Por Guillermo D. Olmo

Durante su mandato (2002-2010), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sufrieron como nunca en su más de medio siglo de historia. El Plan Colombia, suscrito con Estados Unidos, sirvió para modernizar un Ejército que empezó por fin a imponerse a la guerrilla y, aun en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos, el Estado empezó a ganar la guerra. Hoy, Álvaro Uribe ve como su sucesor, Juan Manuel Santos, está punto de firmar una paz que él cree un engaño. ABC habla con él mientras desayuna café, barritas de cereales y zumo de naranja en un hotel madrileño.

-Pese a que se superó el plazo del 23 de marzo que se habían dado ambas partes para alcanzar un acuerdo, tanto las FARC como el Gobierno colombiano aseguran que el camino hacia la paz es irreversible. ¿A usted se lo parece?

Aunque el incumplimiento de la fecha es un factor más que genera incredulidad, no es lo fundamental. Lo importante no es la fecha, sino lo que se ha firmado y lo que se está negociando. Ese acuerdo como está ahora no va a generar paz, porque es un acuerdo de impunidad que estimula más violencias, incita a que haya nuevos grupos violentos y, además, por esa impunidad, será un acuerdo inestable. Puede terminar cayéndose como las leyes de punto final de Chile y Argentina, o sin aplicarse, como la de 1992 de El Salvador. Y puede llegarse a que acaben yendo a la cárcel todos los que han combatido al terrorismo y que el terrorismo llegue al gobierno. Yo veo que aquí en España, los etarras han ido a la cárcel y hay condenas que no permiten a sus líderes ser elegidos para puestos políticos. Las FARC son uno de los grupos criminales más violentos del mundo. Lo que han hecho en Colombia es centenares de veces lo que sucedió en París o lo que acaba de ocurrir en Bruselas. En el acuerdo hay impunidad abierta e impunidad difrazada. Hablando de la impunidad abierta, nos encontramos con que, a pesar de que las FARC son el primer cartel de cocaína del mundo, el Gobierno ha aceptado en este acuerdo que el narcotráfico sea delito conexo con el político. Por ende, no irán a la cárcel ni los extraditarán, y además les permitirán la elegibilidad política. Y luego está eso que yo llamo la impunidad disfrazada. El Gobierno asegura que los delitos atroces serán juzgados y sentenciados, pero a renglón seguido admitió que sus responsables no irán a la cárcel y gozarán de la elegibilidad política. Eso va contra la Convención Americana de Derechos Humanos, contra el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y es un mal ejemplo. La historia de las impunidades es la historia de creación de nuevas violencias.

-¿Cómo tendría que ser un acuerdo con las FARC para que usted lo considerara aceptable? De alguna manera ha de poder resolverse el conflicto entre la necesidad de hacer justicia y la de alcanzar la paz después de más de medio siglo de guerra civil.

Una de las evidencias de que lo que se está negociando es altamente inconveniente para el país es lo ocurrido en los últimos tres años. Han disminuido los secuestros y asesinatos masivos, no por una acción del Gobierno, sino por la tregua de las FARC. Esos son los delitos de los que más habla la televisión y más escándalo causan en la Colombia urbana. Pero han aumentado otros. El país está de nuevo en 159.000 hectáreas de coca, cuando había bajado a 42.000. Estamos otra vez como antes del Plan Colombia. ¿El narcotráfico? El mayor actor es la guerrilla de las FARC. Hay un crecimiento enorme de la extorsión y la ciudadanía no ve que haya protección de parte del Estado. Entonces se ve obligada a pagar. Hay control territorial por parte de las FARC. Ha crecido la segunda guerrilla, el ELN, que estaba prácticamente desarticulada, porque la protege Maduro en Venezuela. También se han expandido bandas criminales, que no son milicias de derechas como las define John Kerry, sino aliados de las FARC en promover el narcotráfico. En nuestro etapa en el gobierno se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, hubo reinserción generosa pero sin impunidad. Los guerrilleros y paramilitares de base no fueron a la cárcel, pero los cabecillas sí, entre cinco y ocho años. Muchos decían que era poco castigo para los paramilitares. ¡Y tenían razón! Pero son los mismos que hoy dicen que los miembros de las FARC no deben pasar un solo día en prisión. Y no hay ninguna diferencia entre la crueldad de las masacres de la guerrilla y lo que hicieron los paramilitares. Pero es que además, en esa ley nuestra nunca se consideró darles elegibilidad política a los responsables de crímenes atroces. ¿Que hay que dar unos beneficios? Sí. Pero que esos beneficios se conviertan en impunidad total hace inestables los procesos y, en lugar de paz, lo que se consigue es más violencia. El acuerdo tiene un capítulo muy bien redactado dedicado a las víctimas, pero en realidad nada dice, porque las FARC son el tercer grupo terrorista más rico del mundo y no se les exige que entreguen el dinero para reparaciones. Ni en estos tres años ni ahora se ha garantizado a las víctimas el derecho a la no repetición de la violencia.

-En sus años como presidente, gracias a su Política de la Seguridad Democrática y con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, se debilitó enormemente a las FARC. ¿Cree que Santos como presidente está malogrando su legado?

El fue ministro durante tres años de los ocho. Hubo cinco ministros de Defensa. Nuestro Gobierno, que tenía buen nombre entre los colombianos, contribuyó eficazmente a que se eligiera a Santos presidente. Los años y los hechos han demostrado que la herencia de Lula en Brasil fue funesta, que Chávez se murió sin conocer la consecuencia trágica de su obra socialista en Venezuela y lo mismo puede decirse del legado de los Kirchner en Argentina. Después de conocer las graves herencias de otros en tantos países de América Latina, es fácil concluir que la que Santos recibió fue buena. Tan buena que todavía no ha podido acabar del todo con ella. ¡Claro que la están malogrando! Nosotros pudimos cometer errores, pero el país seguía una buena tendencia, la que Santos se comprometió a mantener. Si lo hubiera hecho, Colombia estaría en paz. Seguramente, los cabecillas de los grupos criminales estarían en La Habana o en Caracas, pero ya no tendrían capacidad para delinquir en Colombia. Y no solamente se ha derrochado la herencia en materia de seguridad, sino también en la economía. El país ha vuelto a niveles de endeudamiento del 50%, a una alta inflación y a una enorme desconfianza entre los inversores, lo que dificulta mucho mantener una senda de política social para combatir la pobreza y construir equidad.

-¿Mantiene usted alguna relación personal con Santos? ¿Hablan con frecuencia?

Mi querido comunicador, yo hablo permanentemente de estos temas. Hablo en el Congreso, le hablo a algunos medios como ABC y mantengo el diálogo con muchos colombianos.

-Le preguntaba por el presidente Santos en concreto

(Ríe) Siga con otra pregunta, estimado comunicador.

-Entendido. Ha escrito Shlomo Ben Ami que lo negociado en La Habana es «un equilibrio brillante entre justicia y paz avalado por expertos internacionales». Supongo que no está usted de acuerdo.

El nunca aceptaría algo así frente a los terroristas que han atacado al pueblo de Israel. Ustedes tampoco aceptarían un acuerdo de impunidad frente a ETA. Pregúntele a Shlomo Ben Ami si piensa que hay que llevar a la cárcel a los terroristas de París y Bruselas. Y pregúntele también cuál es la diferencia con las FARC. Ninguna. Este acuerdo tiene un punto insostenible, que es el de la impunidad total, que evita que los terroristas vayan a la cárcel y les dará elegibilidad política.

-El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que entre 2004 y 2008, siendo usted presidente, unos 3.000 civiles inocentes murieron para cumplir los objetivos estadísticos de la lucha contra las FARC. ¿Tuvo conocimiento de que aquello estaba ocurriendo?

Nosotros tomamos medidas en favor de los derechos humanos desde que llegamos al Gobierno. Por ejemplo, en 2003, decidimos que las Fuerzas Armadas no pudieran los cadáveres de quienes hubieran dado de baja sin que hubiera llegado al lugar la autoridad judicial. Más adelante eso se elevó a un acuerdo permanente con la justicia ordinaria que llevó incluso a que muchos dijeran que habíamos acabado con el fuero militar. Cuando tuve conocimiento de acusaciones con fundamento, nunca vacilé en tomar las decisiones más drásticas contra los supuestos responsables. Recuerdo que una mañana destituimos hasta 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero en esto también hay falsas acusaciones. Cuando empezamos a derrotar a los terroristas, ellos se defendieron con la guerra jurídica e inmediatamente acusaron al Estado de asesinar inocentes en lugar de combatir el terrorismo. Si lo que dice ese informe que usted cita fuera cierto, si lo que hicimos era asesinar inocentes y no neutralizar terroristas, yo me pregunto: ¿cómo es posible que nuestro país ganara tanta paz durante nuestro gobierno? Ahí hay mucha falsa acusación que es parte de la guerra jurídica del terrorismo y de la extrema izquierda que lo acompaña.

-¿Entonces no fueron tantos como asegura Acnur?

Ahí lo dejo. Yo creo que la respuesta que le he dado es suficiente.

-El diálogo en La Habana se produce bajo los auspicios de la Cuba castrista y la Venezuela chavista. ¿Son esos valedores aceptables?

A pesar de todos mis desacuerdos con el castrismo, no hemos objetado el sitio de las negociaciones. Sí nos opusimos a la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela, porque ellos han sido los protectores del terrorismo colombiano durante las últimas décadas. Hoy por hoy, Maduro tiene cerrada la frontera con Colombia, por la que no pueden pasar las gentes honorables pero campan a sus anchas los grupos terroristas. El Gobierno de Colombia era la voz más radical del continente contra el castrochavismo y ahora se ha convertido en el gran aliado de la dictadura en Venezuela, todo por el interés de la negociación con las FARC. Lo más grave es que el Gobierno colombiano sea tan insolidario con la oposición democrática de Venezuela y tan débil con un Gobierno que ha pisoteado los derechos. Pero el acuerdo con las FARC tiene otros problemas. Son el principal cartel de cocaína del mundo y el Gobierno ha aceptado convertirlo en una especie de interlocutor para definir la política contra el narcotráfico; Han sido los verdugos del agro colombiano y se los acepta para definir la política del campo en Colombia. Venezuela expropió siete millones de hectáreas y el país pasa hambre. No tienen más alimentos que los que importan. ¡Qué peligro, el espejo en el que Colombia se está mirando! Allí, en nombre de un socialismo redentor de los pobres, hay hoy más pobres que cuando empezó el chavismo.

-Resulta evidente que no está conforme la línea que sigue su país. ¿Contempla intentar volver a ponerse al frente?

No. Ni puedo, ni siquiera es eso lo que anida en mi alma. Estoy promoviendo nuevos liderazgos, que Colombia los necesita. Por supuesto, he tenido una larga vida política, fui elegido dos veces presidente y un importante sector de la opinión pública me acompaña; en una situación difícil como la colombiana no puedo irme de vacaciones y he de seguir en la lucha. Mientras tenga salud y energía, no miraré mi fecha de nacimiento.

-Está previsto que, una vez culmine el acuerdo en La Habana, el pueblo colombiano lo ratifique en las urnas. ¿Qué aconsejará usted a los electores?

Santos primero propuso un referéndum. Cambió la ley que impedía que el referéndum se llevara a cabo coincidiendo con otra convocatoria electoral. Después ha propuesto un plebiscito. Antes necesitaba un 50% de apoyo y ahora lo han reducido al 13%. Con la actual regulación, en un país de 48 millones de habitantes, solo necesitaría algo más de 4 millones de votos. El Gobierno desafía a los colombianos e impide que haya más de una pregunta. Dice que quienes voten a favor en el plebiscito quieren la paz y quienes voten en contra quieren la guerra. Es retador. Somos muchos los que queremos la paz, pero no la impunidad ni la elegibilidad política de los terroristas. Además de eso, el Gobierno está tramitando la posibilidad de introducir reformas constitucionales abreviadas, para incorporar a nivel constitucional acuerdos con las FARC, y una ley habilitante igual a las de Chávez, con facultades extraordinarias ilimitadas que el Gobierno podrá utilizar para validar los acuerdos mediante decretos. Ya hemos expresado nuestra oposición a estos procedimientos totalitarios.

-El principal escollo es el de la participación política de los guerrilleros. Exigen que se les garantice a cambio de deponer las armas. ¿Cómo se puede resolver eso?

Nosotros lo hemos dicho en el pasado: que los guerrilleros de base no vayan a la cárcel y puedan ser elegidos. Pero los cabecillas responsables de las masacres no. Yo no me imagino que España permitiera participar en política a los responsables de la matanza de Atocha, por ejemplo, ni que se les diera a los autores de los atentados de París o de Bruselas. Pues las FARC han sido cien veces París, cien veces Bruselas y cien veces Atocha. ¿Por qué hay que darles la elegibilidad política? Es importante que a la comunidad internacional se le diga que el caso colombiano no es el típico latinoamericano en el que ha habido insurgencia frente a una dictadura. Nosotros hemos tenido siempre una democracia respetada y la hemos ido mejorando con los años. Apenas hubo cuatro años de interrupción democrática, la más breve de todo el continente. ¿Por qué la democracia tiene que permitir que quienes la han asesinado participen de sus beneficios? Esto nos lleva a otro tema. Nuestras Fuerzas Armadas no son las de la dictadura, sino las de la democracia, y las están engañando. Todos los días meten generales en la cárcel y hay 3.000 militares presos. El Gobierno les dice que la única manera de salir es aceptar el Tribunal de Justicia Transicional, algunos de cuyos jueces serán designados por las FARC.

-Pero, ¿por qué los encarcelan? Habrá alguna razón, ¿no?

Se los acusa de lo divino y de lo humano. Los jueces pusieron a las Fuerzas Armadas de Colombia al mismo nivel que el terrorismo. Eso las ha desmotivado tremendamente y ahora las van a someter a un tribunal, algunos de cuyos jueces los van a elegir las FARC o alguna de las ONG de la izquierda intermacional. Eso va a conducir a que los militares de la democracia acaben en la cárcel y la guerrilla en el poder. Ese acuerdo, que destruye la institucionalidad colombiana, va a llevar a que la única manera que tengan los militares de evitar la cárcel sea aceptar delitos que no cometieron. El país ha perdido la seguridad.

-Si los militares van a la cárcel será porque lo decide un juez tras un proceso con garantías.

Lamentablemente, Colombia ha sufrido un proceso de politización de la justicia, tremendamente sesgada en favor del terrorismo, lo que hace que vayan a la cárcel quienes lo combatieron.

-Otro de los obstáculos que enfrenta la paz es el de la desigualdad social y el contraste entre el campo y la ciudad. Todos los informes internacionales lo señalan. ¿Cómo solucionarlo para lograr una paz duradera?

El país venía resolviéndolos. Los gobiernos del Frente Nacional y los siguientes avanzaron enormemente en la disminución de la pobreza. Hubo legislación para arrebatarle las propiedades al narcotráfico. Toda esa mejoría se vio afectada por el crecimiento de grupos violentos. El terrorismo ha maltratado al campo colombiano y lo que no podemos permitir es que se le ponga en pie de igualdad con los empresarios agropecuarios. El acuerdo de La Habana empieza por la tierra, pero ahí están las FARC detrás y su cartabón doctrinario del chavismo. Todos los grupos terroristas tienen una disculpa ideológica. Las FARC recibieron una carta del presidente de Colombia en la que les decía que todo en nuestra vida política y social es revisable. ¿Por qué lo tienen que revisar con una banda terrorista? El país ha interrumpido el proceso de reducción drástica de la pobreza, porque aumentó la inseguridad, porque eliminó la ley que garantizaba 20 años de seguridad jurídica en materia de impuestos, derrochó los recursos y se gasta el dinero en contratos con periodistas amigos.

-Hay quién dice que está resentido. ¿ Es ese el adjetivo que define su estado de ánimo actual?

¿Cómo fue que lo dije yo hace poco en el Congreso? Espere, déjeme mirar. (Se levanta y consulta unos papeles) Espere y verá. (Vuelve) No puedo contestarle en una palabra, pero sí en unas pocas. Estoy comprometido con la patria y no estoy desalentado.

ABC (España)