La crisis política del Brasil tiene dos aspectos que se entrelazan: el interno propiamente dicho y el regional.

A pesar del intento de los sectores opositores a la presidenta Dilma Rousseff de presentarse como los defensores de la honestidad y de la lucha contra la corrupción, en el Brasil actual eso suena como una broma de mal gusto. Nadie en su sano juicio puede creer realmente que el proceso de juicio político a Dilma Rousseff tiene que ver con el tema de la corrupción cuando numerosos diputados tienen algún proceso judicial abierto y está en curso la investigación de corrupción y lavado de dinero (“operación Lava Jato”) considerada la más grande de la historia brasileña.

El espectáculo de los diputados votando contra la presidenta invocando a sus madres, hijos o abuelas fue percibido dentro y fuera del país como una burla a las instituciones republicanas. El toque de distinción lo dio la diputada Raquel Muniz votando “por el fin de la corrupción” un día antes de que su marido -alcalde de la ciudad de Montes Claros- fuera detenido por favorecer a un hospital privado en desmedro de uno público. De todas maneras, su voto quedó opacado por el de Jair Bolsonaro que reivindicó la figura de un torturador de la dictadura militar, en sintonía con numerosos carteles que se vieron en las manifestaciones callejeras opositoras apelando a la intervención de las Fuerzas Armadas.

Hace meses que en esta columna venimos explicando que el objetivo de la oposición es destituir a la presidenta Dilma Rousseff, evitar el retorno de Lula da Silva a la presidencia en 2018 y darle un golpe mortal al Partido de los Trabajadores (el PT) en el gobierno desde el 2003. Varios diputados lo expresaron con claridad meridiana al momento de votar cuando gritaban “Fuera Dilma, fuera Lula, fuera PT”.

El aspecto interno se entremezcla con el regional cuando se observa la fotografía de quienes actualmente dominan los parlamentos de Venezuela, Brasil y la Argentina, los tres principales países de América del Sur. Ya antes de las elecciones brasileñas de octubre de 2014 los sectores de la derecha latinoamericana se ilusionaban con una derrota de Dilma Rousseff y del Frente Amplio uruguayo en noviembre del mismo año para cambiar la relación de fuerzas a nivel continental, lo que no sucedió. Sin embargo, entre 2015 y 2016 acontecieron hechos importantes que modificaron la relación de fuerzas entre la corriente progresista (en el más amplio sentido de la palabra) y la derecha a nivel continental. El triunfo de Mauricio Macri en la Argentina desplazando al kirchnerismo, la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela y la derrota de Evo Morales en un referéndum para permitir su reelección estimularon a la oposición en Brasil para avanzar en la destitución de Dilma Rousseff.

El editorial del diario O Globo al día siguiente de la votación fue muy claro al recomendarle al nuevo gobierno que debería asumir una vez desplazada la presidenta que siguiera los pasos de Mauricio Macri que “en pocas semanas consiguió revertir el humor interno y mundial con relación a la economía argentina”. Por eso le recomendó a Temer “ensayar ahora un shock de credibilidad”.

A pesar de que el PT no realizó las profundas reformas estructurales que muchos de sus votantes anhelaban, no es menos cierto que desde el 1 de enero de 2003, cuando Lula da Silva asumió la presidencia, hubo un cambio en la política exterior brasileña y Lula fue clave para evitar el ALCA, desarrollar mecanismos de integración regional como UNASUR y CELAC e incluir a Cuba.

El desplazamiento de Dilma Rousseff tendría consecuencias negativas para la corriente progresista en su conjunto y fortalecería a los partidos de derecha que priorizan la relación con Estados Unidos y su agenda para América Latina.

Sin embargo, los que quieren derrocar a Dilma Rousseff han abierto una caja de Pandora, y se sabe que de esa famosa caja suelen salir los demonios.

Numerosos movimientos sociales ya han manifestado que no reconocerán a un gobierno presidido por Michel Temer al que calificarán de “ilegal e ilegítimo”, lo que puede provocar una mayor inestabilidad política y social.

El PT ya ha manifestado que “jurídicamente el impeachment no tiene ninguna base porque Dilma no cometió ningún crimen de responsabilidad. Lo que ocurre es un golpe político y parlamentario para destituir una candidata electa democráticamente”.

Y si las puertas de un parlamento se cierran para la política ésta continúa en las calles.