El gobierno del presidente Tabaré Vázquez prepara un proyecto de ley de reparación a las víctimas de violencia doméstica que incluye la atención de los agresores. La iniciativa que ingresará “en breve” al Parlamento será una prioridad para la bancada del Frente Amplio, dijeron a El País fuentes legislativas.

La directora de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides, Mariella Mazzotti, señaló a El País que “en poco tiempo” se dará a conocer el texto del proyecto de ley, al que calificó de “integral” por abordar en un solo cuerpo normativo la definición de la violencia basada en género en todas sus dimensiones abarcando desde niñas, a adolescentes y adultas mayores.

El proyecto es independiente del de “feminicidio” que por medio de una modificación del Código Penal pretende agravar la pena cuando se trate de un homicidio de una mujer provocado por “odio y otras razones”. La nueva iniciativa que elabora el gobierno pretende ampliar la normativa vigente sobre violencia doméstica (leyes 17.514 de 2002 y 16.707 de 1995) sin realizar modificaciones al Código Penal. La norma está siendo elaborado por el Consejo Nacional Consultivo contra la violencia doméstica y fue consultada con la bancada bicameral femenina, así como con jueces y fiscales.

Entre enero y noviembre del año pasado, murieron 29 mujeres por violencia doméstica en Uruguay según los registros de la organización Mujeres de Negro. El Ministerio del Interior contabilizó, hasta octubre de 2015, 23 asesinatos de mujeres y otras 11 tentativas.

El proyecto de ley que prepara el gobierno incluye todas las responsabilidades institucionales de respuesta a la violencia doméstica. Esto supone la reparación y atención de víctimas, pero también de hombres agresores. Lo que implica por ejemplo que los niños y niñas —cuyas madres sufran violencia doméstica— sean consideradas también víctimas. También se incluye a niños víctimas de abusos.

El texto de la iniciativa detalla cuáles son las instituciones que tienen responsabilidades de dar respuesta a este tipo de situaciones de violencia doméstica. Todas esas áreas formarían parte del sistema de respuesta a la problemática de la violencia de género.

Por otro lado, el proyecto también contiene cuestiones vinculadas a la administración de la Justicia, como por ejemplo la posibilidad de dictar medidas cautelares. Así como la optimización de los procedimientos de familia y penales para evitar la “revictimización” de las mujeres y hacer más ágil al proceso judicial, desde que la mujer opta por la denuncia.

La reparación a las víctimas supone la aplicación de medidas que se requieren de atención psicológica o atención a la salud. Dentro de la iniciativa se disponen licencias especiales para las víctimas de violencia a la que podrán acceder las mujeres que trabajen tanto en empresas públicas como privadas. La idea del gobierno es evitar que las mujeres puedan perder sus trabajos por las consecuencias que produce la violencia de género.
Acoso callejero.

Mazzotti explicó que la nueva ley que regulará la violencia integralmente afecta “no solamente en el ámbito doméstico sino también en el callejero y el institucional”. “Hay muchas dimensiones y la ley va a definir que todo eso es violencia basada en género”, comentó la directora.

Si bien la ley no implica la penalización del acoso callejero, dado que por darse en un espacio público eso es competencia de las intendencias y Juntas Departamentales, se piensa explicitar que este tipo de actitudes “son una dimensión más de violencia de género”, informó la jerarca.

En Uruguay, hacia 2013 (cuando se reformuló la ley de faltas) quedó derogada la figura penal de la “galantería ofensiva”. Eso sitúa al país en un vacío legal semejante al de Chile, según se sostiene desde el Observatorio Contra el Acoso Callejero creado durante 2015.

El País