El escepticismo sobre las medidas para evitar un racionamiento de energía, sumado al anuncio de la Procuraduría de abrir una investigación contra el ministro de Minas y Energía, Tomás González, confluyeron en una decisión que ayer dio a conocer el presidente de la República, Juan Manuel Santos: el funcionario presentó su carta de renuncia y ésta fue aceptada. González se retira del cargo luego de haber tenido que sortear la mayoría de las crisis del sector energético.

Más allá de calificar esa gestión, lo cierto es que los temas trascendentales para las empresas del sector y, lo más importante, cómo conjurar la crisis del sistema eléctrico, diezmado por el fenómeno de El Niño, todavía siguen en arenas movedizas. Un sector minero que alegó falta de reglas claras para funcionar, unas térmicas colapsadas financieramente y una regulación con poca claridad para los pequeños generadores de energía son algunos de los asuntos que dejó pendientes González.

En el discurso de Santos sobre la salida del ministro hubo un tufillo de inconformidad por acciones que se pudieron haber tomado previamente para evitar el estrés de la oferta de la energía eléctrica. Sin embargo, no todo fue culpa de González, la suerte desde el año pasado no ha acompañado al país. Una de las sequías más fuertes de los últimos años se juntó con la falla de la hidroeléctrica de Guatapé, una de las más importantes para el sistema, y la avería de una de las turbinas de Zona Franca Celsia, la segunda térmica más importante del país, son a penas algunas de los escollos.

Luego de anunciar la salida de González, el presidente de la República manifestó que María Lorena Gutiérrez, quien se desempeña como ministra de la Presidencia, será la encargada de esa cartera, y una tarea de mucha importancia: tendrá que implementar un paquete de medidas que incluyen la premiación para quienes ahorren energía y el castigo para quienes la derrochen. Asimismo, dar los incentivos para que los grandes consumidores, quienes tienen una capacidad instalada de hasta 600 MW, generen su propia energía y sustituyan la que compran en la red. Ayer, la funcionaria expresó a Caracol Radio que “si logramos ahorrar entre el 5 y el 10% de energía no tendremos cortes”.

Además, Santos recomendó a los funcionarios del Gobierno “que todos los edificios públicos apaguen sus luces a partir de las 6:00 p.m., todos los días empezando hoy. Además, que ahorren un 10% en el consumo mensual”.

Para Germán Corredor, director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, la medida es tardía, pues lo que se puede ahorrar en 15 o 20 días es tan poco, como el tiempo que le quedaría al país para empezar a mover el reloj o a cortar la energía. “Eso lo hubieran empezado hace tres meses y tendríamos reservas. Y el Gobierno lo dijo, pero no materializó las campañas”.

Los esfuerzos para que Colombia pudiera sustituir ese 11% de capacidad que perdió el sistema eléctrico en menos de 15 días pasaron por la importación de energía de Ecuador y campañas de ahorro que a la postre parecen no haber tenido impacto, pues en enero el consumo aumentó en promedio 5%, de acuerdo con datos de XM, encargada de la gestión del mercado de energía. “Como presidente también hubiera preferido que este paquete de medidas la hubiéramos tomado con anterioridad. Lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno y la confianza de los colombianos en el sistema eléctrico”, dijo el primer mandatario.

Los llamados a la calma del saliente ministro no calaron en la opinión pública, pues mientras éste manifestaba tener una solución a cada problema, en el sector la preocupación aumentaba. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta puso sobre la mesa dos estrategias para evitar el apagón que habían sido aplicadas en los 90: adelantar 60 minutos la hora oficial del país y un “pico y placa” energético. Mientras tanto, la Contraloría alertaba por problemas de potencia que podían desembocar en cortes de luz durante las horas de alto consumo.

Aunque en su declaración el jefe de Estado atribuyó la salida del ministro solamente a la crisis energética, el escándalo por los millonarios contratos del Estado con una empresa de propiedad de su familia también habría presionado la renuncia. De hecho, la decisión de González se hizo pública poco después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación disciplinaria formal en su contra por hechos que este diario denunció.

El Ministerio Público busca establecer si González tuvo “injerencia, intervención, participación o cualquiera otra falta indebida en la consecución de al menos cuatro contratos con el Fondo para la Paz y con el Ministerio de Educación, que en total fueron siete, entre 2012 y 2015, y que sumaron más de $6.200 millones”.

La salida del ministro no garantiza que el fantasma del apagón también se vaya con él, pero es la forma en la que el Gobierno espera recuperar la credibilidad de que Colombia sí podrá salir de esta pesadilla y que, como lo había dicho González, evite un daño a la economía de hasta $12 billones anuales.

El Espectador