Tras meses de debate y discusión, la Corte Constitucional votó este miércoles a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió cuatro tutelas de varios activistas de la comunidad LGBTI, y parejas homosexuales, que buscan que las uniones entre parejas del mismo sexo no sean catalogadas como una unión solemne, sino como un matrimonio civil, con los mismos derechos y deberes que los de las parejas heterosexuales.

 La ponencia, que rechaza esa solicitud y que argumenta que ese vínculo no se puede llamar matrimonio, la tuvo el magistrado Jorge Pretelt, pero, al ser estudiada por sus colegas en la Sala Plena, fue derrotada por la mayoría: 6 contra tres.

Los magistrados que votaron a favor de denominar las uniones gay como matrimonio fueron María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Alberto Rojas Ríos, Gloria Ortiz, Alejandro Linares y Jorge Iván Palacio. Y los que votaron en contra son: Luis Guillermo Guerrero, Jorge Pretelt y Gabriel Eduardo Mendoza.

Ahora, el estudio del proceso pasará a otro magistrado que deberá redactar una ponencia de acuerdo con lo decidido por la mayoría, es decir, a favor del matrimonio gay.

Por orden alfabético, el nuevo estudio del proceso de la comunidad gay le correspondería al magistrado Alberto Rojas, quien en votaciones anteriores se ha mostrado favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, como la adopción, y de las minorías.

En la ponencia derrotada, Pretelt sostenía que la legislación decreta que el matrimonio solo aplica para la unión entre hombres y mujeres y, según su ponencia, cambiar esa denominación le correspondería al Congreso y no al alto tribunal constitucional.

Así ha sido el camino para el matrimonio igualitario

En una sentencia del 2011, la Sala Plena de la Corte exhortó al Congreso para que regulara las uniones gais y le dio un plazo de dos años al Legislativo para hacerlo. En ese fallo señaló que, si en ese periodo el legislativo no regulaba el tema, las parejas homosexuales podían acudir ante un notario o juez para formalizar su vínculo con un contrato de unión solemne.

Pero la Corte recibió varias demandas de representantes de esa comunidad que pedían que el vínculo se llame matrimonio, afirmando que darle un nombre distinto es discriminatorio.

Según Luis Felipe Rodríguez Rodas, el primer activista que presentó una tutela pidiendo que esta unión se llame matrimonio, lo que se pretende es que a los gais se les reconozca el matrimonio civil.

“Lo que hace la unión solemne es crear una figura jurídica que no existe en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Nos da a las parejas gais un estado civil de solemnizados. Nosotros desconocemos esa figura porque es una manera diplomática de discriminar”, le dijo a EL TIEMPO en un entrevista del año pasado.

¿Quiénes son los demandantes?

Desde hace cinco años, Luis Felipe Rodríguez Rodas trabaja como activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTI.

La primera actividad que realizó en favor de los gais fue una ‘besatón’, luego de que en un centro comercial en Cali se estigmatizara a una pareja homosexual por darse un beso en público.

Rodríguez, quien nació en Cali y tiene 25 años, es licenciado en Lenguas Extranjeras, trabaja como profesor de inglés y francés, y estudia sexto semestre de Derecho.

Decidió interponer una tutela luego de que intentó, sin éxito, que la unión que buscaba con su pareja se reconociera como matrimonio y no como una unión solemne. Esto se dio cuando asistió con su pareja a la Notaría Cuarta de Cali, dirigida por el presidente del Colegio de Notarios del Suroccidente, a quien le solicitaron unirlos en un matrimonio civil.

Como el notario se negó a casarlos, presentaron una tutela ante el juzgado 11 civil de Cali, quien falló a su favor, pero el notario apeló reiterando que no realizaría la unión en los términos de matrimonio. Luego hubo otra decisión del juzgado cuarto civil de Cali, que les niega el derecho, y el caso termina en la Corte Constitucional desde junio del 2013.

Esa tutela fue acumulada a las de otros ciudadanos, casos que son estudiados por la Corte Constitucional.

Rodríguez asegura que la unión solemne tiene en un limbo jurídico a las parejas del mismo sexo, pues les da “un estado civil de solemnizados, algo que no está en el marco jurídico colombiano. Esto significa que cuando pretendamos, por ejemplo, un subsidio de vivienda familiar o algún reconocimiento de beneficios del Estado no vamos a poder acceder, porque la unión solemne no está reconocida como tal”.

Otra de las tutelas que revisó la Corte fue la que interpuso la pareja conformada por Fernando José Silva y Ricardo Betancourth, quienes después de convivir juntos por 33 años no han podido formalizar su unión. Con la asesoría del abogado y actividad de la comunidad LGBTI, Germán Rincón Perfetti, esta pareja interpuso el recurso que revisó el alto tribunal constitucional.

Silva y Betancourth le habían solicitado al presidente de Notarios de Colombia, Álvaro Rojas Charry, que los uniera en matrimonio, pero se negó a casarlos. Esta fue la razón por la que presentaron la tutela.

El Tiempo