Representación indígena en poderes legislativos

En el último año se han aprobado cambios significativos a las reglas que rigen nuestra democracia, pero siguen pendientes ajustes que aborden los problemas de baja participación e inclusión de importantes sectores de la sociedad, que siguen marginados de la representación formal.

Esto afecta particularmente a los pueblos indígenas, que constituyen un 11,1% de la población de Chile según el Censo de 2012, pero que no ocupan ninguno de los 158 asientos del Congreso, lo que impide que se representen adecuadamente sus opiniones e intereses en los debates nacionales, e inhibe, además, las posibilidades de diálogo y entendimiento, tanto en materias que los atañen específicamente, como en aquellas de orden general que pueden verse enriquecidas con sus perspectivas.

El desafío de conciliar la representación individual con la colectiva se ha enfrentado en múltiples países en las últimas décadas. Entender qué mecanismos se han utilizado y con qué efectos es el objetivo de un reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El estudio muestra que han sido cuatro los mecanismos utilizados para ello.

Países como México y Estados Unidos han utilizado la redistritación, modificando el mapa electoral o las fronteras de distritos para asegurar que un grupo minoritario tenga presencia mayoritaria en él. Otros, como Polonia, han modificado los umbrales electorales cambiando el nivel mínimo de apoyo que requiere un partido para obtener representación en el parlamento. En Perú y México se han utilizado cuotas electorales, estableciendo un porcentaje mínimo de candidatos que los partidos deben incorporar a sus listas.

Sin embargo, el mecanismo más utilizado para incorporar a pueblos indígenas, ha sido el de los escaños reservados, que establece un número acotado a ser ocupados por personas de un grupo determinado. Dichos asientos están sujetos a la competencia electoral, aunque con regulaciones particulares: ya sea con distritos específicos (como en India), o con votaciones en un padrón electoral distinto al nacional (como en Nueva Zelanda). Además, los escaños reservados permiten que tanto los partidos tradicionales como las organizaciones y partidos indígenas compitan por ellos.

Sin duda, la presencia de representantes indígenas en el Congreso no resuelve todos los déficits de representación ni aborda todas las áreas que impiden avanzar en una relación más equilibrada entre pueblos indígenas y el Estado. Por ello se discute hoy la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos para crear un espacio autónomo de debate entre los propios indígenas. Sin embargo, reconocer la exclusión indígena actual en el Congreso ayudaría a buscar soluciones, mientras que analizar la experiencia de otros países permitiría impulsar medidas ya probadas.

Con cambios recientes como la reforma electoral y cuotas de género, y al inicio del proceso constituyente, el momento para abordar este tema pendiente no podría ser más apropiado. Asegurar la debida presencia de representantes indígenas en el Poder Legislativo sólo puede aportar a fortalecer nuestra democracia.

La Tercera