro García Padilla.

Para el exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD), la legitimidad del propuesto organismo, con poderes por encima de la Constitución del Estado Libre Asociado, finalmente la adjudicará el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

“Los que apuestan al fin del Estado Libre Asociado y celebran y se divierten con proyectos retrogradas que pretenden revertir la historia por encima de la voluntad del pueblo, recibirán muy pronto un sonoro tapabocas. No hay forma alguna que el Congreso apruebe e implante un nuevo gobierno impuesto unilateralmente sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. Adelante, inténtenlo y fracasarán”, afirmó Colberg Toro.

El político consideró risible que algunos congresistas busquen revertir el orden constitucional de la Isla por la situación fiscal, cuando el gobierno estadounidense “es el país deudor más grande del mundo con una deuda ascendente a $19 trillones, la cifra más alta desde el 1970 y la deuda per cápita es de $58,500 por habitante lo que representa casi tres veces más la deuda promedio de cada habitante en Puerto Rico”.

“Ese borrador de proyecto es un claro intento de revocar unilateralmente un gobierno constituido por el pueblo de Puerto Rico con la excusa de la crisis fiscal. Algunos en el Congreso parece que quieren invadirnos por segunda vez, pero en esta ocasión, no por las armas, sino por imposición congresional”, opinó en un comunicado de prensa.

El líder popular, anticipó que será el Tribunal Supremo federal el que adjudicará la legitimidad del Estado Libre Asociado dentro de la realidad política y jurídica, toda vez que de las tres ramas constitucionales, la Rama Judicial es la menos vulnerable a las presiones de grupos de interés, cabilderos, acreedores o intereses políticos.

“Algunos parecen olvidar que la Constitución del Estado Libre Asociado nace no de un partido político o ideología, emana de la voluntad del pueblo de Puerto Rico que votó en cuatro ocasiones para validar su Constitución. Primero, para aprobar el mecanismo de la Asamblea Constituyente, luego para escoger los delegados a la Convención, más tarde, para aprobar el contenido de la Constitución y finalmente en noviembre de 1952 para adoptar las enmiendas solicitadas por el Congreso. No existe mayor poder en una democracia que el ejercicio del voto. Por eso, no tengo la menor duda que, al final del camino, el Tribunal Supremo Federal pondrá sensatez y prudencia a este debate estridente”, agregó.

Sin embargo, la representante estadista Jenniffer González planteó que debido a las deficiencias administrativas de García Padilla se ha encaminado el proyecto. “La improvisación de estos tres años aceleraron los efectos de vivir bajo condiciones coloniales, donde no tenemos representación congresional como de ordinario hubiera tenido cualquier estado para resolver sus problemas. El trato discriminatorio a Puerto Rico con leyes federales inconsistentes, donde se nos aplican leyes domésticas para unas cosas y para otras se nos trata como un ente internacional. Esta disparidad que acrecienta el gasto público, al tener que cumplir con estatutos federales para los que no se nos asigna el cien por ciento de los fondos, nos amarra en un espiral deficitario producto de una economía no integrada con el resto de la nación”, dijo en un comunicado de prensa.

González Colón destacó que el borrador de proyecto congresional, “ni siquiera se acerca a atender el problema de fondo tras las crisis económica y fiscal. “El estatus es la raíz de los problemas que aquejan a Puerto Rico. El hecho de que la junta propuesta limite las funciones constitucionales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es la mejor muestra de que Puerto Rico tiene un problema de estatus que el Congreso tiene que atender”.

Mientras, la también aspirante a comisionado residente en Washington recalcó que “el mejor plan fiscal y de crecimiento económico para Puerto Rico es la estadidad”.