Derrame en San Juan: faltan datos para determinar el daño ambiental

Las consecuencias ambientales del derrame de un millón de litros de agua cianurada en dos cursos de agua en San Juan, luego del accidente ocurrido en la mina Veladero en septiembre pasado, tal vez no se conozcan con absoluta certeza. Las fallas en las mediciones de base y en el estudio de impacto ambiental previo a la instalación de la minera Barrick, en 2005, hacen que sea muy difícil determinarlo. Así lo indicó Robert Moran, un experto hidrogeólogo estadounidense que recorrió el emprendimiento durante dos días después de que un grupo de vecinos lo contrató para obtener datos que consideran fidedignos.

“La información técnica y los datos que la minera provee al público general y a los entes de control no son adecuados para informar sobre el real impacto que ha tenido y que está teniendo sobre las aguas subterráneas y superficiales. Es importante destacar que todas estas aguas provienen del derretimiento de los glaciares locales”, dijo Moran a LA NACION durante una entrevista, antes de dar su informe frente a la Comisión de Ambiente del Senado, donde dijo que la minera “hace una contaminación silenciosa”.

La actuación del especialista forma parte del expediente que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, que ordenó que se conformara una comisión especial para determinar el grado de contaminación ambiental que produjo el último derrame de la mina Veladero.

-¿Cuál fue su impresión en Veladero?

-Lo primero que hicimos fue tratar de filtrar lo que la compañía mostraba. ¿Dónde están las fotos e imágenes satelitales de las actividades de limpieza del derrame? ¿Dónde están los datos? Pero las personas que están ahora en la mina llegaron a mediados de noviembre, no estaban en el momento del derrame.

Moran se refiere al gerente ejecutivo de Veladero, Rick Backer, que ayer sostuvo en declaraciones a la prensa que se le entregó al experto todo lo solicitado y que la relación fue muy cordial. “Realmente es desafortunado y lamentamos lo que ha ocurrido. Hemos desilusionado a nuestros empleados, hemos desilusionado a la comunidad de San Juan, a sus actores y al pueblo en general, estamos comprometidos para trabajar con los mayores cuidados y creo que con esa gestión vamos a recuperar la licencia social”, dijo.

-¿Cómo vio las instalaciones?

-Los cambios en la ingeniería hechos por Barrick parecen ser adecuados para que, en un futuro, no haya nuevos derrames. Sin embargo, algunos de los cambios son subterráneos, por lo tanto no están a la vista. No descarto que se hayan producido otros derrames.

Según consta en la causa que sigue Casanello, se produjeron en 2011 y 2012 al menos tres derrames más pequeños que no fueron informados públicamente. Hay otra causa penal iniciada en Jáchal a cargo de Pablo Oritja que reclama la jurisdicción.

-¿Están contaminadas las aguas y el suelo?

-Tanto el derrame como las operaciones de rutina en la extracción del mineral continuarán degradando la calidad del agua local y regional e incrementarán la competencia por el agua. Éste fue un incidente interjurisdiccional. No sólo hay que evaluar el cianuro, el agua del derrame contiene muchos componentes químicos potencialmente tóxicos. ¿Qué vestían los empleados de la mina? ¿Cómo se manejó? ¿Cuáles eran esos componentes? No se sabe. Tampoco se sabe qué cantidad de agua utilizan. El emprendimiento afecta terrenos periglaciares.

El experto, que intervino como perito en varios casos por derrames y desastres por roturas en los diques de cola, donde se acumulan los desechos en Europa, indicó que no pudo evaluar el grado de contaminación de los sedimentos. “No nos dijeron adónde fueron los sedimentos. Sólo el personal de la mina estaba cuando ocurrió el derrame. No sabemos qué pasó, cuál era el nivel de PH que tenía el líquido que cayó.”

-¿Qué les diría a los vecinos de Jáchal que lo contrataron?

-No puedo decirles qué hacer, pero alguien debe decirles qué es lo que está pasando. No puede ser que la información sea secreta. Es la población la que tiene que decidir.

Moran estuvo en la Argentina en 2003 antes del plebiscito de Esquel, en Chubut, en el que la población decidió que no apoyaría el proyecto megaminero que iba a desarrollarse allí. Aunque las respuestas que dio a Casanello están bajo secreto de sumario, el hidrogeólogo indicó que “bajo las actuales circunstancias el gobierno argentino y los contribuyentes subsidian estas actividades mineras, como así también muchos de los costos a largo plazo”. Durante su exposición en el Senado dijo a los legisladores que deben “obligar a la Barrick a hacer públicos los datos”.

Los resultados del estudio que hizo el experto

Robert Moran

Hidrogeólogo

“No descarto que se hayan producido otros derrames”

“No sólo hay que evaluar el cianuro; el agua contiene muchos componentes químicos potencialmente tóxicos”

“Los cambios en la ingeniería hechos por Barrick parecen ser adecuados para que, en un futuro, no haya nuevos accidentes”

“La minera hace una contaminación silenciosa”

La Nación